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Análisis de las elecciones en Guatemala 2023

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Están a punto de celebrarse las elecciones en Guatemala. Pese a múltiples embates, la democracia liberal guatemalteca sigue en pie. Logró empezar su transición democrática en 1985, aun cuando la guerra interna duraría hasta 1996. Sus instituciones nacientes lograron soportar el infame Serranazo, un golpe de Estado en 1993 perpetrado por el propio presidente Serrano Elías para avanzar su agenda sin límites institucionales.

En 2015, las protestas masivas por los escándalos de corrupción de la administración Pérez Molina no llevaron a una ruptura del sistema. El binomio presidencial renunció en medio de las elecciones y el presidente interino preservó la institucionalidad del Gobierno. La judicialización de las elecciones de 2023 son la afronta más reciente al régimen democrático liberal guatemalteco. Aunque el sistema ha demostrado ser resiliente, esto no es garantía para detener el triunfo del autoritarismo permanentemente. Este ataque es una manifestación clara de la cartelización del poder político en el contexto de la regresión democrática que sufre Guatemala junto al resto de Centroamérica.

El resurgimiento del autoritarismo no es un fenómeno aislado de Guatemala. De hecho, la regresión democrática de las repúblicas centroamericanas coincide con un estancamiento y debilitamiento del proceso de integración centroamericana. A nivel latinoamericano, Centroamérica ha tenido la historia más complicada con la democracia liberal.

Sin embargo, los 1980 supusieron un giro en la dirección correcta. Este istmo, que en su momento fue una república federal, decidió apostar por la integración económica y política a la usanza de la Unión Europea. De la mano de Estados Unidos y los miembros de la Unión, Guatemala, El Salvador y Nicaragua lograron varios hitos: (1) terminaron sus guerras internas, (2) permitieron elecciones libres y la alternancia pacífica en el poder y (3) abrieron sus mercados entre ellos y con el mundo occidental. Así, las décadas de los 1990 y el 2000 fueron la mejor época para los individuos centroamericanos, por primera vez significativamente libres y prósperos. La integración económica-política fue el escenario ideal para garantizar el libre comercio y la democracia liberal en cada país con políticas regionales comunes.

Las regresiones democráticas en estos países están minando el éxito histórico de la integración. En cada país, es bastante claro quién es el culpable. En Nicaragua, Daniel Ortega, líder de la Revolución sandinista que regresó al poder democráticamente en 2007, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidente, crearon un régimen personalista y familiar que ha purgado a todos los opositores.

En Honduras, dos tendencias autoritarias enemistadas intentan concentrar el poder: el Partido Nacionalista con profundos vínculos con el narcotráfico contra los socialistas del siglo XXI cuyo gobierno actual, a cargo de Xiomara Castro de Zelaya y de su esposo y expresidente Manuel, tiene al país en estado de emergencia desde hace medio año.

Finalmente, El Salvador, bajo Nayib Bukele, ha perdido la división de poderes con este presidente que busca perpetuarse en el poder al saltarse las instituciones aprovechando las cortes afines y la supermayoría que goza en el legislativo.

Guatemala también sufría de la regresión democrática al igual que las repúblicas hermanas de Centroamérica. Sin embargo, no había un verdugo claro. No había un partido como en Honduras, una familia como en Nicaragua o un presidente como en El Salvador. Los altos índices de corrupción y la conflictividad social en el interior del país debilitan el elemento liberal de la democracia, pero en su institucionalidad nacional se mantenía la relativa separación de poderes e independencia. El gobierno de Jimmy Morales, presidente electo durante los escándalos de corrupción del 2015, intentó aislarse del mundo y manipular el poder de las instituciones judiciales, pero fracasó. En gran medida, el gobierno del titular Alejandro Giammattei intentó lo mismo sin mayor éxito.

Eso podría cambiar en 2023, específicamente ante la judicialización de las elecciones. Los comicios generales en Guatemala se caracterizan por su transparencia. El Tribunal Supremo Electoral ha garantizado la validez de las elecciones, las cuales son organizadas en gran medida por civiles sin afiliaciones políticas. Sin embargo, desde 2019, la coalición mayoritaria ha intentado minar los comicios. En vez de permitir una competencia real y libre entre partidos, buscan limitar la participación de candidatos que amenacen su continuidad en el poder. En esencia, la coalición mayoritaria se comporta como un cártel político al limitar la participación de contrincantes reales.

Se pueden definir tres tipos de candidato: prorégimen, en pacto con el régimen y antirégimen. Los candidatos prorégimen son aquellos que aseguran la continuidad de la coalición mayoritaria del presidente de turno. Aquellos que pactan con el régimen son personas que, aunque no son aliados del presidente, entran en un acuerdo para que puedan participar. No aseguran la continuidad directa, pero impiden una alternancia real en el poder. Finalmente, los candidatos antirégimen son quienes cambiarían la coalición mayoritaria, sin que esto implique un giro a la democracia liberal necesariamente. Los candidatos antirégimen son los que sufren de persecución. Su eliminación de las elecciones, sin embargo, trae resultados inesperados al empoderar otros candidatos antirégimen.

El primer caso de la cartelización de la coalición mayoritaria fue en 2019. En esos comicios, se eliminaron dos candidatas importantes y potencialmente antirégimen: Zury Ríos y Thelma Aldana. La primera, conservadora, fue eliminada con un tecnicismo constitucional. Sus detractores aseguran que la constitución prohibía su candidatura por ser hija de un dictador, Efraín Ríos Montt.

