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Contra los Juegos Olímpicos de Madrid 2016

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Cuando hace años un detestable político nacionalista catalán quiso lanzar su bilis victimista contra los ciudadanos de Madrid, y del resto de España, no tuvo otra ocurrencia que clamar por un boicot a la candidatura que el ayuntamiento de esa ciudad, con el alcalde favorito de los medios de comunicación dominantes a su cabeza, había lanzado. Como era de esperar su boutade concitó la unanimidad de todos los odios contra su persona, en dura puja con los ataques que por estos lares mereció el "atrevimiento" del príncipe Alberto de Mónaco cuando preguntó sobre las medidas de seguridad que la organización habría dispuesto para los Juegos Olímpicos de 2012, que, como se sabe, al final se celebrarán en Londres.

Pasado el tiempo, sin embargo, la postura del muy mejorable Carod-Rovira tiene mucho sentido. Pero, obviamente, por el bien de los madrileños y españoles en general. Podría tratarse de un caso en el que el camino del cielo se pavimentara siguiendo las malas intenciones de un sectario.

Recapitulemos. El Ayuntamiento de Madrid mantiene el nivel de endeudamiento más alto de los municipios españoles. Recientemente sus gestores anunciaron que acometerían distintos recortes de gastos en su presupuesto, pero que de ningún modo afectarían a los destinados a conseguir la elección de la capital de España como sede olímpica para el año 2016. La noticia tiene una trascendencia capital a medio plazo, no solo para los incautos que votaron al actual alcalde Alberto Ruiz Gallardón, sino para todos los españoles que, de una manera u otra, son obligados a sufragar los gastos de este Estado (compuesto de Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones). No en vano el alcalde ha conseguido dos proezas difícilmente superables. Su administración ha triplicado la deuda pública del ayuntamiento que preside en un periodo de cinco años y ha dejado por ortodoxos a otros gestores de ciudades que sin duda merecen el distintivo de despilfarradores, como son los regidores de Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza. La deuda del Ayuntamiento de Madrid iguala a la suma de todas estas mal gestionadas –y, sin embargo, entrañables– villas.

Si el año que viene los miembros de la comisión de evaluación del comité olímpico internacional así lo decidieran, empero, un enorme dispendio de recursos sería atrapado para ser transferido a toda la cohorte de contratistas que se beneficia de la redistribución de rentas en estos eventos. Lamentablemente, el proceso de selección de las ciudades candidatas para convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2016 se encuentra muy avanzado. Los términos de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Madrid en el COI no parecen reversibles a mitad de camino y, aunque las respuestas del Ayuntamiento de Madrid al cuestionario solicitado por ese organismo internacional adolecen de cierta indeterminación y mencionan la apertura al patrocinio privado para la financiación del proyecto, se parte de una premisa incuestionable: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España asumirán la responsabilidad por las deudas en que la organización de esas olimpiadas pueda incurrir.

Hasta los más avezados despilfarradores deberían reconocer que los ingentes gastos que comporta la organización de un evento de estas características no son asumibles por unos presupuestos públicos que van a arrojar unos déficit gigantescos durante la recesión económica.

Ya no es posible seguir el modelo de gestión y asunción de responsabilidades económicas que distinguió –con notable éxito, a pesar del boicot de la antigua Unión Soviética y sus países satélites– la organización de los Juegos olímpicos de 1984 en Los Ángeles. Para empezar, el comité organizador fue fundado en junio de 1978 como una organización privada sin ánimo de lucro sometida a las leyes del estado de California, cuya independencia quedaba garantizada por la ausencia de representantes políticos en su consejo de administración y la prohibición de la financiación pública. Esos elementos constitutivos no fueron óbice para que el alcalde Tom Bradley apoyara las negociaciones de los gestores con el Comité Olímpico Internacional para conseguir sus objetivos. Meses más tarde, el pleno del ayuntamiento de esa ciudad aprobó una enmienda de sus ordenanzas fiscales que prohibió acometer gasto alguno en los Juegos que no tuviera que ser devuelto de forma vinculante. El marco legal, pues, forzó al comité organizador a autofinanciarse sin acudir a las subvenciones o los préstamos del gobierno local.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid creó la sociedad semipública Madrid 2016 para gestionar eventualmente la trigésimo primera olimpiada. Llama la atención que entre sus patrocinadores privados aparezcan conocidas empresas españolas cuyos nombres no sorprendería ver como contratistas y suministradores de la propia sociedad a la que patrocinan.

Sería preferible en circunstancias normales que los gastos y las potenciales ganancias o pérdidas de la organización de unos Juegos Olímpicos en Madrid hubieran sido asumidos por algún grupo de emprendedores. No hubiera comprometido forzosamente al resto de los ciudadanos el que las administraciones respaldaran ese proyecto con un patrocinio institucional gratuito, tan del gusto del protocolo internacional. Pero, dada la evolución de los acontecimientos, parece poco factible un replanteamiento de la candidatura. Si no quiere arrojarse aun más aflicción a las flacas cuentas de los españoles, el Ayuntamiento de Madrid debería renunciar a la organización de los Juegos de 2016. La Olimpiada puede esperar.

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