Esta misma semana, la Fundación BBVA Research ha publicado un informe donde propone adoptar parcialmente el modelo austriaco de capitalización de la indemnización por despido (popularmente conocido como "mochila austriaca". Por resumirlo con brevedad: se trata de que, para los nuevos contratos de trabajo, el empresario constituya un fondo de capitalización en favor del trabajador mediante una aportación anual equivalente a ocho días de su salario; a cambio, la indemnización que tendrá que sufragar el empresario en caso de despido se reducirá simultáneamente (por ejemplo, en el caso del despido improcedente, bajaría desde los 33 días por año trabajado hasta un máximo de 25 días por año).
¿Bajaría el salario?
No han sido pocos quienes han visto en esta propuesta un velado intento de la oligarquía financiera para recortar el coste del despido a costa del trabajador: si el empresario ha de abonar anualmente un monto equivalente a ocho días del salario de su empleado (esto es, alrededor del 2,2% de su sueldo bruto), lo que hará será reducir la remuneración de este trabajador en esa misma proporción. De hecho, los propios autores del informe del BBVA Research, reconocen que eso es justamente lo que tendería a suceder: “Si bien el salario negociado por ambas partes se vería afectado, el coste laboral que soporta la empresa no tendría por qué aumentar”. Es decir, pese a la implantación de un recargo del 2,2% en el coste laboral, éste no aumenta porque… es el salario bruto el que se ajusta a la baja.
En realidad, los efectos netos son mucho más ambiguos de lo que los propios autores afirman: las indemnizaciones laborales actuales también las pagan los trabajadores a través de menores salarios negociados, dado que el empresario intenta cubrirse del eventual coste del despido futuro mediante salarios más bajos (dicho de otro modo: si aumentáramos la indemnización por despido hasta 150 días por año trabajado, que nadie espere que los salarios actuales se mantendrían).
Por tanto, el modelo propuesto por BBVA Research se basa en sustituir un coste esperado futuro (expectativa empresarial sometida a diversos grados de probabilidad) por un coste cierto presente: y dado que es más caro pagar con total certidumbre ocho días por año trabajado que pagarlos en el futuro sólo si se materializara el despido, el modelo austriaco sí que encarecería en cierta medida los costes laborales totales repercutiéndose en salarios presentes algo menores (en realidad, dado que el fondo dotado por el empresario es propiedad del trabajador, lo único que sucedería es que el cobro de una fracción del salario se diferiría en el tiempo, no que se volatilizaría sin más; justo lo contrario de lo que sucede en el sistema actual, donde el trabajador no despedido jamás recupera la parte del salario que le ha sido rebajada para costear su eventual indemnización).
La verdadera mordida: la Seguridad Social
Pero no me interesa tanto reflexionar sobre este interesante pero socialdemócrata esquema (la verdadera solución para el mercado laboral pasa por su completa liberalización) cuanto resaltar la incoherente crítica que ha desatado entre muchos. A la postre, quien se exclama de que con este nuevo sistema el trabajador se verá forzado a cotizar por su propio despido (dado que el empresario le rebajará el salario en proporción al recargo de cotización que se le imponga) no sólo olvida que eso mismo —aunque de manera mucho menos transparente— ya está sucediendo en la actualidad, sino algo mucho más importante: que en eso mismo se basa toda la filosofía de la tan venerada Seguridad Social.
En la Seguridad Social, es el trabajador quien se ve obligado a cotizar mes a mes por su propia pensión, por su propio seguro de desempleo o por sus propios cursos de formación. ¿Qué tendría de excepcional o de rara avis el que ahora se le obligara a cotizar también por su propia indemnización por despido? Nada, sería una nueva muestra de ese tan exasperante paternalismo estatal que, asumiendo la existencia de una sociedad infantilizada e idiotizada (la misma sociedad que se encarga de escoger democráticamente a los guardianes de ese paternalismo estatal), obliga a cada ciudadano a destinar un determinado porcentaje de su salario a preparar su jubilación, a asegurarse contra su paro o a sufragar sus cursos de formación. Si nada de lo anterior había despertado entre muchos la más mínima suspicacia —incluso tiende a considerarse la quintaesencia del Estado de Bienestar—, ¿a qué viene tanta escandalera por el hecho de que nos obliguen, también, a cotizar transparentemente para nuestra indemnización por despido?
