Anda revuelto el sector eléctrico español por la negociación entre las empresas y el Ministerio de Industria de José Montilla para que se revisen las tarifas trimestralmente y no anualmente como ha venido ocurriendo hasta ahora. Pretende Unesa que se imite el modelo de tarificación del gas natural, en un vano intento de cambiar de una vez el modelo actual, que no es aceptable para nadie salvo para aquel que hace de las necesidades energéticas de los ciudadanos una política y no un negocio, por otro modelo no menos intervencionista pero algo menos drástico.
Sin embargo, esta medida debería sorprender al ciudadano medio que no deja de escuchar en cualquier medio que el eléctrico es un sector liberalizado, afirmación basada en el único hecho de que en España existe más de una empresa dedicada a producir, transportar y distribuir energía y que el ciudadano puede elegir su suministrador. Pero este trasvase previsto de ciudadanos no ha sido masivo y a la postre, el mercado nacional mantiene una equilibrada partida de Risk en el que nadie tira los dados con convicción y en el que cada empresa monopoliza de facto una región.
La liberalización es un mito en tanto sean las autoridades gubernamentales las que establezcan el precio del kilovatio que paga el cliente. Dicen las empresas, y con toda la razón, que mientras que el IPC se ha incrementado desde 1996 casi un 28%, el precio cobrado ha descendido casi un 30%, dicho sea en términos reales. Estamos hablando de un precio político, precio que se ajusta al balance presupuestario de turno o que sirve para atajar una inflación desbocada, hija indiscutible de esa misma intervención.
El español paga directamente mucho menos de lo que realmente le cuesta la electricidad. La presión fiscal compensa esta diferencia, castigando al ahorrador responsable y premiando al derrochador irresponsable. Fruto de esta política nacen los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) y el déficit tarifario que, para que nos entendamos, es esa cantidad que compensa los precios bajos y otras controversias surgidas del antiguo monopolio y que generan tanta discusión cuando se negocian, ya que cada uno de los afectados calcula una cantidad diferente del resto de implicados.
Cierto que parece paradójico que, ante esta situación, las empresas consigan espléndidos beneficios. En el primer trimestre de 2005 se ha incrementado en un 20% sobre las cifras de 2004, aunque esta aparente paradoja tiene fácil explicación. Por ejemplo, la titulización de deuda que hacen las eléctricas en un desesperado intento de incrementar el ingreso, sin olvidar la exportación de energía, las inversiones en el extranjero, la compartimentación del sector o la diversificación del negocio que ha impulsado a las eléctricas a explorar sectores tan distantes como el gas natural, las telecomunicaciones o la consultoría y que, en conjunto, les han permitido salvar la situación con éxito. Todo ello, aunque facilita el acometer obras de mejora a la vez que hacer frente al rápido incremento de la demanda y prepararse para un futuro cada vez más exigente, mantiene al sector demasiado cerca del límite, sin que llegue a desaparecer el peligro de apagón.
En ocho años hemos incrementado nuestras necesidades en más de un 50% y eso que muchas tecnologías domésticas e industriales han hecho un esfuerzo ímprobo para reducir el gasto energético. Desgraciadamente, él éxito o el fracaso del sector, su futuro, depende de nuestros irresponsables políticos y no de la responsabilidad de los afectados y así nos va.
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