Hasta la fecha, el Gobierno ha evitado atacar de una manera audaz e inteligente el origen del problema del déficit público y en su lugar ha preferido parchear superficialmente la situación. Con esta premisa, es fácil entender medidas como las reiteradas y sucesivas subidas de casi todos los impuestos de nuestro sistema fiscal.
El Instituto Juan de Mariana ya alertó de las nefastas consecuencias de la subida del IRPF de diciembre de 2011, y de cómo esa medida nos colocaba entre los países con mayores tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta del mundo.
Hoy, el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto también analiza la última subida fiscal proyectada por el Gobierno –hasta la fecha– a través del informe "Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro: contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo". Esta medida elevará la tributación de las ganancias patrimoniales (o plusvalías) generadas en menos de un año, a las que se les aplicarán los tipos impositivos marginales de la base general.
Las razones aducidas por el Gobierno para llevar a cabo este incremento de impuestos han sido básicamente dos: la de acercarnos a los países europeos –especialmente Alemania– volviendo a la tributación en vigor hasta 2006; y la de tratar de combatir la especulación a corto plazo que, en opinión del Gobierno, distorsiona la inversión productiva generadora de riqueza en el largo plazo.
El Informe destaca en primer lugar que la subida fiscal a las plusvalías a corto plazo en nada nos asemejará al sistema aplicado en Alemania dado que éste grava con un tipo único del 25% (más algunos recargos cuando son aplicables) a la mayoría de plusvalías, independientemente del plazo de su generación.
Por otra parte, tampoco en Europa es habitual gravar las plusvalías a corto plazo con los tipos impositivos marginales aplicables a las rentas del trabajo. De hecho, analizando la fiscalidad comparada de este tipo de rentas en más de una veintena de países europeos llegamos a la conclusión de que la mayoría suele gravar las rentas del ahorro de manera diferente al resto de rentas, y con tipos impositivos más bajos. Dentro de este grupo de países con sistemas duales, gran parte de ellos no suele distinguir según el plazo de generación de las plusvalías, y en aquellos países en los que sí hacen tal distinción, lo es para mejorar la tributación de las plusvalías a largo plazo y no para penalizar las de a corto, como propone el Gobierno del Partido Popular.
Los pocos países que tienen sistemas únicos en los que aplican las misma fiscalidad para rentas del trabajo que del ahorro suelen tener tipos impositivos únicos muy bajos –flat tax– que giran en torno al 15%. Por tanto, tampoco es verdad que elevando la fiscalidad de las plusvalías a corto nos acerquemos a Europa, más bien todo lo contrario.
Para finalizar con los argumentos fiscales del Gobierno, el Informe concluye que tampoco puede afirmarse que la subida fiscal nos devuelva al sistema aplicado hasta 2006, puesto que tanto los tipos impositivos marginales de la base general –que gravarán las plusvalías a corto plazo– como los tipos impositivos de la base del ahorro, han sido fuertemente elevados y son muy superiores a los existentes en 2006.
El Gobierno también ha justificado que debía tomar la medida para atajar la especulación que, en su opinión, mina la inversión productiva. De ser cierto este argumento, lo que primero sorprende es que la penalización fiscal se aplique a las personas físicas, y no a las sociedades, que son las que mayores volúmenes de transacciones realizan en el sector financiero español.
No obstante, tampoco es cierto que la especulación perjudique la inversión productiva, y mucho menos que penalizarla fiscalmente ayude a canalizar el ahorro hacia la inversión a más largo plazo, sino todo lo contrario. A estas cuestiones se dedica la segunda parte del Informe.
Así, subir los impuestos a las plusvalías a corto plazo distorsiona los mercados de capitales tanto por el lado de la oferta (distorsionando la fijación dinámica de precios realistas para los activos) como por el de la demanda de capitales (restando negociabilidad a los mercados), trayendo como consecuencia una menor inversión y, por tanto, lastrando la recuperación económica.
¿Y si después de no equipararnos a la legislación alemana y europea en general, ni volver al sistema de 2006, ni favorecer la inversión a largo plazo, sirve de algo esta medida en términos recaudatorios? Tampoco. Los efectos recaudatorios estimados por el propio Ministerio de Hacienda ascenderán a 90 millones de euros, tan solo el 0,09% del déficit público de 2011.
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