Como si no bastaran los gobiernos para controlar y censurar la red, como si no metiera la ONU suficiente miedo con sus intentos por controlarla, en España se está empezando a convertir en moneda de uso habitual el emplear la amenaza de una demanda infundada para prevenir la crítica publicada en Internet. Una mala y fea costumbre practicada por algunas empresas españolas como, por ejemplo, Axpe y Solkia, que puede dificultar la libertad de expresión en Internet.
La LSSI clarificaba, en principio, las obligaciones legales del proveedor de alojamiento web. Éstos tenían la obligación de colaborar con la justicia para averiguar el autor de un posible delito cometido merced al alojamiento, así como de retirar los contenidos ilícitos una vez la autoridad competente se lo ordenara, a no ser que se pudiera establecer una relación clara y directa entre el propietario del sitio web y el autor del contenido, como evidentemente sucede en un periódico como éste. Sin embargo, la táctica empleada por este tipo de empresas no consiste en emplear la ley con motivos legítimos. A sabiendas de que el alojador no es responsable y de que perderán el juicio, lo que hacen es demandarle de todos modos, para asegurarse de que elimine dichos contenidos que aseguran que afectan a su honor. O que, simplemente, no les interesa que se divulguen.
Todo juicio es, como poco, una molestia. Especialmente si te obliga a perder tiempo en desplazamientos a otra ciudad. Un juicio penal, además, no te permite recuperar el dinero que se gasta en abogados. La perspectiva de tener que enfrentarse a algo así, unida a la inseguridad jurídica de la democracia española, hace que muchos sitios web que viven con lo puesto no se lo piensen dos veces y eliminen las páginas que tanto ofenden a los amenazantes. O que se lo piensen tres pero acaben haciéndolo de todos modos.
Las denuncias anónimas en Internet son ciertamente un arma de doble filo. El anonimato parece asegurar una cierta impunidad, lo que hará que se divulgue mucha más información, cierta y falsa. Sin duda, informaciones obscenamente falsas e injuriosas pueden ser razón para pasar por los tribunales para demandar al autor de las mismas. Pero al autor. La única razón por la que estas empresas amenazan y demandan a los alojamientos gratuitos es no tener que dirimir en un juicio si esas acusaciones son realmente ciertas y meter el miedo en el cuerpo ante cualquier tipo de información que se pueda dar en el futuro.
La única buena noticia es que quienes cometen esas prácticas tienen, al final, la batalla perdida. Carecen de los instrumentos del Estado para prohibir, y sus tácticas sólo funcionan con proveedores españoles. El mero hecho de que las utilicen es un incentivo más que suficiente para que las informaciones retiradas bajo amenaza se multipliquen en otros sitios web, como forma de protesta. De modo que, finalmente, tendrán que enfrentarse a esas informaciones con desmentidos, que es lo que tenían que haber hecho desde el principio, y con el hecho de haber actuado de forma tan torticera, que es lo que deberían haber evitado. Y su nombre quedará afeado con una mancha difícil de borrar. Yo, desde luego, no pienso prestarles aguarrás.
