Autoconsumo: ¿es necesario un nuevo decreto?

En octubre de 2025, el Gobierno de España ha lanzado a consulta pública una nueva propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo compartido y baterías. El texto incluye medidas relevantes: ampliación del radio de instalaciones próximas de 2 a 5 km, reconocimiento del gestor de autoconsumo, simplificación de trámites, nuevas modalidades de excedentes compartidos y más flexibilidad en la combinación de modelos. Sin duda, avances técnicos que responden a demandas del sector.

Pero más allá del contenido, cabe preguntarse: ¿es realmente necesario otro Real Decreto?

En muchos casos, comunidades energéticas han tardado entre año y medio y tres años en completar trámites por falta de claridad en la normativa anterior. La nueva propuesta, si no se aplica con transparencia y acompañamiento, podría repetir ese patrón.

Hasta ahora, el autoconsumo compartido se ha regulado por el RD 244/2019. Su complejidad e indefinición ha generado que el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con un presupuesto que supera los 5.700 millones de euros) publicase una serie de textos intentando aclarar conceptos indefinidos como “comunidad energética” o “gestor” de esas comunidades. Esta indefinición dentro de un marco sobrerregulado como es el energético, ha generado un nuevo formato de gasto público como son las OTC (Oficinas de Transformación Comunitaria), unas oficinas cuya creación contó con un presupuesto de 20 millones de euros sin objetivos claros más allá de más ambigüedades como “difusión”, “acompañamiento” o “asesoramiento”, como si las empresas que operan en el sector no fueran capaces de hacerlo.

En Aragón, donde hay un entramado de OTCs del Gobierno de Aragón, con presencia en las tres provincias, sólo han sido capaces de impulsar 8 comunidades energéticas desde el año 2022. Pero en Zaragoza, donde el ayuntamiento también tiene su OTC, todos los intentos que ha habido de crear comunidades energéticas desde el sector público han acabado en fracaso, incluso con convocatorias desiertas. La “paradoja” de que siendo una comunidad líder en renovables pero sin apenas comunidades energéticas de la que habla Eva Sereno en El economista no es tal.

La propia autora es la que escribió en su periódico que la mayor comunidad energética de España está, precisamente, en Calanda, Teruel. Pero esta comunidad está impulsada por Enel y tejido ciudadano, no por el Gobierno de Aragón. Ni siquiera por el ayuntamiento, que participa, pero no lidera. He ahí la clave. A pocos kilómetros de Calanda, en las instalaciones de MBC Factory de Andorra, está la mayor planta fotovoltaica de la provincia. Y de nuevo, no ha tenido intervención pública, sino privada.

Aunque no me gusta la trampa del autoconsumo con compensación, el modelo de Calanda es de los mejores que he conocido jamás: para abastecer a más de mil familias se han creado 15 instalaciones gestionadas por 9 personas. Dicho de otra manera, ni grandes huertos, ni destrozos paisajísticos ni medioambientales, ni grandes gastos en personal, pero suficientes. El paquetantismo allocino ilumina la provincia.

La historia del pensamiento político y económico nos ofrece valiosas lecciones sobre los límites de la regulación. Autores como Friedrich Hayek y Bruno Leoni defendieron que el derecho no debe ser una imposición vertical, sino una recopilación orgánica de usos y costumbres. Para ellos, la ley nace de la práctica social, no del decreto administrativo. Cuando el legislador se aleja de esta lógica, corre el riesgo de generar sobrerregulación, complejidad innecesaria y rigidez institucional.

El polímata español Juan de Mariana lo expresó con claridad:

Las leyes son muchas en demasía, y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto.

La historia del derecho nos muestra que los sistemas jurídicos más sólidos no son resultado de la voluntad unilateral de un legislador, sino fruto de la interacción de muchas personas a lo largo del tiempo, basados en la razón común y la experiencia colectiva.

Como decía Cicerón:

La ley no es la obra de un hombre, sino la expresión de la razón común de muchos, establecida para la seguridad y el bien común.
— De Legibus

Catón, defensor de la tradición romana, advertía sobre los riesgos de la proliferación excesiva de leyes:

Las leyes no deben ser tantas que nadie pueda conocerlas, ni tan pocas que cualquiera pueda quebrantarlas.
— (Paráfrasis del pensamiento de Catón el Viejo)

En otras palabras, el exceso normativo puede llevar a la desobediencia, la inseguridad jurídica y la desconfianza ciudadana.

