Uno de los pilares básicos del movimiento del 15M fue y sigue siendo la lucha contra la corrupción política. Los autollamados "indignados" se han manifestado y concentrado por toda España pidiendo, entre otras cosas, el fin de esta lacra. También han demandado una mayor transparencia de las administraciones públicas y una participación popular más destacada en las decisiones políticas, así como una fuerte defensa del sector público frente al privado, llegando en sus posiciones más radicales a pedir la nacionalización de algunos sectores económicos. Si bien muchas de sus reivindicaciones son más consecuencia de su ignorancia económica que de las acciones de los corruptos, no dejan de ser un reflejo de las reivindicaciones de una parte de la sociedad.
La corrupción y la política parecen quitar el sueño a los ciudadanos. Según los últimos barómetros del CIS, después del paro y los problemas económicos, las principales preocupaciones de los españoles eran la clase política, los partidos, la corrupción y el fraude. El porcentaje de preocupación por la corrupción y el fraude se había duplicado entre los encuestados del 6% en diciembre de 2011 al 12,3% en enero de 2012, pero había vuelto a caer al 8,6% en febrero de este año. En todo caso, seguía siendo la cuarta razón de preocupación. Durante los últimos años, los casos de corrupción se han multiplicado como las setas después de un chubasco. Y cuando las encuestas indican que algo se percibe como un problema, los políticos se ponen nerviosos y hacen cosas. Muchas veces, a tontas y a locas.
A los casos más mediáticos, como Gürtel, los ERE falsos de Andalucía, las sospechosas actividades de la familia del ex presidente andaluz y ex ministro Manuel Chaves, las oscuras actividades de José Bono o las no menos polémicas actividades del ex ministro José Blanco, así como las del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, hay que añadir otras con más tradición, como las falsas peonadas del PER, o más novedosas, como algunas primas que no debían ser cobradas en torno a las renovables o los típicos fraudes y corruptelas en torno a la construcción, las promociones inmobiliarias, las comisiones exageradas, los presupuestos que se disparan sobre las cifras iniciales, los aparentemente elevados sueldos de los políticos y sus privilegios, etc.
El Gobierno de Mariano Rajoy tenía en su programa la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares de acción y ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Transparencia que pretende atajar el desmadre que percibimos. La citada ley permitirá a los ciudadanos acceder mejor a la información pública (aunque no totalmente), reclamar ante el silencio administrativo, limitar los regalos que puedan recibir los altos cargos de la Administración en condiciones ventajosas o que superen la cortesía, o imponer castigos ante infracciones presupuestarias. Lo primero que viene a mi cabeza es qué tipo de moral retorcida tienen nuestros dirigentes para que estas cosas, que debían formar parte de su moral más básica, se tengan que poner en una ley porque son incapaces de interiorizarlo. Si los políticos y los altos cargos de la Administración son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿estamos ante una sociedad enferma?
Me surge una duda: ¿realmente están los ciudadanos tan en contra de la corrupción o de lo que están en contra es de que ésta beneficie a ciertos grupos que no son de su agrado? También es posible que cada persona tenga su propia percepción de la corrupción y, lo que para unos es un caso flagrante, para otros no lo es tanto o incluso no lo es para nada. Sólo de esta manera se podría entender cómo es posible que una Comunidad Autónoma como la andaluza, donde los casos de corrupción económica y política surgen día sí, día también, vote con tanto ánimo a un partido como el PSOE, que sigue en el poder desde que en Andalucía se vota. Ni los excesos del PER ni los ERE ilegales ni la corrupción de sus dirigentes han desviado el voto a otras opciones más moderadas de la izquierda, que las había, como UPyD. ¿Tenemos en España una percepción tribal de la política, de los míos frente a los tuyos?
Una última reflexión. Decía el clásico que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El Estado de Bienestar, que ahora gustan llamar "social", es un modelo político que, sistemáticamente, cede el poder que los ciudadanos tienen de afrontar y solucionar sus propios asuntos y problemas a los políticos, que dejan de ser meros gestores de asuntos públicos y se convierten en generadores de derechos positivos, pero sobre todo, en defensores de los privilegios de algunos grupos con poder o amparados por él. ¿No puede ser que el propio sistema, un acumulador de poder, favorezca la corrupción, la apropiación de bienes públicos o el uso indebido de los mismos? ¿No podría ser que el propio sistema sea el corrupto y los corruptos, una mera consecuencia lógica?
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