Las leyes de salario mínimo fracasan porque elevar el SMI por ley no hace aumentar automáticamente la productividad de los ciudadanos.
Los datos de desempleo juvenil son realmente sorprendentes y estremecedores. Según los datos de la EPA del cuarto trimestre del 2014, el número de personas menores de 25 años en paro se sitúa en 813.700. En el grupo de edad de 20 a 24 años, la tasa de paro es del 48,88%. Entre los más jóvenes, edades comprendidas entre 16 y 19 años, el desempleo se dispara hasta el 67,28% (72,04% en el caso de mujeres). Verdaderamente preocupante en un país que pasa por considerarse serio y civilizado.
Solamente hay dos explicaciones posibles a este fenómeno: o existe una conspiración contra los jóvenes o la legislación en materia de mercado laboral presenta ineficiencias que afectan especialmente a los jóvenes.
Respecto a la primera explicación cabe decir que resulta bastante extraña y sin demasiada base lógica ni científica. Todas las civilizaciones de cualquier momento histórico a lo largo de la humanidad han sentido la necesidad de proteger a jóvenes (y ancianos). Antropológicamente puede afirmarse que el ser humano siente afecto y apego por los segmentos más jóvenes de la sociedad y tiende incluso a privilegiarlos con respecto al resto de segmentos sociales.
Ciertamente habrá algún individuo que pueda sentir odio hacía los más jóvenes, pero es del todo descartable que la sociedad en su conjunto discrimine y perjudique conscientemente a los jóvenes de la sociedad.
La explicación debe provenir, forzosamente, de ineficiencias en la regulación estatal del mercado laboral. Existen leyes concretas que provocan desempleo masivo de los más jóvenes. Concretamente, podemos destacar la imposición legal de un salario mínimo interprofesional (SMI) como factor que provoca un mayor impacto en la entrada en el mercado laboral.
El SMI prohíbe contratar a un trabajador por debajo de un determinado salario incluso aunque el trabajador esté de acuerdo. Esto significa que los ciudadanos cuya productividad y posibilidad de generar beneficios esté por debajo de ese salario nunca serán contratados, ya que su coste sería superior a su aportación a la empresa. Esto colocaría a la empresa en una situación de quiebra técnica y de posterior desaparición.
¿Qué cuantía tiene ese SMI? Se dice que actualmente en España es de 641€, lo cual deriva en denuncias sobre lo indigno de cobrar menos de esa cantidad. Pero la realidad es que lo que determina esa barrera no es lo que cobra el trabajador, sino el total del coste salarial que la empresa tiene que afrontar.
Dicho de otra manera, para ser contratado el trabajador debe aportar más que el total de su coste salarial. ¿Cuál es ese coste? Aproximadamente unos 1.200€. Esta cifra es la resultante de multiplicar 641€ por 14 pagas (lo cual deja un salario mensual de 748€ en 12 pagas), aplicar un 30% de cotización a la Seguridad Social (que resulta en 971€ mensuales), contar el mes de vacaciones que el trabajador no trabaja/aporta pero si cobra (que suman 1.061€ mensuales), provisionar costes futuros de despido (sumados darían unos 1.100€ mensuales) y añadir la rentabilidad mínima que lógicamente se debe esperar del trabajador, pongamos 8-10% porque debe ser superior a la rentabilidad de la deuda pública, que proporcionaría ese total aproximado de 1.200€ mensuales.
Visto de la perspectiva correcta, esto es, la perspectiva de los costes salariales, no parece tan sencillo tener una productividad semejante. El trabajador no debe generar un beneficio de 641€, sino de casi 1.200€ mensuales.
Y aquí es donde entran en juego los jóvenes. Las leyes de salario mínimo reducen la posibilidad de entrada en el mercado laboral de los ciudadanos cuya productividad esté por debajo de esos 1.200€, véase, los menos cualificados y con menos experiencia laboral. Es fácil ver como el colectivo especialmente damnificado es el integrado por jóvenes menores de 25 años (además de mayores de 50 años, incapacitados e inmigrantes).
Bajo la actual legislación de salario mínimo las empresas sólo tienen dos posibilidades con respecto a los jóvenes. La primera es no poder contratarlos aunque quisieran, por los motivos expuestos anteriormente. La segunda es contratarlos, pero para ello deberán hacerlo mediante contratos temporales y jornadas no completas, que en la práctica significa pagar sueldos más bajos que esa barrera legalmente impuesta (SMI) para ajustar los costes a los verdaderos beneficios que aporta el trabajador a la entidad y la sociedad.
Por este motivo los jóvenes no tienen empleo, y los que lo tienen es mediante contratos temporales y jornadas parciales. O siendo autónomos.
Las leyes de salario mínimo fracasan porque elevar el SMI por ley no hace aumentar automáticamente la productividad de los ciudadanos. Y esto tiene especial impacto durante una crisis económica, ya que significa incrementar los costes laborales cuando los márgenes empresariales disminuyen.
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