Derecho a decidir, ¿qué?, y ¿de quién?

La política prostituye también el lenguaje; lo retuerce y cambia su sentido, su sintaxis incluso, al servicio de sus intereses.

No es sólo el derecho o la economía. La política prostituye también el lenguaje; lo retuerce y cambia su sentido, su sintaxis incluso, al servicio de sus intereses. Hay una expresión que, por sí sola, no tiene un significado completo, pero que se utiliza como moneda de cambio en el ámbito de la política. Es el “derecho a decidir”.

Antes de entrar a analizar su significado y su función política, recojamos brevemente su historia. El Plan Ibarretxe proclama que “El Pueblo Vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos”. El Lehendakari lo presentó al parlamento vasco el 12 de julio de 2002. El plan se gesta desde el año 2001, pero desde el ámbito del PNV no se hace propia esa alusión al “derecho a decidir el futuro del País Vasco hasta esas fechas. No hay referencias anteriores a ella, salvo la que hace Joseba Sarrionaindía en la recepción del premio de narrativa en lengua vasca: “La cuestión”, dice, “es que se reconozca a nuestro pueblo el derecho a decidir su futuro”. La expresión acaba teniendo éxito. El plan fue aprobado en la cámara vasca en octubre de 2003, y presentado ante el Parlamento Nacional en diciembre de 2004.

Al principio, la expresión “derecho a decidir” es una mecha que alcanza al nacionalismo catalán como a la pólvora mojada. Hasta el 19 de febrero de 2006, cuando se celebra una manifestación secesionista con el lema “Som una nació”. Gobernaba el tripartito, y Josep Lluís Carod-Rovira decía: “España tiene un problema que no se resolverá con insultos ni amenazas ni rebajas estatutarias”, sino reconociéndole a Cataluña “el poder y el derecho a decidir”. Pide el reconocimiento de Cataluña como nación y un acuerdo económico más favorable, y critica el estatuto que pactaron el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición en Cataluña, Artur Mas.

El 10 de noviembre de 2007, Ómnium Cultural celebra una “jornada de debate” con los partidos nacionalistas (PSC, ERC, ICV y Convergencia). A esa reunión va una Plataforma por el derecho a decidir. Es entonces cuando Artur Mas cambia su estrategia y apuesta por el secesionismo. Habla de “refundar el catalanismo”, en un intento por ser él quien lidere el independentismo. Nadie le sigue. Pero él pronuncia un discurso en el Palacio de Congresos de Cataluña el 19 de diciembre de ese año, titulado “El catalanismo, energía y esperanza para un país mejor”, en el que proclama el “derecho a decidir” de Cataluña.

De la frase “el Pueblo Vasco tiene derecho a decidir su futuro” al sintagma “derecho a decidir” hay dos elementos que se han caído, y que tienen mucha importancia sintáctica y política: El sujeto y el complemento directo. Derecho a decidir ¿qué? Y ¿de quién?

Empecemos por el qué. Es claro, por el contexto en el que se ha acuñado la expresión, que es el derecho de decidir la secesión. Pero el hecho de que se le haya quitado el complemento al verbo transitivo no es inocuo. Porque lo que queda es el derecho a ejercer un poder. No es ya un mandato para un propósito específico, un poder por tanto limitado, sino la sublimación de la decisión política, que lo puede todo.

Y lo puede todo por la segunda pregunta: el derecho ¿de quién? Lo que subyace en este debate no es el principio democrático, sino la definición de la comunidad política. No si se pueden tomar decisiones recurriendo a las urnas, sino qué conjunto de ciudadanos puede constituirse en sujeto de soberanía, y fuente originaria del derecho. El nacionalismo catalán tiene el problema de que Cataluña nunca ha constituído tal comunidad. Su bandera es la de la Corona de Aragón, a la que pertenecía, y la comunidad que está constituída y mantenida durante siglos es la de España. Para sobreponerse al peso de la historia, el nacionalismo ha tenido que hacer varias cosas: marcar las diferencias entre Cataluña y el resto, describir la situación actual en términos de injusticia (robo), y sublimar la nueva comunidad política no sólo como fuente de derecho, sino como fuente de felicidad, con el nuevo Estado como instrumento.

No hay más que unir todos esos elementos para saber a dónde conducirían, si el envite secesionista tiene éxito: Cataluña tiene derecho de decidir sobre el futuro de los catalanes, y eso incluye la tarea, siempre inacabada, de constituir la propia sociedad como distinta de la española. Y para ello es necesario cercenar ciertas libertades, cuya manifestación es contraria a estos objetivos nacionalistas.

Este proceso es peligroso para la libertad. Sublima al poder político, y le quita de en medio las trabas que en las sociedades avanzadas lo limitan, y sirven en alguna medida para respetar los derechos de los ciudadanos. El derecho a decidir es como aquel “triunfo de la voluntad”; una expresión ambigua puesta al servicio de un poder que no quiere límites.

Pero además hay una alternativa liberal. Que no es la llamada “desconexión” de un posible Estado catalán, sino la desconexión de los ciudadanos del Estado. Hay un derecho a ignorar al Estado, del que habló Herbert Spencer, y al que dediqué un artículo. Esta es la alternativa que habría que articular frente a los nacionalismos secesionistas, y frente al estatismo en el conjunto de España.