La Fiesta de la Democracia, ésta es la periodística descripción con la que muchos medios de comunicación describen los días en los que se celebran elecciones en España. Los ciudadanos se visten de domingo, porque generalmente suele ser domingo y antes del aperitivo o después de misa, si son creyentes y practicantes, se acercan a su colegio electoral para depositar en las urnas los votos preceptivos. Después, vuelven a sus quehaceres, en muchos casos con la satisfacción del deber cumplido. Semejante comportamiento es ante todo un asesinato de la libertad y no porque este protocolo, esta liturgia electoral sea dañina, al menos no mucho, sino porque muchos de ellos creen que la Democracia consiste únicamente en esto. Y no debemos culparles, al menos no del todo, porque políticos, instituciones y periodistas así nos lo venden y de esta manera, la Fiesta de la Democracia se convierte en un día grande, sobre todo para el liberticida.
La libertad conlleva responsabilidades. Puede que a los partidarios del Estado de Bienestar les suene extraño puesto que piensan que el Estado, dentro de su infinita sabiduría, conoce nuestras necesidades y cómo satisfacerlas y que no debemos preocuparnos porque ya proveerá. El Estado, sus funcionarios, debe tener manga ancha, debe tener cierta libertad de acción, cierta capacidad de maniobra y generalmente esta suele chocar con los intereses de la gente así que taimadamente, sin apenas notarlo, incluso con justificaciones morales aceptadas por todos, va reduciendo la participación ciudadana al elemental ejercicio de introducir un papel en una urna y al liberador pero inútil desahogo de gritarle al televisor o a la radio cuando lo que vemos u oímos nos indigna. La libertad queda cercenada aun con el traje del domingo.
España es ante todo una partitocracia, un régimen donde las leyes y las normas nacen, cuando no se escriben, en las sedes de los partidos que ostentan en ese momento el poder, son ratificados en unas Cortes Generales donde la disciplina de partido es un tabú difícil de romper y donde una docena de congresistas y senadores ostentan la dirección de cientos de compañeros a los que todos pagamos por no tener ninguna iniciativa propia, ni un pensamiento que se aparte de la visión oficial del partido. Y este modelo se repite en las administraciones autonómicas y locales, de forma que todo viso de individualismo, de iniciativa particular se pierde en un grupo donde la disidencia queda severamente castigada. Las listas cerradas, que es el sistema usado en España frente al más responsable sistema de la elección directa, es una manera más de favorecer a esta superburocracia que se llama partido político y que dice representar al ciudadano.
Así, las Instituciones, cuyos representantes son elegidos en la mayoría de los casos por el poder legislativo o ejecutivo así elegidos, terminan convirtiéndose en meras herramientas para los intereses partidistas. Si, como en España, el Estado tiene fuertes raíces en la sociedad y en la economía, estas mutan en verdaderos enemigos de los que dicen proteger. De esta manera y en los últimos meses, las reguladoras económicas "independientes" han favorecido operaciones como la OPA de Gas Natural sobre Endesa o la de Sacyr sobre BBVA porque los presidentes de tales empresas fueron "colocados" por el PP, ahora en la oposición, y no se pliegan a los intereses políticos del poder. Hasta instituciones tan cercanas a los ciudadanos como las asociaciones de vecinos terminan siendo una mera comparsa, una herramienta entre patética y útil para los grupos en la oposición en su acoso y derribo al poder, compañía que rápidamente dejan detrás cuando la alternancia se hace efectiva.
La separación de poderes, otro de los mecanismos que se articulan para que el poder del administrador quede limitado, es otra entelequia, una teoría que no termina de traspasar las tapas de los libros. El Poder Judicial responde también a los intereses de los partidos políticos, desde los cuales se dan nombres y se censuran otros para elegir los cargos que gobernarán la judicatura. Este situación permite que muchas situaciones legalmente sospechosas, puedan llevarse a cabo y, aunque con el tiempo se demuestre su naturaleza ilícita, sea imposible deshacer el entuerto como en el famoso caso Rumasa.
El régimen en el que vivimos amenaza con convertirse en una especie de totalitarismo democrático, un sistema donde tenemos la sensación de controlar nuestras vidas con un papelito lleno de nombres a los que no podemos asignar ni una cara ni un discurso. Una democracia que cada vez se parece más a los regímenes populistas que tanto daño han hecho, tanto daño hacen por todo el globo terráqueo. Se plantean muchas cuestiones, pero todas se resumen en una, cómo debemos articular el traspaso del poder de estos "representantes de la ciudadanía" a los ciudadanos, cómo podemos recuperar aquellas responsabilidades que hemos cedido o nos han sido arrebatadas por la fuerza de la "democracia", en definitiva como recuperamos la libertad de decidir, de equivocarnos.
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