La realidad demográfica es tan evidente que incluso los políticos españoles, reticentes a aprobar ninguna reforma que les pueda suponer perder un solo voto, tendrán que hacer algo con las pensiones.
Cree José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y uno de los expertos a los que el Gobierno encargó el informe sobre la reforma de las pensiones, que la realidad demográfica es tan evidente que incluso los políticos españoles, reticentes a aprobar ninguna reforma que les pueda suponer perder un solo voto, tendrán que hacer algo. «En breve habrá una reforma» decía el jueves, en el acto de presentación del informe del Instituto Aviva. Incluso, se atreve a apostar a que será por consenso.
Me gusta encontrarme con Conde-Ruiz. Casi siempre aprendo algo escuchándole sobre pensiones: aunque partimos de puntos de vista muy diferentes (por ejemplo, se declara fan acérrimo del sistema de reparto y dice que es una de las grandes conquistas del siglo XX; algo que a mí me parece muy cuestionable) estoy de acuerdo con el análisis que hace de la situación actual al 99%. Su presentación del otro día fue impecable. Deberían ponérsela todos los días a los 350 diputados en el Congreso y no estaría mal si TVE la reprodujera en horario de máxima audiencia.
No tiró de complicados modelos econométricos ni se metió en berenjenales ideológicos. Fue una presentación sencilla. Apenas unos pocos datos demográficos y la explicación de sus consecuencias económicas:
- España va a ser el país más envejecido de Europa entre 2040 y 2050.
- Incluso si la crisis no hubiera llegado (y no hubiéramos tenido que sacar dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social) el problema de fondo seguiría ahí. El sistema no se ha adaptado a la realidad demográfica.
- En 2050, habrá 2 millones menos de jóvenes en España, 8 millones más de jubilados y 8 millones menos de potenciales trabajadores.
- O se reescribe el pacto intergeneracional que sobre el que se fundó el sistema público de pensiones o se va a romper, porque los jóvenes se irán.
En lo que no puedo estar de acuerdo es en su pronóstico sobre los políticos. Que la realidad se impondrá sí es evidente. Que nuestros líderes harán algo antes de que les atropelle (o nos atropelle, porque seremos nosotros los que paguemos) me parece mucho menos claro. De hecho, para alguien que ha trabajado tanto con PSOE (en la oficina económica de Zapatero) como con PP (en el grupo de expertos de Fátima Báñez) me llama la atención su optimismo (¿inocencia?) en lo que hace referencia a los políticos españoles. Espero que esté en lo cierto, pero no lo creo.
Realismo
Lo primero que necesita el debate sobre pensiones es realismo. Luego llegará el turno de la ideología, pero o asumimos los datos que conocemos o todo lo demás no será más que un diálogo de besugos. Por eso me gusta empezar siempre por la ecuación que ya hemos utilizado otras veces:
(1) Número de pensionistas * (2) Pensión media
= IGUAL =
(3) Número de trabajadores * (4) Salario medio * (5) Cotización
Esto es lo que hay. Y son matemáticas. Sabemos que el punto 1 (número de pensionistas) se va a disparar. Que el número 3 (trabajadores) como mucho se mantendrá ( y eso si conseguimos pleno empleo) y que no hay mucho margen para subir el 5 (cotizaciones). Con eso, cualquiera puede hacer una cuenta sencilla en su casa y darse cuenta de que la tasa de sustitución salario/pensión se va a hundir.
Ésta última es la cifra más importante sobre las pensiones. Lo relevante no es tanto si las pensiones del futuro van a poder mantener su nivel adquisitivo respecto a las de 2015 (algo complicado de imaginar pero que podría llegar a ser posible si vemos aumentos enormes de productividad y salarios – punto 4 de la ecuación). Lo relevante es cómo será esa pensión pública respecto al último salario percibido o al salario medio de la economía. Y hay que decirle a la gente la verdad: será mucho más baja que en la actualidad. Ahora mismo, la tasa de sustitución en España está por encima del 80%. En 2035-2040, una persona que quiera jubilarse a los 65 años no podrá aspirar a mucho más del 45-50% de su sueldo.
