A su vez, perfilamos que la globalización abre las posibilidades. La división del trabajo ya no tiene que ajustarse a los estrechos límites de un país como España, sino que la especialización puede realizarse a nivel europeo, incluso mundial, aumentando su eficiencia. Cada individuo, en cualquier parte del mundo, puede producir, tras un análisis empresarial de las necesidades de los consumidores, aquello para lo que está más capacitado, sabiendo que podrá venderlo a las más lejanas sociedades. Por último, el capital puede invertirse por todo el orbe de una manera más adecuada en atención a su productividad y a los costes asociados.
En este sentido, por ejemplo, si una guerra devastara toda la riqueza alemana, la recuperación económica sería rápida. Los alemanes estarían forzados al principio a aceptar bajos salarios, ya que sus bienes de capital habrían desaparecido y, por tanto, su productividad sería baja (unos salarios más elevados que la productividad significarían que el empresario está pagando más de lo que espera obtener vendiendo el producto). Estos bajos salarios permitirían a los empresarios españoles producir en Alemania lo mismo que en España, pero a un menor coste. Es más, podrían producir en Alemania y seguir vendiendo la producción a sociedades ricas como España o Reino Unido.
Por tanto, la inversión extranjera en bienes de capital empezaría a reconstruir todo el equipo productivo alemán que había sido destruido con la guerra, y ello, a su vez, provocaría un incremento de los salarios. De esta manera, la situación de pobreza postbélica sería rápidamente revertida. Alemania volvería a ser una sociedad rica, gracias a la globalización. Algo similar, de hecho, ocurrió tras la II Guerra Mundial.
Con todo, muchos han sido los intentos por hacernos creer que el Plan Marshall salvó a Europa de la miseria. Hong Kong, por ejemplo, era por aquel entonces una ciudad paupérrima, y no recibió ningún tipo de Plan Marshall; hoy, gracias a sus libres mercados, interiores y exteriores, es la región más rica y libre del mundo. Fueron, pues, las inversiones empresariales las que reconstruyeron la riqueza Europea, no los planes de algunos políticos iluminados.
Ahora bien, si todo esto es así, ¿por qué África sigue siendo pobre?
Propiedad privada y estabilidad institucional
En el anterior artículo aseguramos que no puede haber riqueza sin propiedad privada. Si yo no soy propietario de una trozo tierra, no podré incorporarlo a mis planes como medio hacia mis fines y, por tanto, no podré considerarlo riqueza. La propiedad común hace imposible que el individuo satisfaga sus fines y, especialmente, dificulta la consecución de fines muy lejanos.
La ausencia de seguridad jurídica sobre la posibilidad de retener los bienes, así como sus rendimientos, crea un perverso incentivo cortoplacista a saquear las propiedades comunes. Lo que es del común es del ningún, reza el refranero español. En teoría económica, a este fenómeno se lo conoce como "Tragedia de los Comunes", expresión acuñada por Garrett Hardin.
La explicación no puede ser más simple. Sin seguridad jurídica yo no puedo incluir un bien en mis planes a largo plazo, pues ignoro si tal bien habrá sido ya usado por otra persona con anterioridad. Es más, en realidad sólo podré dar algún uso a ese bien si lo utilizo antes que los demás, si lo empleo para planes muy inmediatos (ya que, en caso contrario, serán otros quienes lo empleen). Así, se produce una carrera entre los potenciales usuarios para ver quién esquilma antes el bien, es decir, quién lo integra antes en sus planes.
El resultado es la progresiva degradación de la "riqueza natural", que no llegará a convertirse jamás en "riqueza humana". No sólo eso: nadie estará dispuesto a invertir en capital si no tiene la seguridad de que podrá rentabilizarlo.
En África la gran mayoría de las tierras son comunales. Nadie acepta sacrificar su riqueza presente en unas tierras cuyos rendimientos revertirán sobre otras personas que no han invertido. La tendencia, por tanto, es a limitar al máximo el esfuerzo laboral propio para consumir los bienes obtenidos por los compañeros de trabajo. Si el reparto de frutos no depende del esfuerzo individual sino del resultado común, ¿puede esperarse otra cosa que el parasitismo?
Pero esto, a su vez, incide sobre los otros dos medios a través de los que se genera la riqueza: la división del trabajo y la acumulación de capital.
Como hemos dicho, ningún africano emprenderá proyectos empresariales de muy lejano alcance por la enorme inseguridad jurídica que rodea la retención de los medios necesarios para acometerlos. La división del trabajo es un proyecto empresarial de largo alcance; aun en su forma más simple, cada persona deberá esperar a que otros adquieran sus productos para poder consumir aquello que realmente desea. Hay que producir, intercambiar lo producido por dinero y luego comprar el bien deseado.
Sin derechos de propiedad bien definidos, el individuo ignora si podrá completar el proceso: bien podría perder la propiedad de sus mercancías o la del dinero obtenido. Por ello, cada persona tratará de proveerse de aquello que necesita directamente; no pretenderá especializarse en satisfacer las necesidades ajenas. Retrocedemos, así, a una economía de subsistencia donde la división social del trabajo y del conocimiento ha desaparecido.
De la misma manera, la ausencia de instituciones estables que garanticen el derecho de propiedad (las frecuentes guerras civiles, las férreas dictaduras y las recurrentes expropiaciones nacionalizadoras) desalientan tanto a los propios africanos como a los occidentales de invertir allí su riqueza en forma de capital. Recordemos que la inversión en capital supone sacrificar riqueza presente para obtener una renta futura que compense el sacrificio actual. La ausencia de propiedad, pues, no sólo vuelve incierta la propiedad sobre ese conjunto de rentas futuras, sino sobre la inversión de capital que da lugar a las mismas.
