Sin privatización del subsuelo no hay siembra petrolera
Si la política de “sembrar el petróleo” se aplicó en algún momento, esta fracasó. No por la idea en sí misma sino por la forma en que se ejecutó. Lo admitió el propio Uslar Pietri, quien décadas más tarde reconoció la magnitud elefantiásica del Estado, describiéndolo como “improductivo, corruptor de la sociedad y destructor de la ciudadanía”.
No creo que el autor se equivocara en su intención original, porque, en efecto, el petróleo sí se sembró. La pregunta es ¿quién y cómo se sembró?, ¿dónde?, ¿cuáles fueron los verdaderos objetivos del petróleo sembrado?
El proyecto de la socialdemocracia, concebido como respuesta al militarismo, pretendió cambiar un país de latifundistas a uno asistencialista. Ambos sistemas con políticas desarrollistas donde el Estado funge de sostén de la población, dictando dónde, cuándo, cuánto y en qué se debe invertir.
En el caso militar, el sistema estaba estrictamente diseñado para ser eficiente, siempre y cuando se cumplan los objetivos del Ideal Nacional o planes similares, incluyendo sus gobernantes y afiliados. En el caso del Estado de Bienestar y su sistema democrático, se exacerbaba el amiguismo sobre la meritocracia, la dependencia partidista sobre el desarrollo ciudadano y se desvirtuaba las responsabilidades individuales dentro de la pirámide burocrática pública.
Si como inversor petrolero tuviese que elegir entre los dos modelos del pasado, me quedaría con el primero, por las razones que enumero a continuación.
Las concesiones petroleras otorgadas por Gómez, y más adelante por Pérez Jiménez, fueron las que dieron mayor crecimiento a la industria en términos porcentuales y estructurales en toda la historia del país. La diferencia más notable entre uno y otro período -coinciden las fuentes-, fue que, al momento de asignar concesiones, se le adjudica mayor transparencia al gobierno perezjimenista. Más relevante aún es que en esos años se consolidaron las únicas empresas petroleras privadas con capital 100 % venezolano -Petrolia del Táchira, Mito Juan, Talon Petroleum Company, Petrolera Las Mercedes-, las cuales se trataban de proyectos productivos nacionales en pleno desarrollo, aunque su participación de mercado fuese modesta.
Con la llegada de los socialdemócratas, en medio de una ola de nacionalismos globales (como si la economía dependiera del orgullo nacional colectivo) se creó Pdvsa. Las crónicas coinciden en que la mayoría del personal estaba capacitado para tomar las riendas de la industria, y en efecto, así era. Dicho personal venía trabajando décadas anteriores en las transnacionales, formándose bajo la gestión de la industria privada. La empresa estatal tuvo su inercia inicial de crecimiento, atribuible al conocimiento adquirido y que se siguió formando, al capital previamente invertido e instalado y a las variables geopolíticas globales. Pero, al mismo tiempo, la industria se empezó a deteriorar. La historiografía demuestra que la Venezuela saudita no fue producto de una industria desarrollada por el Estado venezolano (falacia repetida de forma cansina), sino por consecuentes inversiones privadas extranjeras previas a la nacionalización y atraídas por los beneficios que generaba el negocio petrolero. Fueron estas compañías las que introdujeron la tecnología y el know-how necesarios y lo transmitieron al trabajador venezolano.
En consecuencia, el auge de los años setenta no es un logro atribuible al esfuerzo nacional únicamente, sino que fue una coyuntura mundial que permitió el crecimiento temporal por dos razones. La interna, la transmisión del conocimiento mencionada anteriormente y, la externa, representada por un alza de precios del petróleo sin precedentes producto de un déficit mundial generado por los propios países productores, principalmente los árabes y Estados Unidos.
Durante décadas, el bienestar venezolano dependió de estas fluctuaciones geopolíticas. La fórmula era simple: si algún acontecimiento disparaba los precios del barril -para desgracia de otros países y fortuna nuestra-, venían tiempos de bonanza, de lo contrario, vuelta a los tiempos de recortes, deudas y miseria (esta última distribuida de forma gradual de acuerdo con la distancia que se ejerciera sobre el control del recurso).
