El coste de generación de electricidad, determinado por la subasta CESUR, se ha fijado en 6,18 céntimos de euro el KWh y, como consecuencia de ello, el recibo de la luz aumentará en el próximo trimestre más de un 10% con respecto a unos niveles que ya rozan los máximos históricos. Sólo hay un problema: pese a este disparatadísimo precio, es un 15% inferior en términos nominales (casi 25% en términos reales) al que se alcanzó en el tercer trimestre de 2008; o, si vamos más atrás, es un 7% inferior, en términos reales, al precio medio del mercado diario de generación eléctrica de todo 2005. ¿Cómo puede ser, por consiguiente, que el precio de la electricidad se esté encareciendo cuando su coste de generación ha ido cayendo?
En el año 2003, los españoles consumíamos 237.000 GWh en electricidad; una década después, esa demanda se había incrementado hasta 267.000 GWh. El coste de cada GWh consumido, sin embargo, se había más que duplicado entre medias: desde los 6,3 céntimos por KWh a los 13,1 céntimos. Ciertamente, no es imposible que un aumento de la demanda del 12% origine un alza de costes del 108% –si la oferta es muy inelástica y la demanda también lo es, el resultado es ése: aumentos explosivos de precios–, pero debería sonar extraño teniendo en cuenta que paralelamente se ha cuasi duplicado la potencia instalada (desde los 65.000 MW a los casi 107.000). Es decir, en el sistema eléctrico español no hay ninguna rigidez a la hora de aumentar la producción conforme crece la demanda (ésta crece un 12% y la capacidad para producir un 90%), de modo que el alza de los costes cabrá imputarla o un muy sustancial incremento del precio de sus inputs o a un cambio en la estructura de costes de la producción eléctrica desde 2003 a esta parte.
La primera posibilidad podemos descartarla en gran medida: el coste de la hidráulica y de la nuclear no han variado y el del gas está a un nivel similar al de 2003. Sólo el del carbón ha aumentado, pero el peso de las térmicas intensivas en carbón se ha ido reduciendo dentro de nuestro sistema eléctrico: es decir, dado que el nivel de los costes no ha variado sustancialmente, los problemas provendrán de un cambio en la estructura de esos costes (sobreponderando los costes más elevados e infraponderando los más reducidos).
La mutación del mix energético
Primero, todo el incremento de 42.000 MW en la potencia instalada desde el año 2003 se ha concentrado en dos campos: centrales de régimen especial (25.000 MW) y centrales de ciclo combinado (22.000 MW), habiéndose reducido la potencia instalada del resto de fuentes (especialmente en fuel-gas) en 6.000 MW. Dentro de las centrales de régimen especial, el mayor incremento ha sucedido entre las eólicas (17.000 MW), seguido de las fotovoltaicas y termosolares (5600 MW). Hay que tener en cuenta que el aumento de la potencia instalada en las renovables y en las de ciclo combinado está fuertemente interrelacionado: pasar a depender de fuentes de energía intermitentes requiere de la instalación complementaria de centrales fiables que puedan proporcionar electricidad de manera inmediata.
Segundo, el cambio no sólo se ha materializado en la potencia instalada, sino en el modo de cubrir la demanda: en 2003, un 17,7% de la demanda se atendía a través de las energías de régimen especial (y la mitad de ese 17,7% era cubierto por fuentes de régimen especial no renovables); en 2012, el 38% de la demanda era cubierto por energías del régimen especial (y sólo un tercio de ese 38% procedía de energías no renovables). A su vez, las centrales de ciclo combinado han pasado de atender al 6,6% del total de la demanda a hacerlo al 15%.
Es evidente, por tanto, que el cambio estructural que se ha producido dentro de nuestro sistema eléctrico ha sido el estallido de las centrales renovables a partir de 2004 (y de las de ciclo combinado asociadas a las mismas), que no sólo han pasado a atender casi el 25% de la demanda, sino que además lo hacen de manera preferente sobre el resto de centrales. El problema es que el coste medio de estas centrales instaladas hasta 2011 es verdaderamente disparatado, sobre todo en el caso de la fotovoltaica, que roza los 45 céntimos por KWh (el coste medio de la eólica es algo inferior a 8 céntimos por KWh). Para que nos hagamos una idea, si el 100% de la demanda eléctrica de España fuera cubierta por el tipo de fotovoltaicas instaladas en España hasta 2011, el precio del KWh ascendería hasta los 52 céntimos, de modo que la luz se encarecería un 300% con respecto a los niveles actuales.
