Existirán en Estados Unidos cientos de miles de blogs: toda una fuente de trabajo para la FTC, la Comisión Federal de Comercio, que tendrá que aumentar su plantilla si quiere revisarlos. Policía del blog, nueva ocupación en Washington.
Por supuesto, nunca podrán revisar todos por más que se empeñen. De modo que sólo lo harán con algunos, lo cual traerá sospechas del posible sesgo en el que puedan incurrir. Aquellos que sean considerados culpables recibirán multas de hasta 11.000 dólares. Y tampoco servirá de mucho, a no ser que también se pongan a regular foros, sitios especializados y, en breve, redes sociales, que son otros lugares donde se habla de productos a la venta susceptibles de ser evaluados.
El problema no es que la FTC haya adoptado esta medida, sino que no produzca indignación; parece incluso que a muchos no les parece mal. En parte es debido a que a la mayoría ve con buenos ojos que empresarios y empresas carezcan de algunos derechos, empezando por el de la libertad de expresión. Las restricciones draconianas a la publicidad son moneda común, cuando regulaciones similares para la prensa o la política nos parecerían intromisiones intolerables en nuestros derechos.
Pero quizá la principal causa es que seguimos sin saber diferenciar entre los conceptos de bueno y malo y los de legal e ilegal. Alabar en un blog los productos de una compañía que nos regala algo sin avisar de ese posible conflicto de intereses, sin duda, es malo. ¿Pero por qué tendría que ser ilegal? ¿Acaso es ilegal engañar a la novia o, ya que estamos, a los votantes? No existe razón alguna por la que una cosa deba ser regulada y las otras no, salvo que quizá en el segundo caso habría demasiada gente –o gente demasiado importante e influyente– que se daría cuenta de que el Estado está metiendo la nariz demasiado en nuestras vidas.
Algunos querrán ver prohibido todo engaño, tanto a lectores como a la pareja o a los ciudadanos. Son quienes siguen sin ver que la principal diferencia entre lo malo y lo ilegal es que lo segundo implica emplear la coacción, la fuerza, para evitarlo. Quienes verían con horror –y con razón– que un novio despechado pegara a su pareja por haberlo engañado, parecen no tener problema en meter a la Policía a obligarnos a hacer lo que es correcto.
Y todo esto sin tener siquiera en cuenta que la mayor parte de las regulaciones no cuidan de que hagamos lo correcto, sino lo que le parece correcto en un momento dado a algún político o funcionario. Resulta absurdamente incoherente que los mismos que violan cada dos por tres disposiciones estúpidas del código de circulación y hacen gala de ello animen a ampliar las prohibiciones en otros ámbitos. Cuanto más amplio es el campo que regulan las leyes, menor es nuestra libertad y menor el respeto que sentimos hacia la Justicia en su conjunto. Que tengan cuidado, pues, los aprendices de brujo, porque pueden terminar con una sociedad que pase olímpicamente de lo que los políticos han decidido que es lo bueno.
