Participaciones preferentes: ¿culpa del Estado o del libre mercado?

Tras más de tres años desde que saltase a la palestra el escándalo de las participaciones preferentes, el tema sigue copando titulares de prensa, especialmente desde que se han hecho públicos correos de Miguel Blesa -ex presidente de Caja Madrid- en los que hace alusión a las mismas. En concreto, Blesa reconocía inicialmente tener miedo de "los excesos de celo de la red (comercial)" para más tarde afirmar con sorpresa ante el éxito en la colocación "¡Qué bárbaro! Y eso que habíamos engañado a los clientes". Prácticamente para toda la opinión pública la culpa de la supuesta comercialización fraudulenta de estos productos financieros recae en la banca. Tanto es así que, ADICAE, la principal asociación que agrupa a los damnificados por las preferentes, ha reconocido públicamente su deseo de crear una banca pública como solución a futuro del problema. Conviene por tanto analizar de forma detallada si la responsabilidad de este problema es del libre mercado o del Estado.

Antes de nada, repasemos brevemente cuál es el origen de las emisiones masivas de participaciones preferentes. En el año 2008, con la burbuja inmobiliaria pinchando de forma virulenta, los bancos empezaron a sufrir en sus balances las consecuencias de la peligrosísima política de concesión de préstamos que habían desarrollado en los años previos. Fruto de las políticas monetarias ultraexpansivas de las Reserva Federal y el Banco Central Europeo, el tipo de interés medio de las hipotecas cayó en España desde el 6,5% en 2001 al 3% entre 2003 y 2005. Como era de esperar, con unos tipos de interés tan bajos, el sector privado se endeudó de forma masiva para sufragar consumo y multitud de proyectos empresariales, siendo muchos de ellos bastante arriesgados. Como recoge Juan Ramón Rallo en su libro "Una alternativa liberal para salir de la crisis" en el año 2007, "más del 60% de todos los préstamos que nuestras entidades financieras tenían concedidos a familias y empresas guardaba una vinculación directa con el ladrillo (55% en el caso de los bancos y 70% en el caso de las cajas)". Tras el estallido de la crisis subprime en EEUU (alentada también por la Fed), el mercado interbancario sufrió severamente y se produjo una congelación temporal de préstamos interbancarios. La progresiva caída en el precio de la vivienda junto con la incapacidad de múltiples acreedores de la banca de hacer frente a los préstamos hizo saltar las alarmas. Aunque había algunos -como era el caso de Zapatero- que veían en la banca española al "sistema financiero más sólido de la comunidad internacional, lo cierto es que la realidad no podía ser más diferente. Los balances de los bancos empezaban poco a poco a mostrar el lado amargo y oculto de la realidad burbujil: decenas de miles de millones de préstamos -la mayoría relacionados con el ladrillo- con una alta probabilidad de ser impagados y unas casas altamente sobrevaloradas como garantía hipotecaria de los mismos. Esa peligrosa combinación hizo que las necesidades de recapitalización de la banca fuesen gigantescas. Y es aquí donde entran las participaciones preferentes.

Hasta el año 2009, las preferentes se habían comercializado sin mayor problema. Como producto complejo que es, su comercialización se había limitado al cliente institucional. Su carácter perpetuo, su negociación en un mercado con una negociabilidad reducida y el ser un híbrido entre la renta fija y las acciones no las hacían idóneas para el público minorista. Tanto es así que Manuel Conthe, el presidente de la CNMV entre el 2004 y el 2007 logró que se paralizasen varias emisiones con una advertencia a las entidades emisoras acerca de lo inadecuado de su comercialización. Fue en 2009 cuando ocurrió todo cuando los bancos optaron por captar pasivos a través de las participaciones preferentes. Tan solo en el año 2009, las entidades financieras españolas captaron cerca de 13.000 millones de euros. La antigua Caja Madrid, por poner un ejemplo, colocó en su primer día de comercialización de participaciones preferentes -el viernes 22 de mayo de 2009- cerca de 1.300 millones de euros. Las participaciones preferentes, comercializadas como depósitos bancarios tradicionales, prometían la devolución del principal además de una rentabilidad adicional considerable que podía ser de incluso dos dígitos. Todas las entidades bancarias comercializaron este complejo producto entre sus clientes a gran escala, siendo para entidades como Caja Madrid el mayor éxito de su historia en el lanzamiento de un producto. Como los intereses que daban esas participaciones preferentes estaban supeditados a que las entidades diesen beneficios, fue determinante que la banca española empezase a sufrir pérdidas en los años siguientes. A partir de ese momento comenzó la concienciación de los inversores en preferentes de la magnitud del problema y la movilización social y agrupación jurídica que intentase velar por sus intereses.

