Ladrillos de verano

Cada verano en la Liga española de fútbol se produce un culebrón en torno al fichaje de alguna estrella del balompié. Este año lo tenemos con Gareth Bale, jugador del Tottenham, deseado por el Real Madrid de Florentino Pérez y de cuyo inminente fichaje nos llevan informando varias semanas. Forma ya parte del estío, por mucho hastío que nos causen a algunos estos ejercicios de marketing y publicidad. Pero el del fútbol no es el único ladrillo que nos encontramos en los calurosos veranos españoles. Los ladrillos de Greenpeace también son interesantes.

Al igual que en Navidad, cuando los ecologistas nos recuerdan lo malos que somos por consumir camarones salvajes, salvajemente explotados por personas sin piedad y con ánimo de lucro, en verano nuestros alegres y verdes activistas de Greenpeace nos fastidian las vacaciones con sus informes sobre el lamentable estado de las costas españolas. El de 2013, recién salido del horno, nos pone los pelos de punta y el cuerpo de perfil. Por lo visto y medido:

«Entre los años 1987 y 2005 se destruyeron 2 hectáreas al día sólo en los primeros 500 metros de costa».

¡Alucinante! Quién se iba a imaginar, en un país que vive del turismo de playa básicamente, que la costa iba a estar tan trabajada por inmobiliarias y constructoras.Y cómo no, la burbuja inmobiliaria, la culpable de todo:

En este periodo de burbuja inmobiliaria, se construyó en nuestra costa una cuarta parte de todo lo construido hasta ahora. Algunos municipios han vendido gran parte de su patrimonio natural para dar paso a una imagen de destrucción y urbanización.

Obsérvese la «sutil» identificación que se hace al final del párrafo entre destrucción y urbanización, hasta tal punto que suenan a sinónimos. Hay que reconocerles cierta habilidad en la manipulación de conceptos, habilidad que suele ser extensible a toda la izquierda.

Pero ironías aparte, en una cosa estoy de acuerdo con Greenpeace: la costa española tiene un problema, pero no es su sobreexplotación, ni su aspecto lamentable, sino el excesivo peso de las Administraciones Públicas sobre los usos (y abusos) del suelo. Ése ha sido, es y posiblemente será el problema denuestras costas.

Greenpeace propone seis medidas para regenerar la costa española:rehacer la nueva Ley de Costas; limitar o impedir las construcciones en los primeros 500 metros de terreno costero; gestionar los espacios naturales protegidos del Estado con planes de ordenación y de uso que impidan más suelo urbano; participación pública en el control y seguimiento de los planes urbanísticos, evitando así, siempre según ellos, la corrupción; ayudar a los municipios que hayan decidido conservar sus costas con compensaciones económicas, como los pagos por servicios ambientales, y la creación de una «ecotasa» turística en los municipios más degradados, que fuera finalistay que serviría para revertir el modelo de turismo masivo de sol y playa; y por último, explicar los peligros a los que se enfrentan los propietarios de las construcciones en zonas de riesgo como los lechos fluviales, torrenteras, desembocaduras, etc., siendo el Estado el responsable de los futuros riesgos y costes.

Es evidente que estas medidas, aunque se llevaran a cabo, no iban a solucionar nada. Yes que lo que Greenpeace propone se puede resumir en dos líneas de acción: más intervención y más fiscalidad. En resumen, más de lo mismo de lo que nos ha traído a la actual situación.

Limitar el uso del suelo, o cambiar el que se hace de él de manera arbitraria o según intereses particulares de lobbies o de políticos, es lo que ha permitido a los municipios y otras entidades locales y regionales financiarse durante la burbuja, extendiendo sus atribucionescon promesas a corto plazo e inviables a largo, endeudándose y llevando unos años después en muchos casos a la entidad pública a la ruina. Cambiar unos intereses por otros no tiene por qué solucionar nada.

Durante todo ese tiempo y ese proceso, los ciudadanos no han dicho nada o casi nada ante los excesos. Es más, en algunos casos han animado a las Administraciones a establecer estas políticas económicas suicidas. ¿Qué hace pensar a Greenpeace que los ciudadanos van a retomar una obligación como la eterna vigilancia, que diría el clásico? En todo este tiempo se ha enseñado al ciudadano que para vigilar ya estaba el Estado. Pero el Estado no sabe ni quiere vigilar al Estado y creo que la gran mayoría de los ciudadanos se ha «vuelto» un poco vaga.

Guste o no, muchos de estos municipios viven del turismo y de los impuestos que recaudan de dicha actividad, incluso de los que se originan en estos supuestos o reales desatinos urbanísticos. Limitar la actividad económica, según una idealización, o simplemente prohibirla para cambiar a un «modelo económico más sostenible» no sólo no solucionaría nada, sino que puede dar al traste con la economía local, reduciendo el valor de los inmuebles y de las tierras, afectando de golpe a los negocios que surgieron, reduciendo lógicamente la recaudación fiscal, lo que a la larga impediría que las entidades públicas,y qué decir de los ciudadanos empobrecidos, cuiden de su entorno, de su medio ambiente.

Durante los últimos años, el gobierno central, los autonómicos y los locales han ido incrementando los impuestos para mantener un Estado cada vez mayor. Crear ecotasas es echar más leña al fuego. Greenpeace identifica la prosperidad económica con la destrucción del medio ambiente y, lógicamente, su respuesta es simplemente limitar la creación de riqueza, en este caso a través de más cargas fiscales que no sólo no tendrían necesariamente que incrementar la recaudación, puede que incluso todo lo contrario, yademás podrían terminar con los negocios que están en el límite de la rentabilidad, haciendo que desaparezcan, con lo que espantarían inversiones futuras y terminarían invitando a los ciudadanos afectados a buscar fortuna en otros lugares menos problemáticos, empobreciendo el entorno.

Además, al transferir riqueza de municipios que la generan (los que Greenpeace identifica con negocios de sol y playa) a otros que lo hacen menos o no lo hacen,se incentiva a los que no necesitan nada más que tumbarse a esperar las rentas ajenas y se castiga a los que con su duro trabajo generan la riqueza de la que se nutre la sociedad.

No es raro que Greenpeace proponga este tipo de medidas. Al fin y al cabo, piensan como cualquier socialista de alta cuna y moral orgullosa. Lo raro habría sido que el grupo ecologista hubiera realizado propuestas basadas en los derechos de propiedad y en su salvaguarda. Si todo es de todos, que es básicamente lo que nos proponen ellos, caemos en la tragedia de los comunes y nadie se encarga de nada porque nadie tiene razones poderosas para hacerlo, salvo si por medio de la coacción se le obliga y, en ese caso, no será con buen rendimiento y eficacia.

Partiendo de que no hay un modelo perfecto de protección medioambiental (todos tenemos ideas diferentes de cómo debe ser un medio ambiente adecuado), las propiedades privadas suelen estar mejor cuidadas que las públicas, precisamente porque ese cuidado es lo que las hace rentables o paisajísticamente bellas, o medioambientalmente equilibradas o simplemente, hace que el dueño se sienta mucho mejor.

La burbuja inmobiliaria ha destruido parte del ecosistema, pues los políticos han incentivado este comportamiento con sus precios bajos del dinero y su necesidad de recursos, mientras las empresas que habitualmente trabajan con y para el Estado han aprovechado esa oportunidad, cuando no la han buscado. Es esa corrupción la que no ataja Greenpeace con sus medidas, pues lo único que promueve es el cambio de lobby o de la actividad de un lobby ya establecido.