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La corrupción es la norma

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Los escándalos de corrupción, que a menudo salpican las primeras páginas de los periódicos, tienen la virtud de hacer cada vez más difícil a los políticos y a sus medios de comunicación afines sostener la ficción de que se trata de asuntos excepcionales dentro de unas coordenadas de comportamiento generalmente correctas. Sin embargo, cuando el sistema se sostiene en cimientos ya podridos, lo raro no es que alguien maneje sus engranajes en beneficio propio, sino que haya alguien con capacidad decisoria que no lo haga.

El sistema de pensiones de la seguridad social es un fraude por sí mismo, más allá de que la implicación de alguna representante del petardeo televisivo en un caso puntual le otorgue a éste una relevancia especial. El método de reparto en el que se basa el procedimiento de asignación de pensiones, como es bien sabido, no difiere gran cosa de la conocida estafa piramidal, en virtud de la cual muchos pagan a unos pocos con la esperanza de llegar un día a la cúspide de la figura y empezar a recibir ingresos, aunque lo más normal es que a mitad del proceso todo el montaje se vaya abajo y la mayoría no se convierta nunca en perceptora neta. De hecho, la seguridad social pública ya hubiera implosionado en los estados del bienestar si no fuera por las ingentes inyecciones económicas de los distintos gobiernos.

El penúltimo escándalo, al que nos referíamos, tiene que ver con la supuesta concesión de pensiones de invalidez fraudulentas, algo que sólo puede ocurrir bajo el actual método de reparto, pues si se implantara el sistema de capitalización, de forma que cada individuo se hiciera responsable a través de depósitos mensuales de su pensión futura, nadie podría «robar» a otro su capital mediante partes de baja ficticios como ocurre actualmente.

La prohibición de construir viviendas u otros edificios sin la oportuna licencia expedida por el órgano político correspondiente, es también otro ejemplo de corrupción sí mismo. La maldad intrínseca de este sistema consiste en que no existe seguridad jurídica sobre qué o qué no se puede hacer en un determinado terreno hasta que un político municipal da su visto bueno. Los que piensan de buena fe que es la mejor manera de garantizar un crecimiento urbanístico adecuado, no deben luego escandalizarse de que ocurran escándalos como el de Marbella, pues todo el hormigón construido ha contado con todos los premisos urbanísticos, tanto municipales como de la Junta de Andalucía.

La mejor forma de luchar contra la corrupción no es crear «observatorios» ni fiscalías ad hoc, sino quitar a los políticos la capacidad decisoria sobre asuntos en los que se generan ingentes cantidades de dinero que pertenecen a todos los que pagamos impuestos.

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