Apela populistamente el Gobierno al "interés de España" para justificar la injustificable entrada de la SEPI en el capital de Deoleo. A la postre, se nos dice, estamos ante la principal comercializadora de aceite del mundo y el sector olivarero constituye uno de los puntales de la economía española. ¿Cómo oponerse, pues, a la adquisición estatal de un paquete accionarial en Deoleo so pretexto de mantener su "españolidad" y así defender nuestros intereses "nacionales" dentro de unos mercados cada vez más globalizados? Como suele suceder, semejante argumentario está plagado de trampas retóricas cuyo único propósito es manipular a la ciudadanía para que acepte anestesiada los tejemanejes intervencionistas del Estado.
Lo esencial es repetir una vez más lo que ya debería ser evidente para todos: los intereses del sector olivarero español no son los intereses de todos los españoles, simplemente son los intereses del sector olivarero español y, en todo caso, de aquellos que sientan algún tipo de vinculación económica o emocional con él. Podrán tratarse de intereses muy legítimos y respetables, pero no por ello se convierten en intereses del conjunto de ciudadanos. Muchos españoles no tienen por qué compartir interés alguno con Deoleo o con el sector olivarero patrio, al igual que no tienen por qué compartirlo con el ganadero, el financiero, el textil o el petrolero. En algunos casos, incluso, los intereses de algunos españoles pueden llegar a ser contrapuestos a los del sector olivarero (será el caso de, por ejemplo, los productores españoles de mantequilla o margarina, incluyendo el sector ganadero español).
Pero entonces, ¿por qué se nos insiste una y otra vez en que los intereses de la parte (el sector olivarero) coinciden con los intereses del conjunto (la totalidad de españoles)? Pues para que aceptemos sumisamente que el Gobierno nos meta la mano en el bolsillo a todos y transfiera nuestro dinero a aquellos a quienes califica de depositarios de los intereses del conjunto de los españoles: es decir, se trata de una simple treta propagandística concebida para extraer rentas del conjunto de la sociedad en beneficio privativo de una facción organizada. Y no, tampoco muerdan el anzuelo gubernamental de que el objetivo de esta operación es comenzar a articular una política agraria o industrial dirigida a potenciar el funcionamiento de nuestra economía; justamente, en Una revolución liberal para España explico que tanto la ciencia económica como la evidencia empírica apuntan a la misma dirección: la política industrial suele ser un ruinoso experimento político para transferir rentas desde grupos desorganizados a grupos organizados
Al cabo, si algunos españoles (muchos o pocos) sienten algún tipo de vinculación (económica o emocional) con el sector olivarero y juzgan esencial que Deoleo siga siendo una compañía española, ¿qué les impedía a todos ellos efectuar una colecta de fondos para adquirir mancomunadamente una participación significativa en Deoleo? ¿Por qué debe ser la SEPI la que, arrebatando el dinero a todos los españoles –tanto a aquellos que sí desean costear la españolidad de Deoleo, por encuadrarla dentro de sus intereses, como a aquellos que no desean costearla, por serles irrelevante la nacionalidad del accionista de control—, proceda a entrar en el capital de esta empresa? ¿Por qué el Gobierno socializa entre todos los costes de una operación dirigida a beneficiar únicamente a una parte? No hay ninguna razón para ello salvo, como decimos, la imposición coactiva de los intereses particulares de unos ciudadanos sobre los igualmente legítimos intereses particulares del resto de ciudadanos.
Por desgracia, todo apunta a que el PP seguirá haciendo un uso sectario de este sentimiento grupal con tal de acaparar poder y recursos. Sin ir más lejos, el cartel electoral del PP, Miguel Arias Cañete –a la sazón, ariete ideológico de la operación Deoleo–, ya se está comenzado a vender como el mejor defensor de nuestros intereses colectivos: en pocas horas, ya se nos ha prometido desde diversos frentes que Cañete defenderá en Europa los intereses de los castellano-manchegos, de los extremeños, de los cántabros y, por supuesto, de los españoles. Muchos y contrapuestos intereses me temo que deberá defender Cañete en Bruselas, cuando, como es sabido, se limitará a defender los suyos, los de su partido y los de los lobbies que los alimentan. Como con Deoleo, el PP recurre a la propaganda colectivista para comprar arteramente sumisión social. La alternativa es mucho más sencilla: permitir la libre y pacífica confluencia de los intereses personales y sociales sin que ningún grupo instrumente la coacción estatal para imponerse sobre el resto. Es decir, la alternativa liberal: ésa que tan denodadamente socava el PP.