Sin embargo, la jurisprudencia guatemalteca no es clara sobre la aplicación de este artículo, mientras que cortes internacionales dicen que viola los derechos humanos de la candidata. En el caso de Aldana, la exfiscal general a cargo de investigar los escándalos de corrupción de 2015 iba a ser presidenciable con el Movimiento Semilla. Sin embargo, el mismo día de su inscripción salió un caso de supuesta corrupción en su contra. Salió del país para exiliarse en Estados Unidos.

En 2019, ambas candidatas eran las favoritas junto a Sandra Torres, eterna candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. La eliminación de dos de las tres punteras llevó a resultados extraños. La eliminación de Ríos llevó al surgimiento de dos candidatos: el populista antisistema Roberto Arzú y el conservador Alejandro Giammattei. Este último llegaría a ser presidente. La eliminación de Aldana llevó a más votos para la candidata Thelma Cabrera, indigenista y socialista poco conocida en política nacional. El presidente del momento, Jimmy Morales, no quería que sus enemigas asumieran la presidencia. Cuando su coalición mayoritaria se comportó como cartel, sin embargo, empoderó a movimientos de extrema derecha y extrema izquierda que antes eran marginales.

En 2023, la cartelización de la coalición mayoritaria se volvió más evidente y agresiva. El titular en esta ocasión, Giammattei, previno las candidaturas radicales inesperadas que sorprendieron en 2019. Los antirégimen Arzú y Cabrera fueron eliminados por tecnicismos legales en el marco de una ley electoral con muchos requisitos que se prestan a prohibiciones electorales tácitas. En esta ocasión, tanto Ríos como Torres se volvieron candidatas en pacto con el régimen.

Para evitar ser eliminadas, cooperaron con la coalición mayoritaria en ciertos casos. Por ejemplo, Torres logró evadir una orden de captura por supuesta corrupción en campañas electorales cuando su partido apoyó al presidente en el legislativo. Ríos ayudó a escoger jueces en las cortes, tanto para ayudar al presidente como para blindarse del artículo constitucional que usan en su contra arbitrariamente.

La diferencia entre 2019 y 2023 es la fuerza de los ataques contra los candidatos antirégimen. En vez de simplemente eliminarlos antes de la elección, se les empezó a perseguir en medio de los comicios. El primer afectado fue Edmond Mulet, tecnócrata y exfuncionario de la ONU. El gobierno guatemalteco le fabricó un caso por obstrucción a la justicia cuando el candidato denunció el arresto injustificado de un periodista prominente en el país. El director de «El Periódico» reveló la posible colusión de Giammattei y el gobierno ruso para asegurarle al Kremlin un puerto en el Caribe. Mulet era uno de los tres favoritos para competir en la segunda vuelta, junto a Torres y Ríos. El caso nunca se concretó, pero la amenaza de prisión para el candidato no está del todo eliminada.

El segundo candidato antirégimen es Carlos Pineda. Este fue el candidato inesperado que surgió ante el descontento con los candidatos relacionados a Giammattei. Pineda tiene vínculos con dos excandidatos a la presidencia que fueron apresados en Estados Unidos por narcotráfico. Se perfilaba como el outsider que no le debía nada al presidente. Cuando una encuesta nacional le dio el primer lugar, el gobierno guatemalteco procedió a anular las candidaturas de todo su partido por supuestamente no cumplir con ciertos requisitos de la ley electoral. Así, el candidato puntero sorpresa quedó fuera de la carrera a la mitad de la campaña.

El tercer candidato es Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Este candidato fue irrelevante en la campaña para la primera vuelta. Su segundo lugar, lo que le asegura un lugar en el balotaje contra Torres, sorprendió a todos. Ante la victoria probable de un candidato antirégimen, Giammettei y sus aliados se movieron contra él.

Por primera vez en la historia del país, buscaron revertir los resultados de la elección. Primero, pidieron un recuento de los votos. Cuando se confirmaron los resultados, intentaron cancelar judicialmente al Movimiento Semilla como partido político. Además, allanaron dos veces el Tribunal Supremo Electoral para intentar anular los votos que no les favorecían. En última instancia, la estrategia subyacente parecer ser que el tercer lugar de la elección, el candidato prorrégimen Manuel Conde, llegue al balotaje contra Torres a como dé lugar.

Como en ocasiones anteriores, la institucionalidad guatemalteca ha resistido los embates del autoritarismo. Las cortes bloquearon la cancelación de Movimiento Semilla. El TSE se embarcó en una campaña nacional e internacional para proteger los resultados de la elección, demostrando su alejamiento de Giammattei pese a la posible complicidad en la eliminación de candidatos como Pineda. Por el momento, la elección parece que se dará con relativa normalidad. Sin embargo, la persecución contra los partidos antirégimen podría continuar para debilitarlos en el nuevo gobierno. La cancelación de Semilla, por ejemplo, le inhibiría de tener puestos de poder en el congreso.

La cartelización de la coalición mayoritaria en Guatemala, liderada por el presidente Giammattei, deja claro quién es el actor autoritario dentro del país. Así, el país más poblado de Centroamérica se una a las repúblicas vecinas en tener un actor autoritario clave. La regresión democrática del istmo no solo afecta la política. Paraliza el proceso de integración centroamericano, el cual se volvió una arena de competencia entre dictadores. Se estanca el libre mercado regional, tan esencial para las mejoras sociales y económicas de los últimos 40 años.

Las coaliciones mayoritarias autoritarias de cada país se aíslan de Occidente para concentrar el poder. Luchan entre sí y buscan nuevos aliados autoritarios como China o Irán. En ese contexto, los grandes perdedores son los centroamericanos. La ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas para frenar esta regresión nunca había sido tan necesaria. Es preciso regresar a esa pacificación, democratización y liberalización económica que catapultaron a Centroamérica a la modernidad.

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