El término “autoridad” se utiliza con distintas acepciones de las que su mayoría contribuyen a distorsionar el significado que con mayor rigurosidad presta un servicio fundamental a la indagación científica social. La autoridad es un hecho político y psicológico. No tiene porque encumbrarse en forma de institución magistral, dado que cualquier individuo puede llegar a manifestar autoridad al margen de los cauces formales en que ésta termine articulándose dentro de un orden social dado. Aun con todo, dicha clase de autoridad, espontánea y fuera de los cauces institucionales, tiende a ser reconocible y clasificable por el común de los individuos que participan en una comunidad.
En virtud de la intención de quien demuestra autoridad, podrá incluírsele en un tipo ideal u en otro. En este sentido, hablaremos de influencia cuando el hecho psicológico no llegue a dotar al individuo de la prestancia política o jurídica indispensable para alzarse como autoridad en una materia. Muchas veces se confunde a quien tiene mera influencia sobre algún ámbito cultural (entendiendo por cultura el común de las manifestaciones del ser humano) y gracias a cierto prestigio, sus opiniones y valores puedan llegar a acceder al reconocimiento general (o amplio) en clave jurídica, moral o política.
La autoridad institucionalizada distingue entre el factor personal y el elemento impersonal. La magistratura se concede o conserva para quien demuestra autoridad y reconocimiento. Articular mecanismos de acceso es consustancial al desarrollo de una estructura de potestades institucionalizadas. El acervo político de una comunidad posibilita la consolidación de magistraturas, como títulos que avalan una autoridad que se presume, y que siempre, y en todo caso, resulta exigible durante el tracto de su ejercicio. La potestad equivale a su limitación original, así como a la presunción de autoridad. El sometimiento a las decisiones de quien se halle en el ejercicio de dicha potestad o atribución magistral, depende de que sus opiniones y valores se incorporen o responda a los que soportan el orden social en cuestión.
El liderazgo, como hecho igualmente político y autoritario, rompe con el espíritu conservador de la autoridad, bajo la obsesión por la consecución de determinados fines generales de la comunidad política de que se trate. El liderazgo incorpora todos los atributos de la autoridad salvo el de la limitación y su naturaleza estática. Un magistrado que pretenda romper con ciertos precedentes instituidos en su actual ámbito de control, deberá no sólo hallar reconocimiento autoritario por parte de sus sometidos, sino que también deberá alzar su poder en la fuerza del liderazgo y la influencia, como manifestaciones complementarias. El elemento fundamental es la autoridad, los otros dos son factores que intervienen, para bien o para mal, como circunstancias constantes pero que no siempre logran introducirse en los estrechos resquicios de poder práctico.
La influencia, en sentido estricto, no llega a ejercer directamente el poder que aspira manejar. Su ámbito es el de la voluntariedad, la sugestión y la creación de estados de opinión que, finalmente, decantarán las decisiones o interpretaciones que cierto magistrado, cuando no la mayoría, terminaran acogiendo como propias. Es por ello que nunca asumirá el coste total de sus pretensiones, quien ejerza influencia y nada más que influencia. El liderazgo, en realidad, moviliza política y psicológicamente hasta el extremo de mover a suficientes individuos hacia un posicionamiento severo.
Cuando influencia y liderazgo confluyen en quien ostenta autoridad y, además, logra penetrar dentro del entramado institucional de magistraturas, su impronta resulta irrefrenable. En dicho momento, el mero potestatario logra para sí el máximo reconocimiento que una voluntad puede recibir de sus iguales. Dicha primacía convierte la magistratura que ostente en un motor de cambio. El poder impersonal se sirve de semejante consideración para romper sus cadenas conservadoras e introducir el dinamismo que toda sociedad necesita. El problema, como en todo, es que dicho poder no encuentre contrapeso en otros potestatarios instalados en la conservación del orden a su merced, manifestándose como un hecho absoluto y revolucionario con vocación constructivista.
El intervencionismo competitivo es clave en el desarrollo del segundo mundo de la conducta (el primero es el inconsciente o semiinconsciente mundo de las reglas de mera conducta, del automatismo moral y la intimidad del contenido normativo). Dicho ámbito es el de la articulación contingente y parcial de la parte más superficial de aquel conocimiento normativo que gobierna la conducta humana.
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