Sin derechos de propiedad la riqueza se esfuma, la división de trabajo se resquebraja y el capital desaparece en cuanto a tal.
El proteccionismo occidental
La responsabilidad de los africanos, y especialmente de sus políticos, es manifiesta. La ausencia de instituciones y el fomento de dictaduras anticapitalistas es la razón de fondo de la pobreza en África. Sin embargo, la inexistencia de dichas instituciones no significa que no puedan aparecer y formarse. La inversión occidental, por ejemplo, promovería el respeto por la propiedad privada, el esfuerzo individual y la iniciativa empresarial. Los africanos empezarían a imitar y copiar las provechosas conductas occidentales, aprendiendo a aumentar su propio bienestar sin atacar el de los demás.
El problema es que los africanos se han convertido en víctimas del proteccionismo occidental. En el primer artículo dijimos que el progreso económico necesitaba de libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales, esto es, de globalización. Pues bien, a pesar de que la izquierda no deje de repetir lo contrario, la globalización se encuentra en un estadio extraordinariamente primitivo.
Los aranceles europeos y norteamericanos están matando a África (no en vano, en las pasadas elecciones europeas Coalición Liberal utilizó el contundente slogan de "La PAC mata"). No se trata, solamente, de que el proteccionismo impide a los africanos vender sus productos en los mercados occidentales a precios más elevados de los que podrían obtener en los mercados locales: el perjuicio de los aranceles va mucho más allá.
Dado que los empresarios occidentales saben que, en caso de trasladar sus plantas a África, no van a poder vender sus productos en Europa, los incentivos a la inversión occidental en África desaparecen. En otras palabras, si el empresario tiene la ventaja de producir barato en África y se ve constreñido a vender barato "en África", la razón para invertir en una zona inestable e insegura, con márgenes de beneficio similares a los occidentales, es escasa.
Así, las sociedades africanas no pueden recurrir al ahorro occidental para financiar sus estructuras de capital; al no existir libre comercio, la libertad de movimientos de capital se marchita.
Y sin ella difícilmente podrá África prosperar a corto plazo. Por un lado, porque las empresas occidentales no ejercerán su necesaria función de liderazgo, generando de manera espontánea las instituciones y comportamientos pautados previamente descritos. Por otro, porque sin el capital occidental, como ya dijimos, los africanos son incapaces de explotar su inmensa "riqueza natural". La izquierda puede frotarse las manos ante los sustanciosos recursos naturales africanos, pero sin el capital occidental son del todo accesorios e inútiles.
Pero, finalmente, y sobre todo, porque los africanos no tienen capacidad para acumular a corto plazo el ahorro necesario como para emprender inversiones en capital. Europa necesitó varios siglos para obtenerlo; a Asia, en cambio, le han bastado unas pocas décadas, gracias al excedente de ahorro occidental. África debería seguir el mismo camino, si los políticos, europeos y africanos, no distorsionaran la libertad empresarial.
Además, si recordamos las conclusiones del artículo anterior, no nos será difícil comprender algunas de las consecuencias de la política arancelaria. Dijimos que había dos opciones para conseguir aumentar el nivel de vida de los africanos: o bien los empresarios occidentales invertían en África, donde los salarios son bajos, para vender sus productos en Europa, o bien los africanos acuden allí donde los salarios son elevados.
Ante la imposibilidad de la primera opción, la segunda vía de escape aparece como el único camino. No es extraño, pues, que Europa, ante sus irresponsables aranceles, esté padeciendo enormes oleadas de inmigración. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si el capital no puede acudir allí donde el salario es barato, el trabajo acudirá allí donde el salario es alto.
En el caso de que los políticos europeos quisieran realmente reducir la creciente inmigración que padece Europa, nada hay más urgente que eliminar los gravosos aranceles comunitarios. No ya sólo porque empobrezcan a los africanos, sino porque hacen lo propio con los consumidores europeos, forzados a pagar un precio superior al que hubieran desembolsado sin arancel.
Vemos, pues, cómo el ataque al libre comercio repercute necesariamente sobre el movimiento de capitales y la división social del trabajo. Ninguna restricción de las libertades es inocua, todas provocan una serie de acontecimientos sociales, a cada cual más nocivo: y es que los problemas de la inmigración en occidente se ven, a su vez, agravados por otra serie de políticas intervencionistas.
Para terminar con la pobreza y la inmigración descontrolada debemos reestablecer el libre comercio que caracterizó al siglo XIX, el de mayor expansión económica de la historia. Sólo así los empresarios occidentales decidirán invertir en África, facilitando la emergencia del respeto a la propiedad privada y de una clase empresarial nativa que liderará en el futuro el desarrollo de sus sociedades. El libre comercio, además, permitirá a los africanos acumular sus propios ahorros, lo que a su vez dará lugar a una clase capitalista africana.
Ninguna de estas propuestas ha sido planteada por el Live 8 y el G-8. En su lugar, hemos escuchado propuestas tan pintorescas como la Tasa Tobin, la condonación de la deuda externa, la escolarización obligatoria de la población y, sobre todo, la ayuda externa estatal a través del 0’7%. ¿Tienen estas propuestas algún viso de viabilidad o simplemente acrecentarán el problema original de la pobreza? Lo explicaremos en el próximo artículo.