La retribución a las energías renovables se articula políticamente a través del sistema de primas al régimen especial, cuyo importe se ha disparado desde los 2.000 millones de euros en el año 2003 a los 8.600 en el año 2012, hasta el punto de representar una cuarta parte de todos los costes del sistema eléctrico. Sus defensores sostienen que las renovables rebajan el coste de la generación eléctrica, ya que éste se fija por el coste marginal de la subasta CESUR y las renovables entran a esta subasta a coste cero. No es un mal argumento, pero es obvio que introducir dentro del mix eléctrico tecnologías remuneradas a un precio entre dos y diez veces superior al coste medio del resto de tecnologías no contribuye a abaratar la electricidad: al contrario, tiende a encarecerlo de manera muy notable cuando una cuarta parte de nuestra provisión eléctrica procede de tales fuentes. No en vano, si las renovables hubiesen sido en su momento más baratas que el resto de tecnologías, no habrían necesitado ser primadas políticamente para que cundiera la inversión en ellas. Sólo en el caso de que los costes del resto de centrales se encarecieran muy notablemente tendría sentido decir que las renovables instaladas contribuyen a abaratar la factura (sobre todo, en el supuesto de las eólicas: las fotovoltaicas instaladas hasta 2011 jamás la abaratarán).
El verdadero origen del problema
En todo caso, el problema último de nuestro sistema eléctrico no es que se haya invertido mucho en renovables o muy poco en nuclear: el problema es que las decisiones que se han tomado en un sentido o en otro han partido de consideraciones políticas y no económicas. En algunos contextos, la instalación de renovables puede ser realmente la mejor opción (especialmente, tras las mejoras tecnológicas experimentadas en las fotovoltaicas de nueva generación), pero en otros puede ser una locura antieconómica; precisamente por eso existe un mix energético: porque no hay una fuente que sea universalmente óptima para cualquier contexto.
Sucede que, en España, han sido los incentivos y las hiperregulaciones estatales, en lugar de los incentivos y la experimentación descentralizada, las que han determinado el mix energético del que se abastecen los españoles: se ha sustituido la racionalidad económica por los intereses políticos y de grupos de presión aledaños. Un problema por el lado de la oferta que, para más inri, se ha visto agravado por el de la demanda merced a un artificial abaratamiento político del precio de la electricidad (que no ha cubierto el coste real desde 2004), lo que ha contribuido a cebar el consumo eléctrico en lugar de disciplinarlo (incentivando su transición hacia procesos productivos más eficientes desde un punto de vista energético).
Justamente, lo peor que puede decirse del sistema eléctrico español es que no es un mercado. Puede que la titularidad de sus operadores se haya privatizado, pero no existe competencia alguna en el sentido en que resulta realmente valiosa: no en que haya un número ingente de operadores, sino que los operadores que haya (sean cuantos sean) dispongan de libertad para componer planes empresariales originales y diferenciadores. Evidentemente, si todosproducen electricidad del mismo modo, el precio final que podrá ofrecer cada uno de ellos no variará mucho del resto, sean éstos uno o veintiuno: y, en España, todos han terminado produciendo electricidad de un modo muy parecido porque quien realmente ha planificado nuestro sistema ha sido el Estado a través de sus regulaciones e intervenciones.
Lo que necesitamos no es una renacionalización de las eléctricas –cuya consecuencia sólo sería la de acentuar el mismo control político sobre la electricidad que nos ha abocado al desastre actual a menos que optara por impagar las primas adeudadas a los productores renovables– sino una auténtica liberalización que permita no sólo a las eléctricas competir entre sí innovando, sino a los ciudadanos competir contra las eléctricas a través del autoconsumo. Sin primas y sin subvenciones, sin restricciones y sin privilegios regulatorios. Un libre mercado eléctrico donde el Estado no desempeñe ningún papel y donde, por tanto, colocar a un político en el Consejo de Administración de una eléctrica sea una de las peores inversiones que cualquier eléctrica pueda realizar. Liberalismo como alternativa al corporativismo actual y al socialismo que no constituye alternativa real alguna.