Desde otra perspectiva, el economista Bruce Yandle, en su célebre modelo de los Bootleggers and Baptists, explica cómo grupos con intereses económicos (los “bootleggers”) y grupos con convicciones morales (los “baptists”) pueden coincidir en promover regulaciones que, aunque bienintencionadas, terminan beneficiando a unos pocos y dificultando la vida de muchos. El resultado: un entramado legal difícil de desentrañar, lleno de excepciones, tecnicismos y barreras de entrada donde las OTCs, los sumelzos y los samperes se benefician de la presión mediática de los ecologistas y ciertos sectores que, aunque muchos con muy buenas intenciones, pero lo único que consiguen es aumentar el poder político y, por extensión, eliminar la libre competencia y la propiedad privada, con todo lo que ello conlleva: hasta el País ha titulado a 2025 “el año de los incendios”.

Incluso desde posiciones más profundas, Pierre-Joseph Proudhon nos recuerda que:

La anarquía es la madre del orden

Una frase que no invita al caos, sino a reflexionar sobre el orden espontáneo que emerge cuando se confía en la capacidad de los individuos para organizarse sin tutela constante. En la misma línea, Antonio Escohotado, en Caos y orden, plantea que la complejidad social no necesita ser dirigida desde arriba, sino comprendida desde dentro.

Y es que, como decía Vincent de Gournay, convertido en un lema clásico para todos aquellos que no ven necesaria una coacción institucional:

Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-même.
(Dejad hacer y dejad pasar, el mundo avanza solo.)

En el caso del autoconsumo compartido, esta idea cobra especial relevancia. Las comunidades energéticas, las cooperativas ciudadanas y los proyectos locales han demostrado que la innovación, la eficiencia y la participación pueden florecer sin necesidad de un marco hiperregulado. Lo que necesitan no son más decretos, sino claridad, estabilidad y espacio para crecer.

La dificultad de los ayuntamientos para liderar proyectos de comunidades energéticas

Aunque los ayuntamientos (como el de Zaragoza, que comentaba antes), continuamente están intentando impulsar proyectos, se encuentran con varios desafíos que dificultan su capacidad para liderar proyectos de comunidades energéticas de autoconsumo colectivo. Estas dificultades no son exclusivas de un partido político o ideología, sino que están profundamente relacionadas con el sistema de planificación centralizada y la falta de incentivos adecuados tanto para los funcionarios como para los políticos locales. Nos centraremos en tres puntos:

1. La imposibilidad del cálculo económico en una economía planificada

Tomando como base las ideas de Ludwig von Mises sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, podemos entender por qué los proyectos liderados por el Estado a menudo fracasan. Mises argumentaba que, en una economía planificada o centralizada, donde el Estado asume la responsabilidad de diseñar y gestionar proyectos, el cálculo económico se convierte en un desafío insuperable.

Sin los precios de mercado, que reflejan la oferta y la demanda, no es posible realizar un cálculo racional de los costos y beneficios de los proyectos. Esto se traduce en una incapacidad para asignar los recursos de manera eficiente y en el fracaso de iniciativas de largo plazo, como es el caso de las comunidades energéticas en manos del sector público.

2. La imposibilidad de conocer centralizadamente las motivaciones de los consumidores

En una economía de mercado, las motivaciones de los consumidores se reflejan a través de sus decisiones de compra, precios y elecciones. Pero, en un modelo centralizado gestionado por un ayuntamiento, los políticos y funcionarios no tienen acceso directo ni preciso a esta información, lo que dificulta enormemente el diseño de políticas que realmente respondan a las necesidades de la población.

Esto se traduce en proyectos energéticos que no siempre se ajustan a las expectativas reales de los consumidores, ya que los gobiernos locales no tienen un mecanismo eficiente para conocer el verdadero interés de los ciudadanos. Además, los proyectos liderados por la administración pública tienden a ser menos flexibles y más burocráticos, lo que aumenta el riesgo de ineficiencia.

3. La falta de incentivos adecuados para los funcionarios y los políticos

Los funcionarios municipales suelen estar más enfocados en cumplir con procedimientos administrativos y en evitar riesgos legales que en obtener resultados concretos. La falta de incentivos para llevar a cabo proyectos ambiciosos, que requieren toma de decisiones arriesgadas, es un obstáculo importante. Los funcionarios que gestionan estos proyectos no suelen tener un incentivo directo para que la comunidad energética sea exitosa a largo plazo. Si el proyecto fracasa, no suelen enfrentarse a consecuencias directas, ya que el costo político y social de los fracasos recae en el colectivo, no en su carrera profesional.

Por otro lado, los políticos locales, aunque puedan tener un interés genuino en el bienestar de su comunidad, también enfrentan una realidad en la que los incentivos no están alineados con los resultados económicos reales del proyecto. El objetivo principal de muchos políticos, lamentablemente, no es hacer política pública efectiva, sino mantenerse en el poder. Esto se traduce en que muchas veces las decisiones están más orientadas a crear proyectos visibles para ganar apoyo electoral a corto plazo, que en realmente desarrollar soluciones eficaces y sostenibles a largo plazo.

