Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana, presentó un informe en el senado estadounidense que pone de relieve la pérdida de empleos por deslocalización que ha provocado ya la aplicación de Kyoto en España. Pese a los esfuerzos, las emisiones de CO2 crecen más en Europa que en Estados Unidos.

Tras las palabras de Rajoy el pasado lunes, el Partido Socialista ha propuesto un debate sobre el cambio climático. Dado que el Instituto Juan de Mariana considera que hasta el momento no ha habido un verdadero debate al respecto, está plenamente dispuesto a contribuir a un debate sereno y racional sobre el asunto.

El informe sobre El patrón oro y la inflación en España (1972-2007) pone de manifiesto que si a finales de 1972 España hubiera adoptado una paridad entre la peseta y el oro, los precios serían en la actualidad 23,5 veces menores. Es decir, como media, la moneda ha perdido la mitad de su poder adquisitivo cada ocho años. Bajo este supuesto, una vivienda que hoy alcanza los 600.000 euros costaría tan sólo 25.466 euros.

La norma incide en los errores del pasado e incrementa el intervencionismo público en la gestión del suelo, incentivando así la corrupción urbanística. La nueva ley conllevará la extensión de la expropiación estatal, incentivará la creación de un oligopolio en el sector inmobiliario, favorecerá la especulación política, incrementará el precio de la vivienda libre y fomentará la recaudación tributaria, además de ser posiblemente inconstitucional.

Pese a que España es el país que más incumple el Protocolo de Kyoto, Narbona ya ha incumplido sus compromisos sobre el coste, que superan ya en 4,6 la cifra inicial prometida. Seguir por ese camino provocará un decrecimiento económico, fomentará la deslocalización empresarial, incrementará la presión fiscal y restringirá aún más las libertades de los ciudadanos.

El Instituto Juan de Mariana ha estudiado a fondo el texto del Proyecto de Ley del suelo y ha concluido que, en comparación con la actual legislación, otorga más arbitrariedad administrativa, fomentando aún más la corrupción y la presión del precio del suelo sobre la vivienda. La alternativa realmente eficaz sería la liberalización del suelo.

Nuestro nuevo estudio se enfrenta a la crisis del Estado de Bienestar con una propuesta alternativa, la Sociedad de Propietarios, que es capaz de proporcionar una cobertura superior en un entorno de libertad y abundancia crecientes. Además, es una alternativa sostenible y corrige los efectos perniciosos que el Estado de Bienestar ejerce sobre el ahorro y la creación de riqueza, sobre la iniciativa individual y empresarial y sobre los mecanismos de verdadera solidaridad y caridad privadas.

El Instituto Juan de Mariana pone en marcha el Observatorio de Medios, cuyo primer informe denuncia la actitud acrítica de los medios respecto de la información medioambiental. La mayoría de las informaciones medioambientales las crean las propias administraciones (46,24%) y los grupos ecologistas (18,04%), y tienen un carácter alarmista y de urgencia para justificar medidas administrativas sin que haya un debate sobre si son necesarias o convenientes. En ocasiones este intervencionismo tiene efectos perversos. El Observatorio recomienda a los medios recuperar el espíritu crítico, consultar con científicos y expertos y especialmente buscar visiones contrapuestas para que el lector pueda formarse un juicio con todos los elementos.  

El Ministerio de Medio Ambiente lo cifra en 1.953 millones, con precios de derecho de emisión que no son de mercado. Si el Gobierno incluye los “sectores difusos” el coste directo rondaría los 7.413 euros. El coste indirecto causado por la deslocalización, la pérdida de competitividad de la economía española y la destrucción de empleo será aún mayor. Cristina Narbona aseguró que el coste directo nunca superaría los 85 millones anuales y en el primer año ha rondado los 300 millones.

Hoy, domingo 30 de abril, cierra la central nuclear José Cabrera, pionera de la energía nuclear en España, tras 38 años de funcionamiento, por una decisión política. Esta pérdida de bienestar para los ciudadanos nos hace exigir la eliminación de las barreras administrativas a la creación y operación de centrales nucleares.