Las opciones
¿Y qué se puede hacer? ¿Hay alternativas realistas a la vista? Hay opciones. Ninguna de ellas es fácil y todas implican un coste. Pero oiga, es lo que tienen las matemáticas:
1. Menos jubilados
1.1. Por ley: no estamos hablando de acabar con nuestros mayores para equilibrar las cuentas, sino de retrasar la edad de jubilación. En Alemania ya hablan de 69 años y en España el debate llegará pronto.
1.2 Cuentas nocionales: es la alternativa del socialismo sensato. Conde-Ruiz la defendió el otro día con mucho afán. Parecía creer, incluso, que es el único futuro posible y que los políticos tendrán que aceptarla sí o sí. No es el único. Hace unos años, hablábamos con José Manuel Eguiagaray, presidente del Grupo Consultivo de Unespa, y también abogaba por este modelo. En Suecia ya se adoptó a comienzos de los 90 (además, le añadieron un toque de capitalización individual) y ahora su modelo es un referente.
La clave de las cuentas nocionales reside en que cada trabajador decide cuándo se jubila. No existe una edad por decreto (normalmente hay un mínimo para acceder al derecho y poco más). De esta forma, todos los años el Gobierno envía una carta a cada trabajador en la que le informa de lo que ha cotizado en toda su vida laboral y de la prestación a la que tendría derecho en función de cuándo decida retirarse. Así, habrá quien prefiera irse a casa a los 63 años con 1.000 euros al mes y quien prefiera seguir hasta los 75 años para ganar 2.000. Además, este modelo se puede completar con esquemas flexibles, que permitan trabajar a tiempo parcial, cobrar salario y pensión, etc…
Cualquier defensa del sistema de reparto debería comenzar por la asunción de que habrá que transformarlo en esta dirección. Vamos a vivir cada vez más y no tiene sentido que, con una esperanza de vida 30-35 años superior a la de nuestros abuelos, nos jubilemos a la misma edad. Más aún cuando los puestos de trabajo que requieren una gran exigencia física cada vez son menos numerosos. Tampoco es lógico que todos, sean cuales sean nuestras preferencias, profesión, estado físico o situación familiar nos retiremos a la vez. Y es absurdo que se prohíba (o se penalice) a alguien de más de 70 años que siga trabajando si así lo desea.
Entonces, si tiene tantas ventajas, ¿por qué no se implantará? Pues porque las cuentas nocionales implican algo que resulta extraño a nuestros políticos: decir la verdad a sus electores. En un modelo así, hay que mandar la famosa carta cada año. Y entonces los españoles descubrirían lo que antes apuntábamos. Que una persona que se quiera jubilar a los 65 años en el año 2035 tendrá una pensión equivalente al 50% de su salario (y no al 85-90%, como su padre, que se jubiló en 2005). Y que para cobrar ese 80% al que aspira tiene que trabajar 8-10 años más como mínimo. ¿Creen ustedes que algún partido asumirá el coste de decir esto a los trabajadores? ¿Creen que se pondrán de acuerdo en el Pacto de Toledo para hacerlo? Pues eso.
2. Más impuestos
Es la alternativa Podemos. Y al menos es realista en lo que tiene que ver con las pensiones.
Garantizaremos la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva tanto para las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), que se pagan actualmente con cargo a la Seguridad Social, como para el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida de las nuevas cohortes de pensionistas que se incorporan al sistema en el caso de las pensiones contributivas.
Esto es lo que dice la formación morada en su programa. Vamos a pagar las mismas pensiones que hasta ahora y vamos a seguir jubilándonos a los 65 años. ¿Cómo se hará? Vía impuestos. Los responsables de economía del partido al menos parece que asumen que la ecuación de las pensiones es una restricción que también les afecta a ellos. ¿Y cómo lo resuelven? Introduciendo un elemento externo a la ecuación: un apartado 6 que se traduce en un impuesto finalista para pagar las pensiones.
