Las estadísticas de la Agencia Tributaria, a diferencia de la Encuesta de Población Activa, meten en el mismo saco al trabajador con contrato indefinido y al trabajador que sólo trabajó una semana durante todo el año.
Una estadística muy repetida por los economistas de Podemos es que el 34% de los españoles cobra por debajo del salario mínimo, esto es, menos de 645 euros al mes. El dato parece sólidamente fundamentado, ya que procede de la propia Agencia Tributaria: en concreto, de su estadística «Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias». Así, uno puede observar que, en efecto, durante el año 2013 más de 5,7 millones de trabajadores (de los 16,6 millones que había en España) cobraron menos de 9.034 euros anuales, es decir, menos de los 645 euros mensuales (en 14 pagas) que establece el salario mínimo interprofesional.
Llegados a este punto, parecería que no hay mucho que añadir, salvo acaso recordar que un salario mínimo de 645 euros al mes equivale a un coste salarial de unos 1.100 euros mensuales como consecuencia de las regulaciones estatales. Más allá de esto, empero, no quedaría otra que dar la razón a los de Podemos.
Conviene, sin embargo, echar una ojeada a la nota metodológica que presenta la Agencia Tributaria. En particular, cuando señala:
Las poblaciones de las estadísticas basadas en fuentes fiscales son enumeraciones de individuos que han pasado por una determinada situación y no un promedio anual que es como se suelen presentar las cifras en otras estadísticas del mercado de trabajo. Dicho de otra forma, un individuo que sólo haya trabajado un mes en el año suma 1 en las estadísticas derivadas de fuentes fiscales, mientras que sumaría una porción de asalariado equivalente 1/12 en los datos anuales del resto de estadísticas citadas.
Dicho de otra forma, las estadísticas de la Agencia Tributaria, a diferencia de la Encuesta de Población Activa, meten en el mismo saco al trabajador con contrato indefinido y al trabajador que sólo trabajó una semana durante todo el año: ofrecen cifras de ingresos por rentas salariales, sea cual sea la modalidad de cobro. Por ejemplo, supongamos que Juan tiene un empleo de enero a junio por el que cobra 8.000 euros, mientras que Pedro tiene un empleo de julio a diciembre por el que también cobra 8.000 euros. Según la Agencia Tributaria, serán dos salarios distintos, ambos por debajo del SMI; pero según la EPA será un único empleo a lo largo de todo el año con un salario total de 16.000 euros.
La diferencia no es despreciable: según la Agencia Tributaria, en 2013 hubo 16,6 millones de asalariados en España; sin embargo, según la EPA hubo 14,06 millones (de los cuales 11,66 millones fueron asalariados a jornada completa durante todo el año y 2,4 millones asalariados a tiempo parcial). Por consiguiente, las cifras de la Agencia Tributaria incluyen 2,5 millones más de trabajadores (Pedro y Juan no computan sólo como un trabajador, sino como dos), lo que hace que los salarios medios aparezcan sesgados a la baja. Tal como reconoce la propia Agencia Tributaria:
Los asalariados, como se ha comentado, se miden aquí sin tener en cuenta el tiempo que han permanecido en el mercado de trabajo. De esta manera se produce un sesgo a la baja del salario medio en comparación con otras estadísticas en las cuales el denominador es el número de asalariados en promedio anual.
La trampa, pues, resulta obvia. Si Podemos quiere tomar las cifras de asalariados de la Agencia Tributaria, entonces debería decir: «En 2013 hubo en España 3,5 millones de parados y el 34% de los asalariados cobró por debajo del salario mínimo». Lo que en ningún caso puede decir es: «En 2013 hubo en España 5,9 millones de parados y el 34% de los asalariados cobró por debajo del salario mínimo», pues en tal caso está transmitiendo la imagen de que 5,9 millones de parados no cobraron nada y, para más inri, el resto de población que sí contaba con un empleo cobró en un 34% menos que el SMI (cuando lo que sucedió fue que una parte de los parados se alternó con una parte de los ocupados a lo largo del año y, al contabilizar a esos parados como asalariados, el 34% del total inflado de asalariados cobró por debajo del SMI). Es decir, lo que no puede hacer Podemos es contabilizar a 2,5 millones de asalariados como parados y, al mismo tiempo, incluirlos en las estadísticas de asalariados totales para inflar las cifras de bajos salarios (¿pero no estaban parados?).
De hecho, existe otra forma de saber cuántos trabajadores en España cobran el SMI: la encuesta de estructura salarial del INE (cuyos últimos datos disponibles son de 2012). En el año 2012, en España hubo como media 14,57 millones de asalariados, de los cuales 12,33 fueron asalariados a jornada completa. Pues bien, del total de asalariados (jornada completa + jornada parcial), el 12,25% cobraron menos del SMI; del total de asalariados a jornada completa, sólo el 1,52%. Por consiguiente, de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo sólo el 1,52% cobraron por debajo del SMI; los empleos equivalentes a tiempo parcial ingresaron menos del SMI, pero porque también trabajaron menos horas.
Por supuesto, uno podría afirmar que la reducida duración de los contratos medios y la parcialidad de la jornada laboral son síntomas de un mercado laboral que excluye a los trabajadores y los condena a empleos precarios. En ese sentido, la cifra de 5,7 millones de asalariados que ingresaron menos del SMI en 2013 (como consecuencia de que sus contratos no duran todo el año o de que trabajan a tiempo parcial) sigue valiendo como trágica expresión de la crisis económica. Y no me cabe duda de que en gran parte así es, pero tampoco conviene exagerarla innecesariamente: en el año 2007, cuando nos hallábamos en el pico de la burbuja inmobiliaria y de la ficticia prosperidad generalizada, 5,2 millones de asalariados (el 27% del total) cobraban por debajo del SMI, según las propias estadísticas de la Agencia Tributaria.
En suma, como suele suceder, se está haciendo un uso electoralista de este tipo de estadísticas para dramatizar todavía más la ya de por sí dramática situación del mercado laboral español. El objetivo no es otro que el transmitir el falaz mensaje de que los salarios pueden incrementarse por decreto y de que, por tanto, es imprescindible un intervencionismo estatal todavía más agresivo sobre el mercado de trabajo, cuando, más bien, la realidad es justo la contraria.