Ese mismo acto nacionalista acabó también con las pocas industrias emergentes del país bajo el mandato implícito de: “déjennos gestionar el recurso, el Estado sabe cómo administrarlo mejor que ustedes”. No hay nada rescatable en ese gesto y, mucho menos, de los discursos demagogos todavía vigentes… ¿hasta cuándo la propaganda mediocre de mostrar la dependencia del petróleo? ¿Es que acaso se desconfía de la capacidad del venezolano para desarrollar otra industria? El chovinismo de la socialdemocracia es ofensivo a la creatividad empresarial del venezolano y, a la misma vez, antinacional.
Aun contando con los mejores profesionales, cuando una empresa cae en manos del Estado jamás será eficiente, independientemente del perfil de sus directivos o asumiendo que tengan las mejores intenciones. El Estado es incapaz de dar con la información necesaria para abastecer las necesidades de consumidores finales del bien o servicio que provean, por la sencilla razón de que no puede calcular correctamente el balance de ganancias (¿cuáles?) y pérdidas, ya que no opera bajo señales económicas reales. A mayor injerencia estatal, menor productividad. Este vacío de información distorsiona el cálculo económico, esa es la base de la Teoría de la Imposibilidad del Socialismo desarrollada durante el siglo pasado. El Estado no produce, es ineficiente y genera corrupción.
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Los últimos veinticinco años de miseria han sido consecuencia de los cuarenta anteriores. Es la triste realidad. Sin embargo, y por fortuna, existe una alternativa económica distinta a los modelos colectivistas que han imperado en Venezuela, que ha funcionado en otros países y que nunca se ha aplicado en el nuestro: el capitalismo de libre mercado, cuya condición sine qua non es la propiedad privada.
La privatización del subsuelo es un tema tabú en el debate político, y hasta ahora, poco mencionado. Cualquier plan serio que contemple la privatización total de la industria petrolera debe incluir necesariamente la privatización del subsuelo.
La herencia colonial hace eco como una sombra funesta, irrevocable e intocable. Pareciera que promover que el Estado deje de ser el propietario del subsuelo es atentar contra la soberanía. Más bien, diría yo, es un lastre que debemos superar y empezar a asumir como nuestro, si es que realmente queremos controlar los recursos del territorio, con todas sus implicaciones. Incluso, de vuelta a la historia, existe un precedente en Hispanoamérica: México durante el Porfiriato, cuando el propietario de la superficie también era el dueño del subsuelo. No es casualidad que haya sido la época con mayor crecimiento porcentual de la industria en la historia de ese país.
El control privado del subsuelo es la única manera de cerrar acuerdos voluntarios entre partes interesadas. Solo así pueden existir balances reales de ganancias y pérdidas y aparecerán las señales que determinan si un proyecto es productivo, permitiendo el análisis para determinar si la extracción del recurso es rentable en un momento dado. Igualmente, los acuerdos voluntarios permiten ajustar, de forma individualizada, los plazos de extracción acordes a la productividad de los yacimientos y, además, se blindaría el sistema de seguridad jurídica frente a expropiaciones o nacionalizaciones estatales. Es evidente que, mientras el Estado forme parte de la negociación, la amenaza coactiva sobre la propiedad seguirá estando latente.
Así como el agricultor utiliza la superficie para sembrar y cosechar, el petrolero necesita del subsuelo para extraer y procesar el recurso. Ambos pueden decidir libremente cómo emplear su propiedad. Si nadie puede arrebatarle la tierra al agricultor, tampoco debería poder quitarle el subsuelo al productor petrolero. Es por ello que, el requisito indispensable es desarrollar una política de derechos de propiedad en torno al subsuelo, enfocada en la protección y seguridad jurídica de los propietarios.
Por tomar un ejemplo vigente, en Texas se distingue entre el propietario del terreno y el titular de los derechos minerales; gracias a esta separación, el estado ha alcanzado un desarrollo petrolero sin precedentes. Debe construirse un sistema jurídico sólido que proteja estos derechos en todas sus variantes y con todas sus implicaciones. Incluyendo el argumento sobre la complejidad de la delimitación de la propiedad, el cual se solventaría con criterios tecnológicos geofísicos y herramientas de precisión existentes para establecer límites en la profundidad.