El problema es que esto es realista desde el punto de vista de las pensiones, pero absurdo en lo que hace referencia al resto de la economía. Explicaba Conde-Ruiz el jueves que en estos momentos, si consiguiéramos reducir el paro al nivel del pleno empleo (5-6%) podríamos llegar a tener 3 ocupados por pensionista. Suponiendo que la pensión media sea igual al 75% del sueldo medio, eso implicaría que cada ocupado pagaría un 25% de sus ingresos a cada pensionista. Es mucho, está en el límite de lo que puede soportar ese «contrato intergeneracional» del que hablan los defensores del modelo. Pero puede aceptarse (de hecho, más o menos es el nivel en el que nos movemos ahora mismo).
Pero en 2040-50, si mantenemos el sistema sin reformas, la relación será un ocupado por pensionista 1/1. ¿De verdad se creen alguien que un trabajador va a pagar el equivalente al 75% de su sueldo para que se pueda mantener la ratio sueldo medio / pensión media? ¿Y sin tener la seguridad de que él va a cobrar prestación en el futuro? ¿Y teniendo además que pagar todos los demás impuestos para sanidad, educación, defensa…? Es evidente que en esta tesitura ese supuesto «contrato intergeneracional» saltaría por los aires. Habría una fuga de trabajadores del país (en un mundo que, además, es cada vez más pequeño e interconectado), especialmente en el caso de los de sueldos y formación más elevada. Y entonces sí que habría que ver quién paga las pensiones.
3. Pensiones más bajas
3.1. Asistencial con información: en muchos países, el sistema público de pensiones tiene un carácter fundamentalmente asistencial. No existe una correlación (o es muy pequeña) entre cotizaciones y prestación de jubilación. Todos, hayan pagado mucho o poco, cobran más o menos lo mismo y complementan sus ingresos con ahorro privado, normalmente incentivado desde el Gobierno, con ayudas a planes gestionados desde las empresas, esquemas semi-obligatorios de ahorro… Hablamos de países anglosajones como EEUU, Australia o Nueva Zelanda, pero también de mitos de la socialdemocracia europea como Dinamarca u Holanda.
En nuestra ecuación, este modelo implicaría reducir la cuantía media de las pensiones públicas a cambio de introducir un elemento externo de ahorro privado. A mí es el modelo que más me gustaría pero, a pesar de la pasión por Dinamarca que ocupa a todos nuestros políticos, no parece que tenga muchas posibilidades de ponerse en marcha (incluso asumiendo que sería necesario un período largo de transición para que los trabajadores mayores de 45-50 años pudieran ir adaptándose a la nueva realidad).
3.2 No hacer nada: de las cinco opciones, ésta es sin duda la más realista. De hecho, es la que llevan aplicando desde hace dos décadas nuestros políticos. Y ahora lo tienen, si cabe, más sencillo.
Como hemos explicado en otras ocasiones, tras las reformas de 2011 y 2013 (su última parte entrará en vigor en 2019) el sistema es sostenible. Esto quiere decir que los dos factores introducidos en 2013 garantizan que los gastos no sean superiores en el largo plazo a los ingresos. ¿Cómo lo garantizan? Pues recortando las pensiones a largo plazo. A partir de 2019, la introducción del factor de sosteniblidad irá limando la primera prestación de los nuevos jubilados (a los ya pensionistas esto no les afecta). ¿Cuánto? Pues calculen entre un 3-5% cada cinco años.
