Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana analiza las consecuencias económicas, sociales y legales de las políticas de subsidios masivos dedicados a la promoción de energías renovables en España entre los años 1998 y 2014. Durante este periodo, el país experimentó un auge del gasto público dedicado a promocionar la instalación de energías renovables, una apuesta que descuidó los incentivos propios del mercado y derivó en una burbuja especulativa, cuya corrección sigue impactando en el desempeño de la economía española.
Entre 1998 y 2014, las energías renovables en España pasaron de 5.000 MW a 40.000 MW de capacidad instalada. Este crecimiento estuvo impulsado por políticas como las Feed-In-Tariffs, que garantizaron precios superiores al mercado para las energías limpias. En total, los compromisos de retribución para todo el periodo pueden llegar a superar los 300.000 millones para el periodo 2000-2038.
Debido a esta apuesta volcada en el lado de la demanda, los precios de la electricidad en España crecieron un 62% entre los años 2007 y 2013, más del doble del promedio europeo. Además, el déficit de tarifa acumulado durante este período alcanzó los 40.000 millones de euros, generando una deuda que los consumidores siguen amortizando en sus facturas.
El informe, titulado Una burbuja verde, destaca que las políticas renovables no solo afectaron a los consumidores, sino también a la industria española, que perdió competitividad debido a los altos costes energéticos. De hecho, el mismo sector de energías renovables perdió más del 50% de sus empleos tras el estallido de la burbuja, pasando de 143.000 puestos en 2008 a 75.000 en 2015.
La corrección de la burbuja en 2013, mediante recortes retroactivos de las tarifas garantizadas, desencadenó una ola de litigios internacionales. Hasta la fecha, España ha sido condenada en más de 25 procedimientos de arbitraje y, a finales de 2024, las empresas afectadas reclamaban cerca de 1.900 millones de euros al país.
El informe subraya que las políticas energéticas deben equilibrar los objetivos medioambientales con la sostenibilidad económica y la seguridad jurídica. Abogar por un enfoque de mercado, que promueva la innovación y reduzca los costes mediante la competencia, es esencial para evitar repetir errores pasados y fomentar un crecimiento racional de la actividad energética y del conjunto de la economía.
El informe al completo se puede descargar haciendo clic aquí.
