Atribuido a Milton Friedman aunque ya propuesto por Thomas Paine en el siglo XVIII y debatido en Francia en 1870, el cheque o bono escolar ondea como bandera de la libertad en la enseñanza. Los que lo defienden aseguran que es la opción que aporta más de este principio a las familias así como incentivos a la mejora de los centros educativos.
Las variedades de cheque escolar son muchas pero la relevante para los liberales que lo defienden es la de cheque ilimitado (sin zonificación escolar o adscripción de colegio por residencia u otros motivos), suplementario (que el usuario pueda aportar una cuantía adicional con sus propios fondos) y con transporte incluido. Admitir un cheque escolar con más restricciones significaría una diferencia tan mínima respecto del actual sistema que apenas es digno de comentar.
El cheque, se dice, aumenta la capacidad de elegir de los padres. Así, éstos encontrarán mayores niveles de satisfacción. Además, los centros, al competir por atraer a los alumnos, tendrán un incentivo para mejorar su gestión, docencia, instalaciones, etc. Visto así parece sencillo y lo es, quizá, en exceso.
Lo que el bono no cuestiona es el sistema de enseñanza pagado con los impuestos. Parte de que el Estado aporta los fondos a los colegios para su funcionamiento garantizándolos al completo para las etapas obligatorias y para los de titularidad pública fuera de ella. Que la enseñanza esté a cargo de los tributos entra en la lógica de considerarla como un bien público básico, que debe ser garantizado a todo el mundo, productor de igualdad de oportunidades así como generador de unas externalidades positivas que benefician a todos en general y que, por consiguiente, todos deben pagar. En eso los partidarios del cheque escolar están de acuerdo con los que mantienen una enseñanza sin capacidad de elegir para los padres. Los argumentos del bien público y las externalidades se adornan con correlaciones estadísticas más que cuestionables que no son el objeto de este comentario. Unas, vinculan la enseñanza con el falaz PIB y otras, los salarios o el empleo con el nivel de instrucción.
Lo definitorio del bono escolar es que el usuario del servicio decide con su elección a qué colegio irá el subsidio. Pero el dinero de los impuestos sigue estando sometido a los condicionamientos habituales. Partiendo de que el Estado detenta la representación de la voluntad general (bajo los mecanismos democráticos o no que estén en vigor), la concesión de fondos se aplica bajo la premisa ideológica de establecer los fines del servicio público en cuestión. En el caso de los colegios, éstos, a cambio de ser sostenidos, deben seguir la orientación pedagógica que marque el estado: qué contenidos enseñar, cómo enseñar y cuáles han de ser los resultados de la enseñanza.
En un hipotético sistema de cheque escolar, como el definido arriba, los requisitos burocráticos públicos contradicen la dinámica liberal que se introduce. Habría que prever que el bono puede acabar en que unos colegios hayan de cerrar (los de zonas de escasa población, por ejemplo) y otros ampliar sus instalaciones en zonas donde, por añadidura, habría otros centros con aulas vacías a consecuencia del nuevo sistema. El resultado de las elecciones de los padres puede, en suma, acabar divergiendo respecto de la actual distribución zonal de los colegios que se considera, por imposición administrativa, eficiente y satisfactoria pues, simplemente, la libertad está plenamente ausente. El cheque puede hacer variar las dimensiones de los colegios y acabar desajustando la situación burocrática e ineficiente del presente, con situaciones nuevas, como la del cierre de unas aulas y la infrautilización de otras, que serán vistas como contradictorias con la esencia de la misma gratuidad. Desde una perspectiva liberal es, sin duda, irrelevante ante el incremento de libertad. Pero, en este contexto y dado que la gratuidad implica que el Estado, garante del místico interés general, ha de asegurar la equidad social y territorial, ¿aguantaría el cheque los ataques que sufriría desde estos principios? Pienso que no. Si hay consenso en torno a ellos, los partidarios del cheque se verían arrinconados por la argumentación.
Para introducir el cheque, como medida transitoria hacia la rápida y plena libertad empresarial en la enseñanza, el principio de gratuidad debe ser combatido. Por el contrario, las experiencias existentes lo restringen como instrumento de liberalización y se utiliza como mecanismo de eficiencia en el gasto, compensación de desigualdades e incremento de la sensación de satisfacción del usuario.
En el sistema actual, que hace desaparecer toda opción a la libertad, la ficción de que se logra el equilibrio y la equidad es mayor que en un sistema mixto, libertad-gratuidad, como el que preconizan los propagandistas del cheque. La reducción de la equidad que conlleva atenta contra el principio consensuado. La viabilidad del cheque escolar, que podría existir, está condicionada, por ello, al cuestionamiento frontal de la presencia de dinero público en la educación y a una tendencia decidida de retirada del mismo.
Además, tratándose de que el Estado regula la extensión, contenido y modos de la educación al subsidiarla, el problema de los costes de un modelo de bono que acepta la gratuidad apenas difiere del que se presenta en el actual, que se centra que el bloqueo de una función empresarial impulsora de la creatividad pedagógica, la diversidad docente y la multiplicación de modos de financiación. Los costes de la gratuidad son, pues, altos. ¿Cómo podríamos estar en términos educativos si el Estado no fuera nuestro principal docente, con o sin cheque?
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