Incipientes síntomas saludables en Argentina

Amplios sectores de la sociedad empiezan a entender que el Estado no es la solución, sino el problema.

El pasado sábado 20 de junio sucedió algo que es infrecuente en el mundo entero. En muchos puntos de la geografía argentina, vastos sectores de la población se movilizaron para defender nada menos que la propiedad privada de los medios de producción. El hecho es insólito porque desde hace unos 75 años en Argentina todas las movilizaciones populares masivas son a favor de más intervencionismo estatal y no de más economía de mercado. Por lo demás, es significativo que se trató de una movilización que careció de liderazgo visible. No fue convocada por el Gobierno (ya sería demasiado semejante exotismo) ni por un partido ni organización alguna de ninguna índole. Fue una movilización organizada a través de las redes sociales y que tuvo como detonante el proyecto de estatización de la exportadora de cereales Vicentín por parte del presidente Alberto Fernández, bajo la presión de su vicepresidenta (que es quien detenta el verdadero poder político en la coalición de gobierno) Cristina Kirchner.

El carácter insólito del hecho está dado porque, hasta ahora, cualquier Gobierno argentino que promoviera una estatización, encontraba en ese acto político una altísima cuota de apoyo. Hay innumerables antecedentes de esto. Es concebible que, cuando el Gobierno actual promovió la estatización de Vicentín, lo hizo porque imaginó que cosecharía el aplauso generalizado. En lugar de eso se encontró, primero, con un sonoro “cacerolazo” durante el curso de la semana y, en el fin de semana, las movilizaciones generalizadas que lo obligaron a “poner marcha atrás” y avenirse a abrir una ambigua instancia de negociación, lo cual es una manera más o menos elegante de reconocer el traspié.

La empresa Vicentín está lejos de ser un gran ejemplo en términos de gestión corporativa. Por el contrario, es un ejemplo paradigmático de capitalismo prebendario. Había apostado a la continuidad del Gobierno encabezado por Mauricio Macri y la derrota del ex presidente en las últimas elecciones y el desbarajuste económico sobreviniente como consecuencia de ese resultado la dejaron sin margen para otro camino que asumir la imposibilidad de pagar sus deudas, convocar a sus acreedores a un concurso y ponerse en manos de la justicia para que determine el destino de sus activos como forma de saldar sus pasivos. Todo esto, naturalmente, está contemplado en la legislación vigente. Un concurso de acreedores y la eventual quiebra de la compañía es una figura prevista en las leyes y no tiene por qué constituir una cuestión con connotación política alguna. Pero el hecho de que los directivos de Vicentín sean el tipo de empresarios que buscan beneficios al amparo de acuerdo con el Estado y no por medio de la competencia leal en el mercado no amerita que el Gobierno haga demagogia expropiando la empresa. De hecho, Vicentín opera en un mercado competitivo (está muy lejos de ser la principal exportadora de granos de Argentina, sin perjuicio de que es un participante relevante de esa actividad que, por la estructura de la economía del país, es la principal fuente de divisas externas genuinas). Lo que había intentado Vicentín es conseguir ventajas competitivas respecto de los otros exportadores, pero la derrota del sector político con el que se alió revirtió fuertemente en su perjuicio.

El Gobierno peronista intentó demagógicamente sacar partido de esa circunstancia pero, sorpresivamente, se encontró con que vastos sectores de la ciudadanía le dijeron “no, señores, la propiedad privada no se avasalla”. Y aunque Vicentín no sea una empresa ejemplar ni mucho menos, el hecho de que tanta gente se haya movilizado para defender, no a la compañía en sí, sino al principio de la propiedad privada de los medios de producción, no deja de ser un hecho relevante, en particular en este mundo actual, donde todo Occidente está infectado del virus del estatismo.

No nos pongamos eufóricos ni sobredimensionemos el incidente. Argentina arrastra un largo prontuario de estatismo avalado por las grandes masas populares como para suponer que estamos en vísperas de la revolución libertaria o de un auge de la economía de mercado. No hay tal cosa, al menos en el corto plazo. Pero sí está claro que hay amplios sectores de la sociedad que empiezan a entender que el Estado no es la solución, sino el problema. Por eso se reivindica, quizá sin comprender plenamente todas las implicancias del hecho, a la actividad empresarial privada. Nada cambiará rápidamente y mucho menos mientras subsista el actual Gobierno. Pero está claro que el estatismo populista encontró un límite. Bienvenida sea esa barrera. Es un tímido, incipiente, vacilante punto de partida sobre el cual, quizá, comenzar a construir lo que eventualmente podría llegar a ser, a largo plazo, un proceso histórico de cambio profundo. Siempre, para recorrer un largo trecho, hay que dar un primer paso. El pasado 20 de junio, ese primer paso fue dado. Lo que venga, si es que sucede, será siempre más difícil. Pero está claro que hay una voluntad de defender la libertad económica que antes no se veía. Que falte mucho por avanzar no nos debe hacer perder de vista que hay un principio de inversión del rumbo que debe ser considerado auspicioso.