El caso es que ha sido demandado precisamente por emplear su capacidad en desarrollar nuevas redes P2P que, como es natural, han sido empleadas masivamente para la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor. Pablo Soto se ha defendido argumentando que Promusicae intentó primero "plantear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha decidido cargar contra una herramienta de comunicación neutral como es la tecnología P2P". Es decir, que el P2P es una tecnología extraordinariamente efectiva para el intercambio de archivos; esa es su función. Los ficheros que realmente se intercambien mediante P2P son responsabilidad de los usuarios, no de los creadores de la herramienta.
El incordiante Javier Cuchí, compañero en la Asociación de Internautas, se ha sumado a ese argumento, pero poniendo un mal ejemplo. Afirma que Seat no tendría la culpa si empleara su coche, fabricado por esa empresa, para cometer alguna locura, como empotrarlo contra la sede de Microsoft cargado de explosivos. La empresa no puede ser responsable de que hagamos un mal uso, incluso un uso criminal, de sus productos. Sin embargo, argumentarán las discográficas, lo cierto es que en general los coches no se emplean para hacer atentados terroristas y por eso no se le puede hacer responsable al fabricante. En cambio, intercambiar ficheros protegidos no es un uso marginal de las redes P2P, sino el habitual, de modo que en ese caso sí que se puede demandar a los creadores de estas aplicaciones por la millonada que se crea oportuna.
Es el mismo principio bajo el que se rigen quienes defienden la prohibición de la libertad de vender y poseer armas de fuego. Se supone que su principal función es disparar contra otra gente, de modo que debe evitarse que llegue a manos de ciudadanos honrados. En realidad, la función para la que fue creado es disparar: que se haga contra una diana, unas cuantas latas, un ladrón o la víctima de un intento de violación es resultado de las circunstancias y, sobre todo, de la voluntad del dueño. De hecho, la mayor parte de las veces se emplea de forma defensiva y sin ni siquiera llegar a disparar. Pero supongamos que, efectivamente, su principal uso, el habitual, fuera hacer daño a otras personas. ¿Debería eso darnos derecho a pedir responsabilidad a sus fabricantes? Pues no. Sigue siendo un artilugio que puede usarse para bien o para mal, dependiendo de para qué se utilice. Es el usuario el responsable de las consecuencias de sus actos.
Lo mismo sucede con el P2P. Sin embargo, un razonamiento tan sencillo con el que todo el mundo –y seguramente las discográficas también, pese a sus demandas– está de acuerdo, cuando se aplica a las armas de fuego, parece pasar a segundo plano. Sospecho que en realidad la única diferencia es el status quo; estamos acostumbrados a poder usar el eMule pero no a disparar un arma, de modo que nos parece natural que una cosa esté permitida y la otra no. Pero ese no es un argumento defendible. Ni unas ni otras deberían estar prohibidos. Deberíamos evitar que el Estado coarte nuestras libertades mientras no cuente con razones muy poderosas para ello, y aun así.
