A finales de mayo, el Ministerio de Medio Ambiente remitió a las Comunidades Autónomas el borrador de la futura Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera para que hicieran las oportunas aportaciones y alegaciones. Solamente ha sido necesario una lectura superficial para comprobar que estamos ante otra regulación intervencionista, una ley que con la excusa de una atmósfera limpia, permitirá subir un escalón más hacia la sociedad limitada, hacia la sociedad controlada.
Resultaría tedioso contar las veces en las que el medio ambiente ha servido, sirve, a los políticos como pretexto para limitar la libertad. La emotividad del ciudadano ante un tema tan mediático junto a una información sesgada y el escaso conocimiento que sobre la mayoría de estos asuntos tiene buena parte de la sociedad, propicia el miedo y la desconfianza hacia determinados círculos sociales, hacia ciertos sectores industriales, desconfianza que se traduce en este tipo de normativas.
El prólogo de la ley lleva ya una carga de catastrofismo que ayuda a aceptar el trago que se nos avecina:
“La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España” […] Aún existen niveles de contaminación con efectos significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones humanas”.
Con semejantes afirmaciones, quién no se va a sentir acongojado y va a aceptar, sino exigir, las medidas que prevé la futura Ley.
La Ley de Calidad del Aire se presenta como una ley global que afectará a una parte importante de las actividades humanas de forma directa o indirecta. De entrada se dividirá el mapa nacional en zonas contaminadas de forma que éstas deberán tenerse en cuenta en la elaboración y aprobación de planes urbanísticos y de ordenación de territorio. Si ya eran pocas las limitaciones que desde las Administraciones Públicas se imponen al urbanismo en España, la contaminación se añade a la lista. Los efectos son fáciles de prever, ya no sólo un más que posible conflicto entre las administraciones locales y autonómicas, que son las que desarrollan los planes urbanísticos, con el Gobierno central, no ya un encarecimiento de las viviendas al añadir otros factores que repercutirán sobre los costes, sino otro factor que impedirá el simple uso y disfrute de la propiedad privada como desee su dueño.
Pero la situación va más allá que el mero control urbanístico, las Comunidades y Municipios deberán articular medidas que controlen o supriman aquellas actividades que sean “significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico”. Qué decir tiene que esto abre las puertas a la limitación del tráfico en los grandes núcleos urbanos o en cualquier sitio que la arbitrariedad del funcionario decida, incluso la supresión si las administraciones correspondientes son suficientemente extremistas. Entre estas medidas, se especifican algunas de carácter económico en forma de ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que “favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica” y que mejoren los precios de las opciones tecnológicas menos contaminantes. Tampoco debemos descartar aquí que surjan esas alianzas Empresa-Estado que tanto daño han hecho a sectores como la energía, el periodismo o las telecomunicaciones.
Ante semejante nivel de control, el Ministerio no ha podido quedar al margen. De forma periódica las administraciones autonómicas y municipales mandarán datos sobre los niveles de contaminación que nutran un nuevo organismo, un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación. Pero es que además Medio Ambiente creará un sistema de comercio de derechos de emisión, similar al que se ha creado con el CO2 como consecuencia del Protocolo de Kyoto, de cualquiera de los 14 contaminantes controlados, un nuevo coste al que tendrá que hacer frente la ya poco competitiva industria española.
Quizá una de las novedades más interesante a la vez que liberticida que presenta esta ley se trata de que en este asunto de la contaminación no se libra nadie, aunque no tenga coche:
“Los particulares se esforzarán en el ejercicio de sus actividades cotidianas en contribuir a la reducción de las sustancias contaminantes en la atmósfera”.
Esta imprecisión a la hora de enunciar los deberes de la gente abre las puertas en multitud de aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, desde cuándo, cómo y dónde puede ir un particular a cómo y cuánto puede consumir.
El miedo es libre, dice el refrán, y los ecologistas y aquellos que siguen sus preceptos lo saben. Se asegura que 12 millones de españoles respiran un aire con niveles de contaminación superiores a lo permitido, pero lo cierto es que la gente vive cada vez más y en general con una mayor calidad de vida a pesar de los achaques, más propios de nuestra longevidad que de un medio ambiente agresivo. Cierto es que queremos calidad en el aire que respiramos, pero no por ello debemos renunciar a algo tan necesario como este preciado gas, nuestra libertad. Uno de los mensajes más exitoso de los liberticidas es que ambos conceptos, calidad y libertad, son incompatibles, y este es nuestro lastre.
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