El pasado viernes, el PP anunció que presentaría una iniciativa parlamentaria donde se contemplaran ayudas de 1.000 euros para adquirir nuevos vehículos y, de esta manera, suavizar la crisis del sector automovilístico nacional.
Parece que está de moda, tanto en Estados Unidos como en España, rescatar a aquellos empresarios que han fracasado. La crisis se asimila a una especie de maldición divina que no es responsabilidad de nadie y donde todos, por tanto, merecen un aguinaldo estatal.
Convendría recordar, sin embargo, que la crisis se inicia porque hay empresas que han dejado de ser rentables ante el cambio de condiciones (léase, cuando los bancos centrales han perdido su capacidad para seguir expandiendo el crédito a costa de crear inflación). La crisis es un período de tiempo durante el cual esas malas inversiones deben liquidarse y reestructurarse. No sé, se me ocurre que, tal vez, los españoles no necesiten comprar 1.614.835 de vehículos nuevos cada año y que en estos momentos de penuria puedan prolongar, un poco más, la vida útil de sus turismos.
Si al dejar de chupar del bote del crédito fácil nos hemos dado cuenta súbitamente de que somos más pobres de lo que creíamos, quizá haya llegado el momento de reciclar el parque de automóviles actual y desmotorizar a los chavales de 18 años que estrenan vehículo y carné de conducir el mismo día de su cumpleaños.
No digo que esto sea una "política pública" a seguir por todos los españoles; de hecho, considero que el coche supone un gran avance para la el progreso. Y, desde luego, si una familia de tres miembros desea tener cinco automóviles, está en su pleno derecho. Trabajan y ahorran para lograr ese objetivo, tan legítimo como cualquier otro. Ahora bien, que los políticos no deban considerar ese gasto un despilfarro no equivale a decir que deban ascenderlo a la categoría de desembolso esencial para la supervivencia de nuestra economía. Sí, si la familia de tres miembros quiere y puede comprarse cinco automóviles, que lo haga, pero no con el dinero de los demás.
En caso de que la medida que proponen Rajoy y los suyos se aplicara, con las ventas de 2008 en la mano, supondría un coste de más de 1.000 millones de euros. No me cabe duda de que el PP puede pensar en mejores usos para ese dinero. Por ejemplo, en reducir, aunque sea de manera liviana, la salvaje tributación de las plusvalías en España; o, si es que quiere realmente favorecer la adquisición de vehículos, suprimir el impuesto de matriculación.
El problema, con todo, es la filosofía de fondo de esta y otras políticas que está presentando el principal partido de la oposición para superar la crisis. Detrás de su retórica, cada vez más escasa, de reducir el tamaño del Estado y de bajar impuestos no hay nada. Sólo un rol asumido para el cartel electoral que permita una ligera diferenciación de marca con respecto al PSOE; unos más socialistas, los otros un poquito menos.
La crisis económica es, sobre todo, una crisis política e ideológica. Una crisis del intervencionismo monetario que la causó y del intervencionismo fiscal que está siendo (y va a ser) incapaz de paliarla. En el PP todavía no se han enterado; siguen actuando bajo la inocente pero peligrosa idea de que si existe un problema económico sólo es necesario meter al Estado en el asunto. Puede que Zapatero esté fracasando en todas y cada una de sus medidas, pero el PP fracasa y además hace el ridículo ideológico. Se está mostrando como lo que siempre ha sido: un aparato burocrático sin más recursos para los problemas de los ciudadanos que el estatismo más primario. Liberalismo simpático, lo llaman.
