• España es el país que más incumple el Protocolo de Kyoto.
• La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha incumplido sus compromisos, ya que el coste del comercio de emisiones de CO2 supera en 4,6 veces (cerca de 2.000 millones de euros) la cifra inicial prometida por el Gobierno (85 millones anuales para 2008-20102).
• El gasto presupuestario comprometido hasta ahora por el Gobierno en materia medioambiental relacionada con el cambio climático supera los 10.000 millones de euros.
• El Instituto Juan de Mariana (IJM) denuncia que la política errónea seguida por el Ejecutivo provocará un decrecimiento económico, fomentará la deslocalización empresarial, incrementará la presión fiscal y restringirá aún más las libertades de los ciudadanos.
• El consenso científico en torno al calentamiento global, tal y como asegura Narbona, es inexistente e irreal.
• El informe presentado el pasado martes por Medio Ambiente a la opinión pública adolece de un claro sesgo científico: desde los primeros modelos predictivos, en los años 80, hasta las previsiones actuales, los resultados no han hecho más que reducir las expectativas de calentamiento global.
• Kyoto no es la solución sino el problema:la ONU reconoce que, aún en el caso de que todos los países cumplieran con los objetivos del Protocolo, la reducción de la temperatura global sería de unos pírricos 0,07 grados centígrados.
• Entre 2000 y 2004, las emisiones de CO2 han crecido en los Estados Unidos un 1,7 por ciento, mientras que en Europa, que sí ha ratificado el protocolo de Kyoto, el aumento ha sido de casi el triple: un 5 por ciento.

Madrid, 15 de febrero de 2007. El Ministerio de Medio Ambiente presentó el pasado martes en el Consejo Nacional del Clima el nuevo plan estratégico del Gobierno para combatir el calentamiento global. El proyecto incluye todo un abanico de medidas que vienen a intensificar en gran medida la senda errónea que ha venido desarrollando el actual Ejecutivo en materia medioambiental desde el año 2004. El Instituto Juan de Mariana (IJM) considera que la implementación de este nuevo plan estratégico supondrá un importante freno y obstáculo para el desarrollo económico nacional.

El Ejecutivo ha obtenido, hasta el momento, un enorme fracaso en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, superando en más de un 50% el objetivo de aumentar un 15% las emisiones de CO2 a la atmósfera con respecto a los niveles alcanzados en 1990. Tan sólo esta materia, relacionada con el mercado de derechos de emisión supondrá, según el propio Ministerio de Medio Ambiente, un coste económico directo de 1.953 millones de euros. Una cifra que supera en 4,6 veces lo prometido por la ministra a finales de 2004 (85 millones de euros anuales en el periodo 2008-2012). Así pues, Narbona ha mentido a los ciudadanos y a las empresas sujetas al mercado de emisiones.

Un estudio del International Council for Capital Formation, publicado en noviembre de 2005, prevé que el cumplimiento efectivo del Protocolo supondría para la economía europea una pérdida del PIB real del 3,1% anual (cerca de 26.000 millones de euros) en el periodo 2008-2012, sobre lo que se habría producido de no seguir tales medidas. En el caso de España, “las pérdidas de empleos se proyectan en 611.000 hasta 2012”.

Lejos de rectificar, la ministra de Medio Ambiente insiste en los errores cometidos y se marca unos objetivos irrealizables que, nuevamente, se verán incumplidos. El Ministerio pretende ahora extender el sesgo medioambiental a todos los ámbitos de las políticas públicas. El IJM considera que un modelo económico basado en el Desarrollo Sostenible como el que pretende impulsar el Gobierno provocará, sin duda, una ralentización de la economía y un menor crecimiento del PIB. El Ejecutivo apuesta por introducir la Fiscalidad Verde como eje central de su nueva estrategia: los ciudadanos tendrán que soportar una mayor presión tributaria, afrontando así el coste de la política verde impulsada por Narbona. Pero, además, la intención de gravar los vehículos más contaminantes incentivará la deslocalización industrial del sector automovilístico. Medidas tales como el ahorro y gestión de la demanda energética supondrán una contracción de la actividad económica nacional.

