La acometida rupturista liderada por el actual gobierno de Cataluña se ha convertido en el principal reto al que se debe dar respuesta en los próximos meses. Hasta la fecha, la reacción o bien había sido aislada y canalizada a través de voces individuales, o bien a través de plataformas que, ubicadas en territorio catalán, no habían tenido el eco merecido, entre otras razones por la "política" de comunicación que viene desarrollando el bipartito CIU-ERC.
En este sentido, notables iniciativas como Sociedad Civil Catalana sufrieron en sus propias carnes la doble y peligrosa combinación de ninguneamiento y acusación de españolistas. Aún así, ha desarrollado su trabajo de forma ejemplar y lo hará de igual modo en los próximos meses.
La Plataforma Libres e Iguales, con su irrupción, ha generado un torrente de repercusiones. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, por el apoyo de intelectuales de la talla de Mario Vargas Llosa o Albert Boadella. Ambos conocen a la perfección las consecuencias que provocan los nacionalismos identitarios. Además, tampoco es la primera vez que denuncian el panorama que se viene cocinando en Cataluña. De hecho, en el caso del director de teatro, la asfixia nacionalista ha motivado su cambio de residencia a Madrid. ¿Un centralista encubierto? No, simplemente alguien que ama la libertad y por tanto, la defiende.
En segundo lugar, debemos valorar la defensa a ultranza de la Constitución española (e indirectamente de la Transición). En efecto, desde diferentes sectores que van allá del nacionalismo catalán, la Constitución de 1978 está siendo injuriada. La izquierda radical de nuestro país, para la que todo vale siempre y cuando los métodos los decida ella, ha liderado un ataque plagado de ofensas y en el que no desprecia compañeros de viaje en su estrategia liberticida, cuyo fin último es la voladura del edificio creado hace casi 40 años.
En tercer lugar, la transversalidad de libres e iguales, es un aspecto muy a valorar. Destacadas figuras del PP, PSOE o UPyD se han unido en defensa de España y no lo han hecho a modo de respuesta cortoplacista, sino con vocación de perdurar. Para ello plantean la batalla de las ideas, reto que tiene una traducción práctica. Por un lado, no a la consulta del 9 de noviembre y por otro, oposición a una negociación más o menos encubierta con quienes quieren celebrar aquélla.
Sobre el primero de los puntos, aunque es una verdad palmaria, no siempre se ha combatido adecuadamente la particular visión del derecho de autodeterminación por el que ha apostado el nacionalismo periférico a través de un recurso ladino a la ambigüedad. Gracias a esta polisemia viciada, pervierten la realidad y transforman una ilegalidad en un ejemplo de exaltación de la libertad. Ver para creer, pero así es…
En cuanto al segundo de los puntos, por la trayectoria del denominado "nacionalismo moderado" catalán, no es descartable, sondeos en mano, que finalmente acabe por canjear su órdago rupturista por algún tipo de medida en principio de menor calado, pero igual de peligrosa para la convivencia entre todos los españoles. Dentro de este apartado se incluyen desde una mejora en el sistema de financiación (difícil de vender para aquellos a los que han convencido de que España roba a Cataluña) hasta un tratamiento diferenciado de Cataluña en el texto constitucional.
Esta última opción implica una aberración jurídica difícilmente superable pero que podría llevarse a efecto, opuesto que es una solución defendida por determinados sectores académicos, periodísticos e intelectuales. Se trataría, en definitiva, de una modificación parcial de la Constitución para satisfacer (contentar momentáneamente, más bien) sólo a una de las partes, no al todo. Error mayúsculo que jamás detendría el supuesto problema a resolver, puesto que si algo caracteriza al nacionalismo, es su insaciable voracidad.
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