Una de las propuestas más sonadas y reconocidas de Podemos fue la de implantar una renta básica. El concepto de renta básica tiene un significado muy acotado en filosofía política y en economía: en palabras de su más conocido defensor, Philippe Van Parijs, la renta básica es un ingreso abonado por la comunidad política a todos sus miembros y sin ningún tipo de condicionalidad. Remarco sus dos características básicas: universalidad e incondicionalidad.
Algunos ya alertamos de que semejante propuesta era un disparate, por cuanto promovía la ruptura de la cooperación social voluntaria y, en última instancia, resultaba infinanciable. Asumiendo un pago anual per capita de 8.100 euros por adulto (el mínimo para cubrir el umbral de la pobreza) y 4.050 euros por menor (el 50% de ese umbral), los costes netos de este esquema se disparaban hasta los 250.000 millones de euros: el 25% del PIB… ahí es nada.
Posteriormente, los economistas de Podemos llegaron con las rebajas y se limitaron a prometer una asignación anual que ni siquiera cubría el umbral de la pobreza: 6.000 euros para adultos y 1.000 euros para menores. En tal caso, la factura de su ocurrencia se les rebajaba hasta 145.000 millones de euros… alrededor del 14% del PIB. Obviamente, seguía siendo del todo infinanciable.
En esas estábamos cuando, de repente, Podemos ha optado por renunciar a su propuesta más emblemática. Acaso porque resulte a todas luces inviable económicamente e invendible políticamente, acaso porque sus nuevos asesores económicos —Vicenç Navarro y Juan Torres— se hayan opuesto en público a su implantación, acaso porque cuando se acaricia el poder sea necesario ocultarse bajo la piel de cordero: sea como fuere, la renuncia a la renta básica parece un hecho.
Enmienda a la totalidad
Así, hace dos semanas, el economista de Podemos, Alberto Montero, reconocía la irrealidad de la medida y proponía reemplazarla por unos “mínimos vitales” garantizados por el Estado cuyo coste total rondaría los 22.000 millones de euros al año (2% del PIB). Asimismo, el sábado pasado en La Sexta Noche, Carolina Bescansa todavía aguó más la propuesta, redenominándola renta de “integración social” y cifrando su coste en 11.000 millones de euros anuales (1% del PIB). De la renta básica, pues, hemos pasado a una renta mínima de inserción, un mecanismo ya presente en diversas comunidades autónomas y cuyas notas características son la no universalidad y la condicionalidad (características opuestas a la renta básica): de hecho, los defensores académicos de la renta básica suelen ser enemigos acérrimos de las rentas de inserción por cuanto las consideran —acertadamente— en las antípodas de sus ideas.
El giro de Podemos, por tanto, no es anecdótico: se trata de una enmienda a la totalidad de una parte muy significativa de su programa. En cierto modo, cabrá concluir que la renta básica se ha convertido oficialmente en un unicornio: en una irrealizable y populista idea más, de ésas que blandió en las europeas para arañar algunos votos a parte de unos engañados electores. Cuando su principal promotor dentro del panorama político patrio arroja a la renta básica por la borda a las primeras de cambio, tal vez sea que, en el fondo, no resulte demasiado factible.
Conscientes o no, sin embargo, este entierro de la sardina de Podemos también contribuye a poner de manifiesto las grietas argumentales de su discurso tradicional. Al menos en dos extremos: la total pauperización de la sociedad española y la preeminencia de la voluntad política sobre las leyes económicas.
En cuanto a lo primero, sabido es que Podemos ha construido parte de su popularidad sobre la denuncia de la creciente pauperización que sufre la mayor parte de la sociedad española (a excepción de una pequeña minoría tildada de “casta”). A este discurso contribuyen recurrentemente informes amarillistas y tergiversados, como el muy reciente de Intermon Oxfam. Pues bien, si el coste estimado para esta nueva renta de inserción oscila entre 11.000 y 22.000 millones de euros y si asumimos un pago mínimo de 600 euros al mes por beneficiario (cifra por debajo de un bajísimo salario mínimo que, según los de Podemos, no da para vivir), tendremos que el número total de receptores de la misma oscilará entre los 1,5 y los 3 millones de personas, esto es, entre el 3% y el 6,5% de la población española. Por tanto, ésas serían las auténticas cifras de pobres que maneja el propio Podemos, y no otros porcentajes cada vez más extendidos que llegan a ser incluso diez veces superiores (el último informe de Cáritas, por ejemplo, sostenía que el 66% de los españoles mostraban algún rasgo de exclusión social).
Unicornio por corcel
Segundo, y mucho más importante, la misma articulación del proyecto político de Podemos se basaba en una idea tan sencilla como falaz: querer es poder. Más en concreto: la voluntad popular ha de ubicarse por encima de todo, incluidas las leyes económicas. El propio nombre del partido recoge esa pretensión: frente a tantos economistas aguafiestas que rechazan programas “ilusionantes” plegándose de hombros y profiriendo un “no se puede”, Podemos pretendía plantarse y gritarles un “sí se puede, claro que se puede: podemos”. Pero no: está visto que, en contra de lo que siguen afirmando muchos de sus líderes, no todo se puede. De entrada, la renta básica no se puede. No porque no se quiera, sino porque no es ni económica ni socialmente viable (al menos no en las cuantías propuestas: es obvio que una renta básica de un euro mensual sí sería factible).
La cuestión, claro está, es cuántas otras cosas que sigue proponiendo Podemos tampoco se pueden. Una vez abierto el cajón de los unicornios, ¿cuántos otros unicornios quedan dentro? O todavía peor, ¿a cuántos unicornios les disimularán el cuerno para hacerlos pasar por saludables corceles durante la campaña electoral? Porque si Podemos empieza a reconocer que no lo puede todo, es lógico pasar a preguntarse cuántas cosas de las que desea son, en realidad, factibles. A mi juicio, no demasiadas: ni la jubilación a los 60 años es sostenible, ni la reestructuración de la deuda es posible sin muy notables perjuicios económicos, ni aumentar la presión fiscal hasta el 50% del PIB es viable sin sangrar a las rentas medias y a las rentas bajas, ni la recuperación económica asentada en el estimulo burbujista de la demanda es verosímil. La renta básica tampoco lo era y desde Podemos han terminado por admitirlo antes siquiera de concurrir a las siguientes elecciones: ¿responsabilidad o tacticismo? Ojalá fuera lo primero, pero apuesto por lo segundo: lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses según quieran darnos unicornio por corcel.
