A mediados del pasado mes de febrero, el Ministerio de Industria anunció a bombo y platillo un nuevo sistema para determinar la tarifa eléctrica a través del ínclito Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía. Esto ya deja muy claro que las quejas de aquéllos que culpan al mercado de las continuas subidas no dejan de ser pura retórica antiliberal, simple desconocimiento o ambas cosas, pues resulta obvio que en un sistema liberalizado nadie debe «fijar» el precio de un bien o servicio como lo hace el Gobierno.
Pero aun admitiendo esto como un mal más mayor que menor, el nuevo sistema parece más bien un artificio pensado durante una mala noche que algo procedente de un sesudo y profundo análisis. Este sistema no pretende en ningún momento solucionar los problemas del sector (financiación de las renovables, fin del déficit de tarifa, liberalización real, etc.), sino que trata de ocultar el ridículo del Gobierno cuando en diciembre suspendió la subasta eléctrica que el propio Estado había creado y que, cuando las cosas le favorecían, como en la bajada del mes de abril de 2013, tan buena le parecía. Y sólo lo oculta ligeramente.
En diciembre, un cúmulo de circunstancias hizo que el resultado fuera el opuesto y el precio se disparara muy por encima de lo previsto. El Gobierno, ante el temor del impacto político de semejante subida, entró en estado de pánico y se lanzó a anular el sistema como buenamente pudo. La idea, como era de esperar en política, fue precipitada y poco meditada en el medio y largo plazo, y se acusó a las empresas eléctricas de manipular el sistema. Suspendida la subasta, el Gobierno, en su inmensa bondad, anunció que fijaría una subida menor para evitar al indefenso ciudadano un daño injustificado. José Manuel Soria, ministro del ramo, no se molestó en explicar cómo y quién había manipulado la subasta, pero ahí quedó la afirmación y la anulación.
Unos días después, se fijó la subida arbitrariamente en un 2,3%, pero lo que fue más indignante es que la propia CNMC, órgano «independiente» no sé si a servicio del Gobierno, tras abrir un expediente informativo después de la petición de Soria, afirmó que no había detectado ninguna manipulación y sólo apreciaba alguna circunstancia atípica.
Como era previsible, la polémica se calmó durante las Navidades y el comienzo del año, pero el problema creado por la suspensión de la subasta seguía abierto y exigía una solución relativamente rápida, ya que en abril se debía acometer una nueva revisión. Y aquí entra en juego la capacidad de análisis y resolución del Gobierno. Lo deseable habría sido una solución que encauzara el sector, que acometiera sus problemas y permitiera una mayor liberalización, algo que la propia UE exige. Sin embargo, el Gobierno ha creado un sistema caótico pero que, sin duda, sirve a sus cortoplacistas fines.
El nuevo sistema de tarificación ofrece dos alternativas: la primera es que el precio se fije con la variación de la cotización de la energía en el mercado mayorista, que cambia cada hora, y la segunda opción es una tarifa plana que será más cara que la media del precio en el ‘pool’ antes mencionado.
De entrada, conlleva numerosos problemas técnicos, ya que requiere contadores inteligentes, de los cuales hay apenas cinco millones instalados y de ellos, sólo uno mide por horas, y además supone la creación de nuevos sistemas informáticos por parte de las eléctricas. Tampoco permite a los consumidores saber el precio que van a pagar por la energía, ni cuando ésta es más o menos cara, ya que deberían estar atentos cada hora a la fluctuación del mercado. Y éstos son sólo algunos de los problemas más inmediatos para el usuario, pero incluso se ha llegado a afirmar que sería incompatible con la Ley del Consumidor, que impide que se fije el precio de un servicio o bien en el momento de la entrega, que es lo que sucedería.
Entonces, se preguntará el lector: ¿qué pretende el Gobierno con este caótico sistema? La respuesta es sencilla si nos fijamos en el verdadero problema del Ejecutivo. Ni a Soria ni a Nadal les importa el precio que pagamos por la electricidad, o no cargarían cada vez más impuestos y primas en el recibo. La verdadera preocupación del Gobierno es que, cada tres meses, se enfrenta al papelón de ver en los medios de comunicación que la tarifa vuelve a subir por su mala gestión, su ineficacia, su desidia y su afán de incluir cada vez más impuestos en el recibo eléctrico.
Con este nuevo sistema, lo evita. Si optamos por el enrevesado sistema de tarificación horaria, nunca recibiremos la noticia de una subida en el precio, pero éste será distinto cada vez que pulsemos un interruptor sin que nos demos cuenta. En cambio, si nos pasamos a la tarifa plana, entraremos en lo que se llama «mercado liberalizado», que si bien no lo es, deja en manos de las eléctricas la tarifa que nos cobran y que se renovará, en principio, anualmente. De esta manera, el Gobierno esquiva la polémica que, obviamente, se traslada a las empresas. ¡Objetivo conseguido, no más precio político por un sistema caótico! El Gobierno no está para solucionar problemas, está para que parezca que no los hay. Las encuestas y las elecciones lo mueven y el interés ciudadano les importa un pimiento a todos.
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