Así como el Estado fue capaz de desarrollar la Ley de Reversión o de indemnizar a las empresas tras la nacionalización, el Estado venezolano tiene la capacidad de subastar o vender los yacimientos de forma transparente y, en un verdadero acto de nacionalismo, garantizarle la adquisición al ciudadano venezolano desarrollando políticas que prioricen a los acreedores nacionales.
¿Qué podría estar sujeto a debate? Que el Estado conserve algunos yacimientos con fines estratégicos o como fondos para pensiones, educación o salud, al estilo noruego o como el modelo de Alberta en Canadá. Pero incluso en esos casos, los yacimientos estatales deben tener un propósito definido y estar blindados por un marco legal que limite el saqueo. Debe asumirse, además, que serán ineficientes, poco rentables y deja las puertas abiertas para la apropiación política del recurso en el futuro.
Otro tema sujeto a debate es el régimen fiscal. Las regalías o impuestos deben tratarse como cualquier otro producto o mercancía comercializable. El petróleo no siempre es rentable (ni lo será), así que, en caso de imponerle cargas fiscales, debe ser en función de un estado de pérdidas y ganancias como cualquier otro bien de consumo.
En cuanto a la OPEP, es evidente que se trata de un organismo falible, ya que uno de sus objetivos principales es fijar precios y cuotas de producción. Falla por la sencilla razón de ignorar principios básicos de la ciencia económica: ninguna industria puede ser gestionada de manera centralizada, sin coacción, y ser productiva al mismo tiempo. Venezuela podría retirarse de la organización sin mayores consecuencias, manteniendo únicamente cooperación estadística y análisis de mercado basados en producción privada.
La privatización parcial del subsuelo (por ejemplo, solo ciertos yacimientos) ya representaría un avance y reflejaría el beneficio en poco tiempo. Lo ético es que el subsuelo sea propiedad del venezolano, no de quienes ocupan cargos políticos de turno.
Existen leyes económicas elementales, entre ellas, que el dinero solo vale atesorado y se tiende a gastar cuando existe la capacidad de ahorro y de inversión en proyectos. A esto le llamamos capitalismo. No se trata de sólo sembrar el petróleo, sino de decidir quién lo debe sembrar.
Cuando el capital está en manos privadas, las necesidades del entorno tienden a ser atendidas por los mismos intereses privados: infraestructura, centros de salud, escuelas, seguridad, etc. Poseer y reinvertir en el recurso conllevará a mejorar a las comunidades alrededor de los subterratenientes.
Partiendo de la premisa de que el petróleo es un recurso agotable (aunque se desconozca el momento exacto de su eventual agotamiento), el desarrollo de sustitutos para sus derivados y subproductos, así como la irrupción de nuevas tecnologías energéticas que han transformado su forma de producción y comercialización, constituyen un claro indicio del carácter dinámico del mercado.
No podemos seguir pensando como hace cincuenta años. El aprendizaje de estas siete décadas -y especialmente, de los últimos veinticinco años- es que el recurso en manos de privados representaría un freno para gobiernos colectivistas. Sin propiedad privada del subsuelo, el gobierno de turno usará el recurso para cumplir sus objetivos políticos.
Para finalizar, resulta llamativo que algunos aún sostengan que Venezuela podría alcanzar un nivel de desarrollo similar al de los Emiratos Árabes Unidos o de otros países de la península arábiga si el Estado mantiene la propiedad, como lo hacen esos países. Desde mi perspectiva, este planteamiento constituye otra falacia de carácter propagandístico y profundamente manipuladora. Si tal paralelismo fuese válido, habría que comenzar por reconocer que dichos modelos económicos están inseparablemente ligados a estructuras políticas monárquicas, muy distintas e incluso incompatibles, con el orden constitucional republicano venezolano.
Como nota final, dejo este dato disponible en la web: las reservas venezolanas están valuadas hoy en aproximadamente 17 billones de dólares. Si dividimos ese monto entre los 30 millones de venezolanos y todos tuviésemos derechos de propiedad sobre el subsuelo, le pregunto: ¿qué sembraría usted con ese dinero?
