Como viene ocurriendo desde hace años, uno de los hechos más destacables del desfile de las Fuerzas Armadas españolas por la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad ha sido la lluvia de abucheos e insultos al presidente del Gobierno. Uno de los momentos elegidos por los vociferantes no pudo ser menos adecuado: el homenaje a los caídos. Unos instantes que deberían estar dominados por el respeto y recogimiento, máxime si se tiene en cuenta la presencia de familiares de los militares fallecidos en acto de servicio durante el último año, quedaron empañados por la legítima pero inoportuna protesta de una gran cantidad de ciudadanos que no quisieron o pudieron elegir una ocasión mejor para mostrar su rechazo a Rodríguez Zapatero.
El Gobierno ya ha anunciado su intención de cambiar el protocolo del desfile del 12 de octubre para evitar que a partir del año que viene puedan repetirse este tipo de episodios. No han explicado, eso sí, cómo pretenden hacerlo. Sin embargo, sólo existe una forma, alejando todavía más al gobernante de los gobernados. El único modo de impedir que el público asistente a la parada militar abuchee, increpe, silbe o exija la dimisión de Zapatero (o cualquier otro jefe del Ejecutivo) es aislándolo físicamente de la población, evitando que los ciudadanos puedan verlo.
Y, sin embargo, esa permanente distancia física entre el presidente del Gobierno y los ciudadanos que caracteriza a la democracia española (y de muchos otros países europeos) puede explicar en parte la irrespetuosa elección del momento de la protesta contra Zapatero. El desfile del 12 de octubre es prácticamente el único día del año en el que el jefe del Ejecutivo (el actual y cualquier otro) acude a un acto en el que está próximo a miles de ciudadanos. Por lo tanto, no debe extrañar que sea en dicha ocasión cuando se producen las públicas muestras de rechazo. El único modo de evitar los silbidos y abucheos en los momentos menos oportunos es mediante una mayor exposición pública de los gobernantes.
Sin embargo, este distanciamiento físico parece inherente al sistema democrático español y de otros países. Pero no en todos. Toda estructura gubernamental tiene una simbología, parte de la cual no resulta demasiado evidente, pero expresa mucho sobre la concepción del poder.
En gran parte de Europa continental existe, y así se refleja, una idea última de que el gobierno está por encima de los ciudadanos y no debe ser expuesto a ellos. Las sedes del Ejecutivo y/o la jefatura del Estado se encuentran, bien a las afueras de la capital, como La Moncloa en Madrid, bien en el centro de la ciudad, pero aisladas por altos muros y frondosos jardines, como El Elíseo en París. Contrasta este aislamiento con la céntrica localización y ausencia de altos muros de la Casa Blanca en Washington, el 10 de Downing Street en Londres o, por citar un caso menos conocido, el Palacio Presidencial de Bratislava.
En estos últimos casos parece dominar, al menos en teoría, la idea contraria a la característica de gran parte de la Europa continental. El mensaje implícito en este tipo de sedes es que el poder debe estar expuesto ante los ciudadanos, no protegido de la incómoda mirada de la población. En el caso concreto de Reino Unido y EEUU, puede ser producto de una tradición política distinta que no tiene como antecedente un despotismo ilustrado en el que se consideraba que el Gobernante debía estar a resguardo del escrutinio público.
Es sano que el gobernante no se mantenga en una torre de marfil sin más contacto con los ciudadanos que las encuestas. Aunque pueda deparar situaciones incómodas, como abucheos o manifestaciones frente a la sede del gobierno, quienes ejercen el poder deberían mostrarse con mayor frecuencia ante la población y estar atentos a cómo se expresan las personas ante ellos. Significaría demostrar una menor prepotencia y, además, tal vez tendría el beneficio añadido de que los insultos y silbidos no empañaran momentos solemnes.
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