Además, está el factor de revalorización anual (el famoso 0,25% que suben las pensiones cada año). Si la inflación vuelve a la normalidad (y antes o después lo hará) ese 0,25% que ahora supone una subida de poder adquisitivo se convertirá en un tope que recortará poco a poco las pensiones. Conde-Ruiz ponía el siguiente ejemplo el otro día: si los precios suben un 2% al año (el objetivo del BCE) y las pensiones se revalorizan un 0,25%. Al cabo de 20 años, 1.000 euros de pensión equivalen a 700 euros y al cabo de 30 años a 600.
Y entonces, ¿por qué creo que esto es lo que va a ocurrir? Porque es lo menos costoso a corto plazo para los políticos. La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones año a año no es tan fácil de percibir. Tampoco lo es, en el momento de la jubilación, calcular cuánto te tendría que haber tocado y cuánto te toca tras aplicar el factor de sostenibilidad. La aplicación de los dos factores de la reforma de 2013 parece una decisión técnica, casi matemática pura.
Además, esta solución 3.2 se complementará con un poco de la 1.1 (alargar por ley la edad de jubilación) y con la culminación de la reforma silenciosa del sistema: pasar de un modelo contributivo a uno asistencial pero sin decírselo a los trabajadores y sin complementar este sistema asistencial con una pata de capitalización privada que ayude a los jubilados a incrementar la pensión pública con su ahorro.
¿Un país normal?
En un país normal, debería haber sólo dos alternativas sobre la mesa para el futuro pacto sobre las pensiones:
· cuentas nocionales como en Suecia (podría ser con o sin un complemento de capitalización; nosotros pensamos que sería mejor si tiene esta parte)
· un modelo a la holandesa: un sistema público asistencial que sirve de red de seguridad pero en el que la mayor parte de la prestación llega vía planes de pensiones privados (muchas veces ligados al empleo y a planes sectoriales o de empresa)
Aquí sí hay margen para la discusión ideológica, aunque cualquiera de las dos alternativas sería mejor que la actual. Pero eso sí, en los dos casos es CLAVE informar al ciudadano para que tome medidas, hacer la reforma cuanto antes para que el período de transición sea más largo y suave, dejar de castigar al ahorro privado y tratar a los ciudadanos como mayores de edad.
Estoy convencido de que ningún partido político tiene nada de esto en sus planes. Así que prepárese porque lo más probables es que el sistema en 2035 no tenga nada que ver con lo que le han dicho:
· será asistencial más que contributivo, con pensiones máximas y mínimas mucho más parecidas que ahora
· la relación pensión media-salario medio se desplomará
· la capacidad de un trabajador con una edad cercana a la de jubilación para organizar su vida laboral o compaginarla con la pensión será mínima. ¿Habrá algo más de margen que ahora? Seguro que sí. ¿Será un sistema realmente flexible y con unas buenas condiciones que incentiven el empleo tras los 67-69 años? Seguro que no.
· la edad legal de jubilación seguirá subiendo y los que quieran retirarse antes serán muy penalizados (mucho más que ahora)
· las condiciones de acceso a la pensión pública se endurecerán al máximo (años cotizados, cálculo de la base de cotización…)
Luego no diga que no se lo hemos avisado.
** Nota al margen: habrá quien piense que la reforma que necesita España implica la marcha hacia un modelo de capitalización similar al sistema chileno. Ni siquiera he querido plantear esta alternativa porque no encajaba con el título del artículo (lo de «realista»). Es inimaginable una reforma así en nuestro país, más allá de las ventajas que algunos le vemos. Ni la sociedad la quiere, ni los medios de comunicación lo permitirían (vean lo que pasó con la Ley Wert de Educación y multipliquen por 100 la demagogia diaria en toda la prensa española) ni los políticos se atreverían. Además, mucho me temo que quizás ya lleguemos tarde. La transición a este modelo sería costosa y no sé si estamos a tiempo antes de la quiebra total del sistema. Dicen que Aznar tuvo encima de la mesa un modelo de reforma así en 1996 y no se atrevió a impulsarlo. En aquel entonces sí había margen y llevaríamos ya 20 años llenando nuestra huchita. Ahora, lo tengo menos claro.
