La ley de dependencia del estado merece ese nombre. No porque sea un ley de ámbito estatal referida a las personas dependientes, sino porque es una ley que consagra y sistematiza la dependencia del estado. El aparato estatal, formado por políticos, funcionarios y subvencionados, sobrevive a costa de expoliar sistemáticamente a los ciudadanos productivos. Una estrategia estatal de supervivencia implica generar múltiples intereses que favorezcan su existencia: las muchas personas que reciben del estado más que lo que contribuyen (que a menudo es nada) tienden a preferir que el sistema gubernamental se mantenga o se expanda. Jubilados con pensiones públicas, sindicalistas, funcionarios o empleados públicos (profesionales de la educación, de la sanidad, de diversos servicios colectivos), receptores de subsidios varios: a todos les interesa de forma egoísta que las cosas sigan como están, y si es posible que se colectivice todo aun más. Los pobres envidian a los ricos y votan felices y convencidos para que se les confisque su riqueza y se reparta el botín: todo en nombre de un tan presunto como inexistente contrato social.
Como lo normal es que los seres humanos no se dejen robar pasivamente, los intelectuales cortesanos están permanentemente a la busca de excusas para intentar justificar la coacción institucional: el estado sólo quiere hacer el bien, ayudar a los necesitados, perseguir a los insolidarios que no aceptan cargar con su parte de responsabilidad colectiva. ¿Cómo negar ayuda a los más necesitados, a quienes por enfermedad, accidente o envejecimiento no pueden ya valerse por sí mismos y necesitan ayuda ajena? Los políticos sabios y bondadosos van a crear un sistema nacional de dependencia que creará muchos puestos de trabajo y estimulará la economía, compensará a los familiares que se ocupan de sus seres queridos más débiles, y resolverá todos los problemas imaginables.
Tras esta imagen de bondad se esconde la pulsión del poder, el deseo del dominio o control sobre otras personas, todo intencionalmente confundido mediante múltiples falacias comúnmente aceptadas. Si los más necesitados tienen algún derecho especial frente a otras personas, estos derechos no pueden ser derechos humanos, es decir derechos que se tienen por ser humano y sólo por ser humano (y no por estar enfermo o ser pobre). La necesidad no genera ningún derecho especial, y los que los políticos afirman reconocer se obtienen de forma ilegítima a costa de violar el derecho natural básico de propiedad. La justicia no tiene nada que ver con la redistribución de riqueza.
Los más ancianos podrían haber ahorrado para su vejez, o confiar en la ayuda de sus hijos (si no los tienen sus ahorros serán mayores). Los accidentados y enfermos podrían haber suscrito algún tipo de seguro que les garantizara una ayuda en caso de fatalidad. Pedir ayuda es muy diferente de exigirla. Confiar en los sentimientos de afecto y solidaridad de los otros es muy diferente de reclamar por la fuerza derechos inexistentes frente a completos extraños. El estado destruye los lazos espontáneos de la familia y la sociedad y pretende sustituirlos por trámites burocráticos impersonales. Crea empleos ineficientes a costa de destruir los auténticamente productivos. Y afirma estar resolviendo los problemas que previamente ha causado y sistemáticamente agrava.
¿A usted le preocupan los dependientes necesitados? ¿A qué espera para demostrarlo ayudándoles? Lo que hagan los otros es cosa de ellos, ¿o es que es usted de esos resentidos que no hacen nada más que quejarse de lo poco solidarios que son los demás? ¿Pretende usted convencerles u obligarles a ayudar? Si usted cree que es una persona pacífica y tolerante, ¿por qué se acerca a mí armado para que participe en un sistema de solidaridad que yo sé que no es adecuado? Claro que usted no viene directamente, prefiere reclamar a sus representantes políticos para que me envíen a sus fuerzas de inseguridad. Que mira por dónde también son dependientes del estado.
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