El gran logro social de la ONCE, la supuesta integración social de los ciegos y otros colectivos de discapacitados, no pasa de ser un espejismo que se difumina a poco que se analice de la manera más superficial. Y es que si bien un elevado porcentaje de los ciegos españoles encuentra hoy trabajo, la inmensa mayoría (más de un 90 por ciento) lo hace estrechamente ligado a la venta del cupón, lo que difícilmente puede considerarse como una integración en la sociedad.
Por otro lado, esas actividades de integración se llevan a cabo gracias al disfrute de un privilegio gubernamental con forma de monopolio que consiste en la tenencia de una licencia para participar en un mercado, el de los juegos de azar, que se traduce en penas de cárcel para quien lo hace sin el raro beneplácito del estado.
Pero el disfrute de un privilegio no siempre es garantía de éxito. Y si no, que se lo digan a la ONCE. La pasada semana la organización española de ciegos anunció el incremento sustancial de sus números rojos que pasan de los 12,2 millones de euros del año pasado a los 75 millones a lo largo de este ejercicio. Y eso que las barreras de entrada al mercado de las apuestas posibilita que la ONCE lleve a cabo sus actividades en un entorno de privilegios proteccionistas. Pero ni las más duras barreras de entrada pueden evitar que el consumidor deje de comprar el producto favorecido si no considera que su coste sea inferior al beneficio que otorga adquirir “la ilusión de todos los días”.
Sin embargo, las buenas relaciones del la ONCE con el poder político le permitirá despreciar al veredicto del consumidor con aires de gran dictador. Y es que, tal y como acordó con el gobierno del Partido Popular en febrero de 2004, la ONCE puede recibir subvenciones que cubran la pérdida de apoyo del consumidor. Así, la ONCE se ha convertido en una parte más del aparato estatal. Y los ciegos, en el instrumento perfecto para obtener rentas ajenas.
