La Sherman Act es, a pesar de la retórica intervencionista, una legislación pensada para impedir la libre competencia en Norteamérica. En claro contraste con esos orígenes, los estados miembros de la Unión Europea no contaron con una legislación antimonopolio hasta la década de 1950. La explicación a este hecho seguramente sea que por aquel entonces el deporte preferido de los gobiernos europeos consistía en vaciar la cartera de los ciudadanos a base de erigir todo tipo de empresas monopolísticas. Sin embargo, cuando se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero los estados miembros recelaron del uso que los demás gobiernos podían hacer de su legislación para imponer tributos encubiertos al resto de los ciudadanos de la Unión a través de la monopolización de ciertas actividades. Así las primeras medidas europeas antitrust nacieron para evitar el control político sobre la actividad económica.
No hay más que mirar el caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa para darse cuenta qué poco queda de aquellos bienintencionados comienzos. Pensemos, por ejemplo, en que Gas Natural disfruta de las rentas que le otorgan las barreras legales de entrada a su mercado establecidas por la administración española y que con esas rentas pretende comprar la mayor compañía eléctrica española. Desafortunadamente ese sometimiento político no representa un hecho que hoy en día merezca la atención de las autoridades europeas antitrust.
Como es bien sabido, el principal accionista de Gas Natural es La Caixa, una caja de ahorro que, como todas, está controlada por el poder político de su región de origen. Las cajas son instituciones financieras que se dedican a expandir la masa monetaria para satisfacer el hambre de control político de sus amos. Al desconocer la propiedad privada, no son opables por individuos o empresas capaces de darle una mejor utilización a sus recursos. Por increíble que parezca, tampoco este control político ha merecido la atención de la Comisión Europea.
Ni siquiera el impago de un suculento préstamo concedido por La Caixa al partido del ministro de industria, el regulador del ramo, tiene la más mínima importancia. Aquí ya no incumbe que el poder político trate de intervenir la libertad de mercado. Lo único que importan son las apariencias. Que las empresas no sean “demasiado grandes”. Da igual si se logra gracias a ofrecer fantásticos productos que los consumidores adquieren, a las rentas monopolísticas o al apoyo de una institución financiera que responde a designios políticos.
También es el volumen lo que determina el estudio de los casos por parte de la Comisión Europea. La regla es que sólo se estudian los casos de OPAs en los que alguna de las empresas en cuestión realiza un tercio de su negocio en el ámbito europeo. Curiosamente Endesa sobrepasaba este porcentaje según las nuevas normas de contabilidad exigidas por la propia UE., pero no hay regla que resista a una reunión política de alto nivel.
Por su propia naturaleza el poder político se traduce en la promoción del intervencionismo a todo gas. Así que si queremos promover la libre competencia tenemos que acabar de una vez por todas con las cajas de ahorro y con las instituciones políticas diseñadas para la defensa de la competencia perfecta por medio de la aniquilación del libre mercado.
