El norteamericano se refería a una serie de acontecimientos, innovaciones y empresas que habían reducido las diferencias entre ricos y pobres, entre ciudadanos de distintos países, entre empresas e individuos. Internet y la globalización habían reducido las barreras de entrada a un número creciente de mercados para un número cada vez mayor de personas.
Pese a los errores de Friedman, que acertadamente señaló en su día Juan Ramón Rallo, es cierto que la tecnología y la ampliación de los mercados propiciada por la globalización han producido una reducción de costes brutal en muchos campos, lo que ha facilitado que unos recursos otrora escasos y a los que sólo accedían quienes pudieran invertir una cantidad ingente de capital estén ahora al alcance casi de cualquiera. Lo comentaba Glenn Reynolds, autor del célebre blog Instapundit, en su libro An Army of Davids. Ponía un ejemplo personal: él, su hermano y unos amigos disponían de un equipo de grabación mejor que el disponible en los pequeños estudios hace veinte años y que les había costado menos que lo que entonces se pagaba por una maqueta. Eso les había servido para, por ejemplo, producir un disco de un grupo africano, que luego podía distribuirse universalmente y de forma barata por internet.
Lo mismo, naturalmente, ha sucedido en el ámbito audiovisual. Miles de personas suben vídeos elaborados por ellos mismos a YouTube y otras plataformas similares. Algunos logran un gran éxito de audiencia y son recogidos por las cadenas, grandes y pequeñas, en programas de zapping, sin pedir permiso ni a los autores ni a las plataformas donde se alojan. Sin embargo, ay de quien se atreva a subir un vídeo de alguna gran empresa audiovisual, se dedique al cine o a la televisión; una posible demanda espera al responsable de haberlo puesto en internet o a la plataforma que lo aloja en la red.
En España ha sido el italiano Paolo Vasile quien ha destapado la caja de los truenos y ha presentado una demanda contra YouTube. En ella pide que se retiren todos los vídeos de la cadena alojados en el sitio web propiedad de Google, además de exigir una indemnización por haberlos "emitido", pero, eso sí, no está dispuesto a identificar cuáles son. Enrique Dans, antaño colaborador de Libertad Digital, es perito en el caso y cuenta algunas jugosas interioridades, como que la cadena ha rechazado emplear la tecnología de YouTube para identificar vídeos protegidos, empleada por empresas de todo el mundo. Telecinco pretende que el juez ordene la eliminación de todos los vídeos que contengan la palabra "Telecinco" o incluso algunas tan genéricas como "está pasando", "allá tú" o "diario de", y prohibir la aparición de imágenes de su cadena aunque sea a efectos de cita o parodia, algo completamente legal.
Negándose a emplear los medios tecnológicos adecuados para proteger sus derechos y exponiendo pretensiones auténticamente disparatadas, Telecinco y su principal propietario Mediaset parecen más bien empeñados en acabar con una competencia molesta, porque rompe el monopolio de los grandes creadores de contenidos acercando a quienes hasta hace poco eran simples consumidores de las cadenas de televisión en productores. Evidentemente, rara vez un vídeo casero supera en audiencia vía internet a una serie o un programa de alguna cadena nacional, pero que la gente pueda dedicarse a ver contenidos que les gustan por internet en lugar de aceptar pasivamente lo que decidan ofrecerles las empresas de televisión a la hora a la que venga en gana emitirlo no les gusta nada. Y en lugar de competir lealmente, intentan destruir esa posibilidad.