El gasto presupuestario comprometido hasta ahora por el Gobierno en materia medioambiental relacionada con el cambio climático supera los 10.000 millones de euros. Pero el nuevo plan estratégico que el Ejecutivo piensa poner en marcha multiplicará el gasto público destinado a esta materia. Además, el Ejecutivo prevé intensificar el marco regulatorio e intervencionista para la consecución de sus objetivos en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, todas estas medidas emprendidas desde el Estado se fundamentan en un alarmismo ecologista injustificado que no responde a la realidad expresada por la comunidad científica. El supuesto consenso que existe en torno a esta materia por parte de los expertos constituye la base sobre la cual el Gobierno legitima su intervención fiscal y regulatoria en el ámbito, tanto empresarial como individual, de la economía. Pero, tal consenso es inexistente en la realidad.

En noviembre de 2006, el Nacional Registry of Environmental Professionals (organismo independiente que agrupa a cerca de 12.000 científicos relacionados con el medioambiente) llevó a cabo la mayor encuesta realizada hasta la fecha sobre cambio climático: el 34% no está de acuerdo con que el calentamiento global sea un problema serio al que se enfrente el planeta; el 41% no está de acuerdo con la afirmación de que el calentamiento "puede atribuirse, en gran medida, a la actividad humana"; el 33% no está de acuerdo con que el esfuerzo del Gobierno de los Estados Unidos para reducir el efecto invernadero sea insuficiente; casi la mitad, el 47%, no está de acuerdo con que acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto constituya un instrumento eficaz para combatir el calentamiento global.

Pero hay más. El informe presentado ayer por Medio Ambiente a la opinión pública adolece de un claro sesgo científico. Para empezar, estima un aumento de las temperaturas en la península de entre 5 y 8 grados centígrados en el último tercio del presente siglo, siendo éste el escenario más pesimista. El más optimista sitúa el incremento entre 3 y 6 grados centígrados (un diferencial superior a 1,5 veces). Tales estimaciones demuestran la falta de rigor científico que presenta el citado documento. El propio IPCC considera que, en la actualidad, estos informes regionales carecen de consistencia. Tales modelos han demostrado hasta la fecha tener un poder predictivo muy limitado. Desde los primeros modelos en los años 80 hasta las previsiones actuales, los citados modelos no han hecho más que reducir las expectativas de calentamiento global. Además, los informes de la ONU predecían un mayor calentamiento en los dos polos que en el resto del planeta. Ahora, sin embargo, sabemos que la Antártida no se está calentando ni derritiendo. Asimismo, la distancia entre el calentamiento real y el que predecían los modelos informáticos ha llevado al IPCC a rebajar en el borrador de su último informe el posible crecimiento del nivel del mar a la mitad de lo esperado hasta ahora.

Incluso si la ciencia llega a comprobar que existe un grave calentamiento provocado por la actividad humana, el protocolo de Kyoto y su modelo de racionamiento no son la solución. Las Naciones Unidas reconocen que aunque todos los países cumplieran con el Protocolo de Kyoto, la reducción de la temperatura global sería de unos pírricos 0,07 grados centígrados.

Alternativas:

El Gobierno de EEUU ha comprometido cerca de 3.000 millones de dólares anuales a la investigación en tecnologías para el cambio climático, más que cualquier otro país. Esta apuesta por el desarrollo económico y las nuevas tecnologías contrasta con el planteamiento de Kyoto, que es un sistema de racionamiento en el que se fijan unos objetivos de emisión de CO2 y se ordena a sectores enteros que recorten su producción hasta alcanzar dichos objetivos. Los dos planteamientos están llevando a resultados muy distintos, según los datos recordados por la Casa Blanca. Así, en el período 2000 a 2004, las emisiones de CO2 han crecido en los Estados Unidos un 1,7 por ciento, mientras que en Europa, que sí ha ratificado el protocolo de Kyoto, el aumento ha sido de casi el triple: un 5 por ciento.

Además, EEUU, sigue un modelo para la reducción de emisiones radicalmente opuesto: el Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (AP6). Un acuerdo internacional cuyo objetivo es “fomentar la eficiencia e incrementar la productividad” dentro del libre mercado. Desde 1997 a 2003, las emisiones crecieron en España un 24%. En EEUU, sin embargo, apenas alcanzaron el 0,007%, según datos del Environmental Protection Agency.

El IJM seguirá denunciando que la política desarrollada por el actual Ejecutivo conllevará consecuencias negativas tanto para el desarrollo económico nacional, como para la libertad y derechos individuales de los ciudadanos.

El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el Instituto no acepta subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo nos proponemos estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III.