Hasta aquí la historia resumida de las preferentes y su relación con las necesidades urgentes de recapitalización del sistema bancario español fruto de la burbuja inmobiliaria. La mayoría de damnificados por las preferentes critica a banca y Gobierno como únicos responsables de este desastre nacional que, para más de uno, ha supuesto trágicamente la muerte. Muchos de estos perjudicados han reclamado públicamente la creación de una banca pública como solución para evitar en el futuro una situación similar. Sugieren así que, la culpa ha sido principalmente del libre mercado. ¿Podemos hacer semejante afirmación? ¿Es la creación de una banca pública, tal y como reclama ADICAE, la solución al problema? Intentaré contestar a estas respuestas pues es de vital importancia aclarar responsabilidades en este asunto para que, en la medida de lo posible, no vuelva a repetirse.

Para simplificar el análisis, empecemos por resumir quién puede ser culpable total o parcialmente del asunto de las participaciones preferentes. Por un lado, la banca puede ser culpable. En segundo lugar -sin ningún orden concreto-, el Gobierno puede ser también señalado como responsable y por dos motivos: como legislador y como supervisor. Y por último, la responsabilidad también puede ser total o parcialmente de los inversores (o ahorradores como erróneamente se quieren hacer llamar). Aunque pudiera parecer que en el primer caso y en el tercero la culpa sería del libre mercado, lo cierto es que en esos casos la culpa puede ser tanto del libre mercado como del Estado. Empecemos por lo obvio: en el segundo caso (la culpa es del Gobierno) no se puede culpar al libre mercado. Como mencionaba, la responsabilidad del Estado puede ser doble. Como legislador que es, podemos llegar a la conclusión de que unas inadecuadas leyes han facilitado que las entidades financieras puedan comercializar un producto manifiestamente inadecuado para el cliente minorista dentro de la absoluta legalidad. Creo honestamente que algo de responsabilidad se le puede atribuir al Estado a este respecto. Como supervisor también podemos culpar al Gobierno en la comercialización de participaciones preferentes. La CNMV tiene como uno de sus objetivos básicos la protección de los inversores. Conthe sí supo velar por los inversores por encima de cualquier otra cuestión, incluida una subjetiva interpretación de las leyes. Y digo esto porque, como él mismo comentó a Jordi Évole en el programa de Salvados titulado "Desmontando las preferentes", no tenía ninguna autoridad para prohibir su comercialización entre el público minorista pero sí logró con una advertencia frenarlas. No ocurrió lo mismo en el mandato de su predecesor, Julio Segura. Segura dirigió el organismo regulador entre 2007 y 2012, los años de la inmensa mayoría de las emisiones de participaciones preferentes. La emisión de trípticos -de limitada difusión- en 2010 y 2011 en los que se explicaban los riesgos de este tipo de emisiones parece que no es suficiente como para eliminar las serias sospechas sobre el organismo supervisor. Si uno de los objetivos principales de la CNMV era la protección de los inversores, está claro que los cerca de 30.000 millones de euros que inversores minoristas han colocado en preferentes demuestran el fracaso en la consecución de ese objetivo. Por tanto, el Gobierno ha tenido una responsabilidad directa e importante en este asunto.

Ahora falta analizar la responsabilidad de la banca y de los inversores y determinar en cada caso si es el libre mercado o el Estado el responsable último. Pasemos a analizar a la banca en primer lugar. Según el artículo 248 del código penal, "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno." Si bien es cierto que puede que haya habido numerosos casos en los que los inversores supieran del riesgo del producto y fueran correctamente informados, por muchos motivos podemos afirmar con la Ley en la mano de que en la inmensa mayoría de casos estamos ante una estafa. En primer lugar, parece un tanto ilógico pensar los inversores en participaciones preferentes, que tradicionalmente habían contratado tradicionalmente depósitos bancarios, decidieran todos al unísono cambiar en un mismo año (2009) su perfil de riesgo por completo, pasando de tremendamente conservadores a especuladores. Personalmente me cuesta creer que en 2009 una especie de virus de especulación contagiase a todo inversor tradicional de depósitos bancarios y le hiciera asumir muchísimos más riesgos que los que hasta la fecha estaba dispuesto a asumir. En segundo lugar, una mayoría de afectados ha manifestado que la entidad bancaria ya había rellenado por los clientes los conocidos cuestionarios de conveniencia. Sólo este hecho supone ya un delito, ya que el objetivo de que los clientes rellenasen esos test de conveniencia era precisamente garantizar que el producto era conveniente para los inversores dados sus conocimientos sobre el producto y los riesgos asociados al mismo. Hay casos en los que directamente se contrató por teléfono y también se han dado casos de enfermos de Alzheimer que firmaron y rellenaron esos cuestionarios. Al comercializar un producto como las participaciones preferentes haciéndolo pasar por simples depósitos bancarios no queda más opción que asumir que la banca ha intentado inducir a mediante el engaño a realizar un acto claramente en perjuicio propio. Parece evidente que, en el caso de la banca, el libre mercado es el responsable. Pero conviene recordar que el sector bancario de una economía es el más intervenido y privilegiado de todos y España no es ninguna excepción en este sentido. Me cuesta creer que en una economía libre y desregulada, en donde exista una fuerte competencia, os bancos se comporten de la forma en la que lo han hecho durante esta crisis. Además, el arriesgado descalce de plazos y riesgos en el que ha incurrido la banca no se daría ni por asomo en la magnitud en la que se ha dado. Esto significa que, si bien la banca se ha comportado mal, en una economía libre no tendría la necesidad de hacerlo ya que no se vería recurrentemente abocada a unas necesidades de refinanciación tan importantes. Por tanto, podemos resumir que la responsabilidad de la banca recae en el libre mercado por un lado y en el Estado por otro.

