Barack Obama llegó a la Casa Blanca gozando de una inmensa popularidad tanto dentro como fuera de EEUU, puede que incluso mayor en el exterior que en el interior de su país. Y, aunque su imagen se haya deteriorado en parte (sobre todo en los propios Estados Unidos, no tanto en el resto del mundo), para muchos sigue personificando el ideal de gobernante. Pero, pese a lo efectivo de la propaganda en torno a su persona, la herencia que puede dejar el actual presidente de Estados Unidos puede ser nefasta en muchos aspectos. Uno de ellos es, sin duda alguna, el de la libertad de expresión.
Primero supimos que el Gobierno estadounidense había pinchado el teléfono de cien periodistas de la agencia Associated Press y que el FBI había estado accediendo al correo electrónico de James Rosen, de Fox News, al que se le acusa de "instigador, cómplice o cooperador necesario del delito" (la entrega de información confidencial por parte de su fuente, un empleado del Departamento de Estado). Ahora ha obtenido una mayor repercusión mediática un nuevo caso de persecución a quienes se dedican al periodismo. Obama sigue dando pasos para parecerse cada vez más a Nicolás Maduro y Rafael Correa.
Barrett Brown lleva más de diez meses detenido, tras haber sufrido dos registros de su domicilio y uno de la casa de su madre, por publicar y analizar información confidencial de la agencia privada Stratfor, contratista del Gobierno Federal. Brown no había penetrado en los sistemas informáticos de dicha compañía. Se limitó a trabajar en el denominado Project PM sobre los documentos que habían sido obtenidos por Jeremy Hammond, miembro del grupo Anonymous, y publicados por Wikileaks. El periodista, de 31 años, no obtuvo la información de forma ilegal ni pagó para que otros lo hicieran. El delito lo cometió, y de ello se ha declarado culpable, Hammond.
En los sistemas democráticos no hay delito alguno en publicar información confidencial que terceros han conseguido o filtrado sin tener autorización para ello. En caso contrario, podrían haber sido condenados todos los medios que informaron sobre los cables diplomáticos de Wikileaks o, por ejemplo, los periódicos que en España han informado sobre partes de procesos judiciales sometidos a secreto de sumario. Y nunca, afortunadamente, ha ocurrido.
El Gobierno de Obama no se atreve a intentar encarcelarle por el mero hecho de informar, algo que no sería aceptado por ningún juez por atentar de forma evidente contra la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. Sin embargo, hay vías para tratar de que acabe en prisión.
Le mantuvieron detenido, sin cargos y sin tratamiento médico adecuado, durante más de dos semanas. Pasado ese periodo, el 3 de octubre de 2012 fue acusado de "amenazas" a uno de los agentes del FBI que habían registrado su domicilio, "conspiración" y "venganza" contra ese mismo funcionario. Algo más de dos meses después se le sumaban 12 cargos relativos al robo de la información de Stratfor (que, como ya señalamos, él no había realizado y cuyo autor había confesado). Finalmente, en enero de 2013 se presentaron dos nuevas acusaciones por "ocultamiento de pruebas".
En total son 17 cargos, que acaban de ser confirmados y por los que se le pide un total de 105 años de prisión, diez veces más que la condena máxima que se le podría imponer al autor del robo de los datos. Todo ello con un doble objetivo: callar definitivamente a un joven periodista que resultaba incómodo para Obama y, de paso, asustar a todos los profesionales de la información que pudieran tener acceso a información sensible para el Gobierno.
¿Cuál será el siguiente paso de Obama? ¿Comenzar a hablar de "democratización de los medios" para tratar de cerrar con distintas excusas radios, televisiones y periódicos críticos? Si el actual presidente de EEUU no tiene problema para intentar encarcelar a periodistas, al más puro estilo castrista, ¿por qué habría que tenerlo para seguir los pasos del difunto Hugo Chávez y Rafael Correa? En cualquier caso, el futuro de la libertad de expresión se presenta muy oscuro en Estados Unidos.
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