Esta última ha reflexionado sobre el asunto desde el confort de su magnífico ático en la ciudad condal y ha terminado defendiendo públicamente la despenalización de la usurpación de viviendas como solución a las dificultades que encuentran los jóvenes para convertirse en propietarios o arrendadores.
Con políticos de semejante catadura moral no es de extrañar que Barcelona se haya convertido en la capital europea del crimen organizado contra la propiedad inmobiliaria. Y es que en Cataluña se juntan el hambre con las ganas de comer: por un lado, el aletargado sistema judicial español que se da casi la misma prisa en ordenar la devolución de la propiedad a sus verdaderos dueños que en indagar la composición de las bombas del 11-M. Por el otro, políticos como la tal Inma que o bien quieren subvertir el capitalismo, o son demagogos compulsivos. Claro, que si vivimos en un país en el que políticos de primera línea como la ministra de vivienda dicen que la ocupación "es otro estilo de vida", ¿qué podemos esperar de sus socios más radicales? Trujillo, además, ha impulsado una ley que cambia el sistema de valoraciones para que el Estado pueda expropiar a los legítimos dueños del suelo a precios de risa. Coherentes en su desprecio por la propiedad privada, la ministra ha consolidado la figura del agente urbanizador por la que gigantescas empresas adquieren licencia para quedarse con tu trocito de tierra.
En el país vecino les ha dado por ser más sutiles. La fiebre preelectoral ha llevado a Villepin a presentar como solución al monumental fracaso del modelo urbanístico intervencionista una ley que permite exigir ante los tribunales el derecho a una vivienda. Es la típica dinámica del intervencionismo según la cual se tratan de solucionar los problemas creados por anteriores intervenciones sobre el mercado libre con nuevas medidas intervencionistas que darán lugar a ulteriores problemas. A partir de ahora los franceses que no tengan vivienda, en vez de alquilar o vivir más tiempo en casa de familiares –como ocurre en el mundo civilizado–, u ocupar la vivienda de otro –como ocurre en Barcelona–, puede meter la mano en la cartera del resto de la ciudadanía para tener una "casa digna". El problema es que la manera de conseguirla no lo es tanto.
Lo indignante es que son estos mismos políticos superimaginativos los que han hecho de la vivienda un bien de lujo. Han expandido el crédito de manera artificial provocando una gigantesca burbuja inmobiliaria, restringen extremadamente la oferta de suelo urbanizable elevando artificialmente su precio para jugar a las casitas con la propiedad ajena y pedir a los particulares gigantescas sumas por dejarles construir en su terreno, se niegan a dar plenas garantías jurídicas a los propietarios desincentivando la oferta de viviendas en alquilar y, por último, se dedican a cargar al suelo con impuestos de enorme creatividad para mantener un mercado de viviendas para una casta de privilegiados de clase media pagados por el resto de los españoles a través de los elevados precios de las viviendas libres.
Si las soluciones ocupacionales de esta nefasta generación de políticos continúa yendo en contra de la propiedad privada, el mercado terminará ofreciendo soluciones para defender a la gente honrada de sus políticos. Cuando llegue ese día, las legitimidad de las organizaciones privadas se enfrentará a la repugnante legalidad de nuestros políticos. La crisis institucional será enorme si antes no aparece alguien que reubique las leyes, normas y declaraciones que afectan a la vivienda del lado de la propiedad privada.
