El Instituto Juan de Mariana presenta “Fiscalidad y descarbonización: una propuesta climática capaz de aumentar la competitividad fiscal y la libertad económica”. Los mensajes centrales del documento son los siguientes:
- Las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido con fuerza, pero poner en marcha las propuestas de decrecimiento que se plantean como respuesta sería un paso atrás que hundiría la producción y, con ello, el bienestar. La propia pandemia del coronavirus sirvió como ensayo del efecto que tienen las políticas de decrecimiento: se frenó la actividad económica y las emisiones bajaron un 4%, pero la pobreza mundial aumentó en 60 millones de personas. Para España, una estrategia de decrecimiento reduciría un 24% el PIB, según estimaciones de Fedea.
- La fórmula más apropiada para compaginar la descarbonización con el bienestar social y la prosperidad económica pasa por impulsar la libertad de mercado. En el Índice de Desempeño Medioambiental de la Universidad de Yale, la puntuación cosechada por las economías más abiertas se sitúa un 64 por ciento por encima de la nota asignada a los países con menos libertad de mercado.
- Una mayor libertad económica propicia un mayor nivel de desarrollo y, al mismo tiempo, un país más rico tiene más posibilidades de reducir con éxito la huella medioambiental de su producción. En los quince últimos años, la evolución de las emisiones de CO2 se han reducido un 14% en los países con mayores niveles de renta, con una caída del 20% en términos per cápita. Las investigaciones encuentran que elevar en un 1% los niveles de libertad económica reduce un 0,3% las emisiones de carbono.
- No es sensato plantear la gestión climática como un asunto apocalíptico al que se deben dedicar ingentes recursos económicos. El Premio Nobel de Economía especializado en asuntos medioambientales, William Nordhaus, estima que el coste de los escenarios climáticos oscila entre el 1% y el 2% del PIB. Por lo tanto, en vez de plantear grandes programas de gasto, lo más sensato y eficiente es formular propuestas de descarbonización inteligentes, eficientes y pegadas a la realidad.
- Para acelerar la descarbonización, se propone la puesta en marcha de los llamados fondos de aceleración de la descarbonización o FAD. Se trata de instrumentos financieros diseñados para incentivar la inversión en propiedades, plantas o equipos. Las empresas que aporten capital a estos fondos no pagarían impuestos sobre las rentas o intereses generados por esta vía, lo que reduciría los costes de capital y abarataría, en la práctica, el coste de realizar nuevas inversiones empresariales. Como es lógico, la renovación de la dotación de capital permite generalizar nuevas soluciones más eficientes, limpias e innovadoras, lo que tiene el efecto de acelerar la actividad económica y, en paralelo, recortar la intensidad energética de la producción.
- Como reformas complementarias a los llamados fondos de aceleración de la descarbonización, se podrían implementar reglas que permitan la depreciación plena e inmediata de las inversiones empresariales o cambios en el Impuesto de Sociedades que eximan de su pago en el caso de las ganancias empresariales que sean reinvertidas.
- Asimismo, se proponen rebajas fiscales a la descarbonización o RFD centradas en los sectores que concentran el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero: a saber, la construcción, las manufacturas, el transporte, la energía y la electricidad, la industria y la agricultura. Se propone la bonificación total de las inversiones realizadas en tecnologías o equipamientos que permitan reducir las emisiones de la producción, hasta permitir un ahorro equivalente a cinco puntos porcentuales del tipo general del Impuesto de Sociedades. El coste fiscal de la medida rondaría los 6.000 millones, de modo que su encaje presupuestario es manejable.
- Otras propuestas fiscales que podrían facilitar la descarbonización pasarían por (1) dejar libres de impuestos los beneficios obtenidos por empresas que desarrollen tecnologías disruptivas que faciliten una reducción agresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, entendiendo como tal una caída del 50% en relación con las tecnologías preexistentes y acotando la exención a un periodo de diez años, (2) introduciendo descuentos fiscales a la filantropía de tipo medioambiental, en línea con las normas aplicadas en países como Estados Unidos donde se incentiva la financiación privada de proyectos de conservación, o (3) dejar libres de impuestos las operaciones de compra-venta de participaciones en empresas participantes en aquellos sectores que concentran el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero, para facilitar una mayor inversión y competencia en dichas ramas de actividad.
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