Acaso sea porque algunos todavía siguen creyendo en que la cotización a la Seguridad Social abonada por el empresario a cuenta del trabajador es un gasto que soporta la empresa y no el capitidisminuido salario del trabajador. Mas, ¿por qué mágica lógica se concluye que el empresario sí será capaz de repercutir a su empleado el coste de la “mochila austriaca” y, en cambio, se asume que no podrá lograr lo propio con el coste de su cotización a la Seguridad Social?
Seamos claros: ambos costes son repercutidos al trabajador. O dicho de otra forma, nuestra paternalista e intervencionista legislación estatal le impone a los trabajadores cómo deben cobrar sus salarios: si en dinero, si en vacaciones “pagadas”, si en contribuciones a la Seguridad Social, si en cursos de formación, si en seguros contra el paro, si en representación sindical, etc. Nada de todo esto sale del bolsillo del empresario, sino de un menor salario líquido del trabajador: del mismo modo que todos entendemos que cobrar dos pagas extras al año no aumenta nuestro salario total (ya que en caso contrario, serían periodificadas mes a mes), cobrar en forma de vacaciones, de pensiones futuras o de cursos de formación tampoco lo hace. Sólo nos imponen desde un comienzo en qué debemos gastar la remuneración total que nos entrega el empresario
Así, si algunos se han rasgado las vestiduras por ese exiguo sobrecoste del 2,2% anual de la mochila austriaca, ¿qué no deberían estar haciendo contra la cotización por contingencias comunes “a cargo de la empresa” (23,6% del salario), contra la cotización por desempleo “a cargo de la empresa” (5,5% del salario), contra la cotización por el FOGASA “a cargo de la empresa” (0,2% del salario) o contra la cotización por formación profesional “a cargo de la empresa” (0,6% del salario). Estamos hablando de una mordida total del 29,9% del salario de cada trabajador que ni siquiera aparecía reflejada en su nómina (un escandaloso caso de manipulación tributaria que, por fortuna, irá corrigiéndose en los próximos seis meses). ¿Qué sentido tiene exclamarse por el 2,2% de la mochila austriaca y guardar un silencio cómplice ante el 29,9% de expolio mensual que padece cada trabajador “a cargo del empresario” (29,9%, aclamémoslo, sin computar la propia cotización del empleado a la Seguridad Social: otros 6,35 puntos que sí venían figurando en la nómina como deducciones del salario bruto)?
Sí, ya sé que a cambio de las cotizaciones a la Seguridad Social recibimos “cosas”: pensiones futuras, cursos o un seguro contra el desempleo. Pero, aparte de que tal vez esas “cosas” no coincidan con las que cada trabajador quiera (¿no hay nadie que prefiera evitar participar en el fraude piramidal de las pensiones públicas y dedicar sus ahorros a otras inversiones más rentables?), a cambio de la nueva cotización para constituir la mochila austriaca… ¡también recibiremos “cosas” (una indemnización futura)!
Se mire por donde se mire, la contradicción es flagrante e insalvable: si la cotización empresarial a la mochila austriaca reduce injustificadamente los salarios de los trabajadores, también lo hacen —y en mucha mayor medida— las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social; y si no lo reducen, muchos que se oponen a la mochila deberían estar venerándola como un instrumento de lucha de clases en favor de los trabajadores (de hecho, no deberían desear un tipo del 2,2% para el empresario, sino uno del 50%).
La realidad, claro, es que la implantación de la mochila austriaca sí implicaría, muy probablemente, una ligera reducción salarial (inferior, en todo caso, al 2,2%) y que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social también implican una enorme merma del salario ingresado por el trabajador: un sueldo de 15.500 euros anuales está dejando de percibir más de 5.000 euros al año por obra y gracia de su sometimiento a la Seguridad Social. Si desean liberar y dejar de explotar a los trabajadores, luchen contra ese engendro paternalista a fuer de bismarckiano que es la Seguridad Social: el debate sobre la mochila austriaca está bien para distraer con algún cebo al personal, pero el epicentro del expolio es otro… la Seguridad Social.
