• Nuestro país, puesto como ejemplo en el Senado americano de la pérdida de empleos por deslocalización que supone adoptar el Protocolo de Kyoto.
• A pesar de los esfuerzos políticos las emisiones contaminantes crecen más en Europa que en los EE.UU.
• Los expertos calculan costes totales de hasta 15.000 millones de euros hasta el año 2012.
• Un informe de Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana, clave en las tomas de decisiones del senado estadounidense.

Madrid, 6 de noviembre de 2007. Los perversos efectos que la adopción del Protocolo de Kyoto está teniendo sobre la economía española sirven de ejemplo para reforzar su argumentario a los políticos de Estados Unidos partidarios de que su país siga sin adoptar este acuerdo. Así sucedió en una sesión especial del Comité sobre Medio Ambiente del senado americano en la que el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, presentó un informe sobre las consecuencias que la adopción de Kyoto está teniendo para la economía europea en general y española en particular.

Entre los principales datos de este informe están algunos que llaman poderosamente la atención: por ejemplo que a pesar de que los países europeos han suscrito el Protocolo de Kyoto en el viejo continente las emisiones de gases de efecto invernadero crecen más que en EE.UU., aun cuando la economía americana se ha desarrollado a tasas más altas durante estos años.

No menos sorprendente para los españoles es el descomunal coste que las medidas incluidas en el Protocolo están teniendo en nuestra economía: mientras que la ministra de de Medio Ambiente, Cristina Narbona, prometió que “la cantidad máxima que tendrían que pagar las compañías que se uniesen al esquema de comercio de emisiones (ECE) no superaría los 85 millones de euros anuales” tan sólo un año después las empresas españolas pagaron cerca de 300 millones, 3,5 veces el techo señalado por el Gobierno.

Esto supondría, según los cálculos del Instituto Juan de Mariana, que el coste para España del comercio de emisiones entre los años 2008-12 será de entre 4.000 y 7.000 millones de euros, es decir, entre 10 y 16 veces los cálculos de Narbona. Pero hay expertos aún más pesimistas: un estudio de PriceWaterhouseCoopers elevó el precio de Kyoto para España a 15.000 millones de euros, nada más y nada menos 35 veces lo prometido por el gobierno.

Además, como señaló Gabriel Calzada en su informe, estos datos son ya una destructora realidad para muchas empresas españolas, algunas tan importantes como Acerinox, la segunda mayor productora mundial de acero inoxidable. La empresa cuenta con una filial en EE.UU. para la decidió multiplicar sus inversiones, en gran parte debido a que el ECE está destrozando la competitividad española. Así, este gran fabricante planea invertir en España sólo una fracción de lo que invertirá en su planta Kentucky (unos 41 millones de euros aquí por alrededor de 270 allí).

La principal conclusión del análisis de los datos y de casos como el de Acerinox y similares es que, paradójicamente, Europa está desarrollado gracias a Kyoto un nuevo pero desagradable producto para la exportación: los empleos de calidad que se dirigen a países en los que las empresas no encuentran los mismos problemas para desarrollarse.

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