Carmen Calvo contra la presunción de inocencia y otras garantías procesales

Estamos ante una de las afirmaciones más desafortunadas de la historia de la democracia española.

Conocíamos el carácter colectivista y machista del feminismo radical actual. Colectivista, ya que quiere adueñarse de las mujeres tratándolas como un colectivo uniforme en el que todas deben tener las mismas preferencias, gustos y planes vitales. Machista, ya que presupone que las mujeres no pueden decidir por sí mismas lo que les conviene o, dicho con otras palabras, que sin su tutela no elegirían adecuadamente como vivir sus vidas.

Conocíamos esto. Lo que estamos descubriendo con horror es su carácter totalitario y autoritario.

Una clara exponente de esta corriente totalitaria es la ministra Carmen Calvo, que desde la cuenta de Twitter ¡de la vicepresidencia del Gobierno! expresaba lo siguiente: «Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en cualquier otro tipo de delito. Las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado».

Sin lugar a dudas, es una de las afirmaciones más desafortunadas de la historia de la democracia española.

La primera cuestión a señalar es la escasa creencia que tiene esta señora en la división de poderes. Sólo por ello ya debería dimitir instantáneamente. Y es que un político no puede entrar a valorar actuaciones ni sentencias judiciales, y jamás debería poner presión sobre el poder judicial de esta manera. El populismo judicial es de lo peor que puede pasarle a la sociedad, ya que es el preámbulo de la ruptura de la división de poderes. Precisamente por ello, este pensamiento es totalitario, porque pretende eliminar la independencia judicial y concentrar los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Algo típico de dictaduras y regímenes totalitarios, pero nunca de un Estado de derecho.

Los procesos penales (por un delito de violación, por ejemplo) se basan en una serie de derechos, principios y garantías para garantizar la igualdad de las partes y la existencia de un juicio con todas las garantías. La ministra con su terrible afirmación se carga todas estas garantías de un plumazo.

“Las mujeres deben ser creídas sí o sí”. Frase populista que quizás rinda votos, pero que elimina el principio de presunción de inocencia. Esto es gravísimo. La ministra dictaría sentencia simplemente porque la denunciante es mujer y el acusado es hombre. La presunción de inocencia establece una serie de requisitos que deberán cumplirse para alcanzar, de forma legítima, un juicio de culpabilidad del acusado en el proceso penal. Dicho para que la ministra lo entienda: ¡sin pruebas contundentes y convincentes no se puede acusar a nadie!

Y es que solamente la actividad probatoria de cargo puede llevar al juzgador al convencimiento de culpabilidad. Si no se produce tal convencimiento, debe operar la presunción de inocencia. La ministra Calvo debe desconocer la Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo de 2016, por el que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.

También debe desconocer que el principio de presunción de inocencia se encuentra expresamente recogido en la Constitución española a través del artículo 24.2 CE: «Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Asimismo, la vicepresidenta debe desconocer que está recogida numerosos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), artículo 6.2; Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), artículo 11.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), artículo 14.2; entre muchos otros.

Nuestra ministra parece también estar dispuesta a violar ella misma el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

“Las victimas deben contar con la solidaridad del Estado”. Digo yo que lo primero que se debe determinar es si hay delito y quién es la victima: la mujer (si se demuestra que ha sido violada) o el hombre (si no ha existido dicha violación y ha sido acusado falsamente). La vicepresidenta Calvo con su afirmación ya está dando al hombre por condenado, ¡y nada más que por violación!

Viola, ella, de esta manera, el principio de contradicción de todo proceso penal, que concede a las partes la capacidad de intervenir y participar en el proceso haciendo uso de los medios de prueba que estimen oportunos. El principio de contradicción es una manifestación del derecho de toda persona a un proceso con todas las garantías como se recoge en el art. 24 de la C.E., y deberá aplicarse en cualquier fase del proceso.

A este tipo de afirmaciones es a las que está llevando este feminismo radical, totalitario, colectivista y sin sentido que señalábamos en otro artículo.

Ciertamente, no creo que todos los hombres sean violadores por el mero hecho de ser denunciados, pero lo que sí queda de manifiesto es que la ministra Calvo es una violadora de principios y garantías de cualquier proceso penal y debería dimitir por vergüenza democrática.