Finalmente, el caso de los inversores también arroja una doble posibilidad. Por un lado, es evidente que los inversores han cometido múltiples errores. En los casos que procedan, resulta obvio que no leer el contrato con detenimiento y firmar sin haber comprendido en detalle el mismo es una temeridad. Todo ciudadano tiene la responsabilidad de cumplir con aquello a lo que se compromete y es su responsabilidad saber a qué se ha comprometido al firmar un contrato. Son muchos los que con el dramático tema de los desahucios pide con carácter retroactivo la dación en pago y todos cometen un error al solicitar semejante petición. También son responsables los ciudadanos de tener en términos generales una total y absoluta incultura financiera. España es un país que ha manifestado en multitud de ocasiones la magnitud de esta incultura a través de casos tan flagrantes como Forum y Afinsa, Gescartera, Terra, etc. Fruto de esa incultura financiera, los inversores han creído siempre y siguen creyendo que existen los productos financieros libres de riesgo. Nada más lejos de la realidad: ni tan siquiera la deuda pública está libre de riesgos. No deberíamos olvidar que el reino de España ha impagado su deuda en los últimos 200 años cerca de trece veces su deuda. El activo libre de riesgo sencillamente no existe. Hasta los fondos de inversión monetarios sufrieron pérdidas tras la caída de Lehman Brothers. Los afectados por las preferentes insisten en llamarse ahorradores y no inversores, como si los segundos fuesen unos fanáticos del riesgo y los primeros no. Ahorrador es el que ahorra según la Real Academia de la Lengua. Pero lo que hace una persona cuando contrata un depósito bancario es prestarle a la entidad financiera esa cantidad con la promesa de que le devolverá el principal más los intereses. A eso se le llama invertir, puesto que estamos colocando nuestro dinero con el objetivo de que nos rente. Toda inversión o préstamo lleva implícito siempre un grado de riesgo, nos guste o no. Otro error garrafal atribuible a los ciudadanos en este asunto y que guarda relación con la incultura financiera es la imagen que tenían de los comerciales de banca. No han sabido ver ni el enorme conflicto de intereses que tienen los trabajadores, ni los limitados conocimientos financieros que tienen estos empleados ni que el supuesto asesoramiento gratuito acaba siendo muy caro. Fiarse a ciegas de alguien que gana si te vende algo debería de hacer saltar nuestras señales de alerta. Como dice Warren Buffett, "No le preguntes al barbero si necesitas un corte de pelo." Estas obviedades también han pasado inadvertidas para muchas personas. Cierto es que muchas de ellas son personas mayores y sin apenas formación. Algunas incluso son analfabetas. Pero si muchas de esas personas dedicaran la décima parte de lo que le pueden dedicar a la toma de la decisión de la compra de un coche, por poner un ejemplo, habría sido más que suficiente para leer los contratos antes de firmarlos o solicitar asesoramiento externo al banco en caso de necesitarlo. Por todos estos motivos se puede esgrimir de nuevo que, el libre mercado y no el Estado tienen la culpa en el caso de los inversores. Pero hay motivos que pueden responsabilizar al Estado. La sobreprotección y la supervisión a la que tiene a los ciudadanos acostumbrados el Estado tiene un muy perjudicial efecto sedante sobre la responsabilidad individual, algo imprescindible para la construcción de las auténticas sociedades libres. Mientras el Estado no abandone esa actitud paternalista y no empiece a fomentar la responsabilidad individual de los ciudadanos, será difícil que ante casos como el de las preferentes la mayoría de las personas tengan los suficientes recursos intelectuales como para no tomar una decisión precipitada.

Vemos pues, tras este análisis, que el principal responsable de las participaciones preferentes es el Estado. El Estado, con sus privilegios a la banca, con su nefasta legislación y posterior supervisión y con una perjudicial actitud paternalista, ha hecho posible este engaño masivo. Por este motivo, la solución que evite en el futuro más casos de este tipo no es más intervención estatal, como propone ADICAE, sino menos. Mucha menos. Si nadie lo remedia, las futuras generaciones seguirán siendo sumamente ignorantes en materia financiera y serán presa fácil de engaños. La solución es que cada uno intente, en la medida de sus posibilidades, responsabilizarse por entender todo lo que firma y, llegado el caso, no firmar nada si no se entiende. Con esta simple norma más de uno se habría evitado un calvario.