“Delta” y las deficiencias eléctricas en las Islas Canarias

2005 será recordado en las Islas Canarias como el año en que la tormenta tropical Delta puso patas arriba las infraestructuras del archipiélago y generó una minicrisis política en torno su mercado energético. El sistema eléctrico español es básicamente un oligopolio donde las empresas de distribución se reparten zonas en régimen casi monopolístico de forma que la posibilidad de que un cliente pueda cambiar de distribuidor es escasa e incluso dificultosa. La intervención estatal, tanto de las administraciones locales, como de las autonómicas o de la estatal, no ha desaparecido bajo ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, limitándose en el mejor de los casos a “privatizar” las empresas pero manteniendo una fuerte regulación sobre aspectos tan fundamentales como son los precios, la aprobación de nuevas centrales, el incentivo a determinadas energías frente a otras o el permiso para construir nuevas líneas de transporte, tanto de alto como de medio y bajo voltaje, por poner algunos ejemplos.

Este último asunto es importante para entender lo ocurrido en Tenerife y en otras Islas tras el paso de Delta. En las Islas Canarias impera Unelco, marca que adopta Endesa en la isla y que se corresponde a la empresa que dio servicio a Canarias antes que fuera adquirida por el gigante eléctrico. Recientemente, también se ha introducido en el mercado canario Red Eléctrica Española (REE) tras la venta de la red de alta tensión de Endesa, si bien no comercializa electricidad, sólo se limita al transporte.

Uno de los problemas más duros a los que se ha enfrentado Unelco y ahora REE en las Canarias es al proyecto y construcción de nuevas líneas de distribución eléctrica ya que las necesidades eléctricas han experimentado un constante y fuerte crecimiento en las últimas décadas. El turismo, industria cada vez más importante para las Islas, así como el lógico incremento de la demanda energética de sus habitantes, han disparado el consumo hasta niveles que suelen batir el récord todos los años. Este crecimiento tendría que haber venido acompañado de una mejora y una ampliación de las redes de distribución, pero esto no ha sido así.

Es difícil echar la culpa a un sólo elemento, pero quiero pararme en una combinación especialmente peligrosa que con frecuencia choca con cualquier actividad empresarial que considere perjudicial. Los grupos ecologistas, desde sus posiciones fundamentalistas en lo referente a la generación y distribución de energía, han mantenido una presión constante sobre los ayuntamientos para que se evitara la construcción de estas líneas de distribución. Sus razones, reales o ficticias, son ya conocidas por todos, desde la destrucción del ecosistema, pasando por la contaminación paisajística hasta la salud de las personas. Este fundamentalismo ha sido aprovechado por algunos alcaldes para hacerse un ejercicio de márketing político y salir reforzados. Tal es el caso del ex alcalde de Vilaflor, cuya posición política en contra de la línea, dio nombre al espíritu de Vilaflor y que tanto revuelo causó hace unos años e incluso ahora con el puerto de Granadilla. Los movimientos populares, las manifestaciones contra los trazados se hicieron frecuentes y claro, nuestros políticos, en los que cae la última decisión, se asustaron.

El resultado es que la Línea Sur de Tenerife, a pesar de las necesidades de los tinerfeños, sigue sin construirse. Pero las consecuencias han sido mayores. Unelco, y ahora REE, han frenado la ampliación temerosos de las posibles dificultades que se puedan presentar, destinando el dinero a reforzar o arreglar líneas que en algunos casos están sobresaturadas o son antiguas. Y en esto llega Delta.

Los cortes de luz provocados por la tormenta tropical se extendieron durante varios días, más incluso de los que se podía considerar prudente, dadas las anormales circunstancias. Esta combinación letal que es la regulación estatal, la presión del lobby medioambiental, la demagogia de algunos políticos oportunistas y la presión social en forma de manifestaciones en las que pocos de los manifestados tenían conocimientos profundos del problema, evitó que se construyeran nuevas líneas de distribución, evitó que se crearan circuitos redundantes, preparados para este tipo de emergencias y favoreció, se favorece aún, que empresas como Unelco o incluso REE, gasten muchos de sus ingresos en actividades que poco o nada tienen que ver con dar un servicio de calidad al cliente. No pretendo, ni mucho menos, quitar responsabilidad a la empresa de esta tardanza en dar servicio a los canarios afectados, pero sí llamar la atención de que no es la única causa, que todas las administraciones y los propios vecinos y abonados son, en último lugar, responsables del altercado; que los grupos medioambientales no han sabido ser pragmáticos y han hecho prevalecer su visión utópica y que la muchedumbre, cuando actúa como masa, no siempre acierta al ceder su voluntad y su capacidad de razonar, su deber de razonar, a terceras personas.