Tres ejemplos de la dificultad de los ayuntamientos para implementar comunidades energéticas

Para ilustrar cómo estas dificultades se manifiestan en la práctica, veamos tres ejemplos recientes de comunidades energéticas en diferentes municipios de España. Estos casos muestran que, independientemente del partido que gobierne, el cálculo económico y la gestión eficiente son extremadamente difíciles sin el dinamismo y la competencia del mercado.

• María de Huerva (Zaragoza, 2019-2023): En 2019, Tomás Díaz Álvarez, alcalde de Izquierda Unida, propuso una comunidad energética como una de sus promesas estrella. Su propuesta consistía en obtener subvenciones de la Unión Europea y encargar la instalación a una empresa vinculada a su entorno político. A pesar de las expectativas, el proyecto no avanzó. Cuando Díaz Álvarez perdió la alcaldía en 2023, el PP asumió el cargo sin que se materializara la comunidad energética, dejando a los ciudadanos que confiaron en la propuesta con precios elevados y sin alternativas viables. Mientras tanto, aquellos que optaron por la instalación de paneles solares privados al inicio de la legislatura ya han amortizado sus costes.
• Aínsa (Huesca, 2015-2025): El alcalde del PSOE, Enrique Pueyo, lleva años promoviendo una comunidad energética en colaboración con la Oficina de Transformación Comunitaria del Gobierno de Aragón. Desde 2022, las placas solares se han instalado en el instituto local, pero aún no están conectadas a la red. En este caso, el proyecto está atascado por problemas burocráticos y falta de ejecución eficiente, lo que refleja la dificultad de gestionar este tipo de iniciativas a nivel local.
• Zaragoza capital (2021-2025): Bajo el liderazgo de los alcaldes Jorge Azcón y Natalia Chueca (ambos del PP), el proyecto de “Zaragoza Sostenible” comenzó con la creación de la Comunidad Energética de la Cartuja Baja. Sin embargo, la licitación de las instalaciones fotovoltaicas ha sufrido múltiples retrasos, y las empresas inicialmente interesadas han abandonado el proyecto debido a la falta de garantías y los plazos de ejecución. Este ejemplo muestra cómo, incluso en una gran ciudad como Zaragoza, la falta de competencia y los problemas en la gestión pública pueden dificultar gravemente la implementación de proyectos energéticos.

La dicotomía público frente a privado: Ejemplos contemporáneos de ineficiencia

La comparación con otros sectores puede poner en perspectiva las dificultades que enfrenta el sector público. En varios ámbitos, como la educación, el transporte o los medios de comunicación, el sector privado ha demostrado una mayor capacidad para innovar y satisfacer las demandas de los consumidores, mientras que el sector público sigue siendo ineficiente y costoso:

• La educación: La creciente demanda de universidades privadas frente a las públicas demuestra cómo el sector privado puede adaptarse mejor a las necesidades específicas de los consumidores. Mientras las universidades públicas siguen siendo objeto de restricciones presupuestarias y burocracia, las privadas ofrecen una mayor flexibilidad y un enfoque más orientado a la competencia y la satisfacción del cliente.
• Internet frente a la televisión pública: La preferencia por internet frente a la televisión pública muestra cómo la innovación y la diversidad de opciones en el ámbito privado logran satisfacer las demandas de los usuarios de manera más eficiente que las ofertas homogéneas y centralizadas de los medios públicos. En contraste, la televisión pública, administrada por el Estado, a menudo se ve limitada por intereses políticos y falta de competitividad.
• El transporte: En el sector del transporte, la comparación entre el sistema de trenes públicos y el autobús privado resalta la ineficiencia del sector público. Mientras que los trenes públicos a menudo sufren fallos operativos y sobrecostes, los servicios de autobús privados, a menudo más ágiles, son capaces de adaptarse mejor a la demanda y de ofrecer precios más competitivos.

Conclusión: La imposibilidad del socialismo energético

Estos ejemplos ilustran cómo la planificación centralizada en el ámbito de las comunidades energéticas a menudo lleva a la ineficiencia y al fracaso de proyectos clave. Como Mises demostró en su análisis del socialismo, el cálculo económico es imposible sin competencia. La falta de información precisa sobre las necesidades y motivaciones de los consumidores, junto con la ausencia de incentivos reales para los funcionarios y políticos, convierte estos proyectos en una tarea insostenible en un sistema centralizado.

El reto, por tanto, no radica solo en las ideologías políticas, sino en la estructura misma del sistema. Sin la intervención del mercado y sin una competencia real, los proyectos de comunidades energéticas liderados por los ayuntamientos continúan siendo un desafío difícil de superar.

Por eso, antes de celebrar un nuevo Real Decreto, conviene preguntarse si estamos ante una solución real o ante un nuevo episodio de burocracia que puede ralentizar la transición energética y preguntarnos seriamente: ¿Quién ha hecho más por el medio ambiente, los legisladores con sus innumerables leyes o Elon Musk con Tesla?