Tanto el Gobierno británico como, más recientemente, el canadiense han orquestado una campaña de concienciación social para que el masivo rechazo de la ciudadanía a la impopularísima National Identification Card vaya reduciéndose. El asunto, para desgracia de los anglosajones, vuelve a estar sobre la mesa. Es el momento adecuado para denunciarlo.
Recordemos que la implantación de semejante medida da lugar a dos obligaciones inmediatas; la primera: todo individuo deberá comunicar al poder político una parte sustancial de su información personal; la segunda: todo ciudadano deberá llevar el DNI permanentemente consigo.
En España estas dos obligaciones están plasmadas en el artículo 2 del reciente Real Decreto 1553/2005, donde se nos dice que los mayores de 14 años tienen la obligación de obtener el DNI y de exhibirlo cuando la autoridad así lo requiera.
Tanto el Gobierno británico como el canadiense justifican esta restricción a las libertades individuales escudándose en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. También en España han sido éstos los pretextos de peso para justificar la continuidad del DNI. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1992, cuya temática es "la protección de la seguridad ciudadana", incluye (en sus artículos 9 y 11) la necesidad de obtener y mostrar el DNI.
Nuestros políticos deberían estar menos obsesionados con sacrificar nuestra libertad en el dudoso altar de la seguridad estatal. Las crisis no deben servir como punto de apoyo para que las burocracias y los controles administrativos se expandan. La respuesta a cada problema, a cada adversidad, no puede consistir en un recorte de libertades auspiciado por la glotonería estatal. La libertad no es el obstáculo en la lucha contra el terrorismo, sino el valor que preservar.
Pero es que, además, tales atropellos acreditan una inutilidad que sólo suele ser la antesala de coacciones más intensas. La dependencia del poder político no nos ofrece mayor seguridad y protección, sino una menor autonomía y fortaleza. Como dice el congresista republicano Ron Paul: "Subyugar el ciudadano a la vigilancia política nos hará de hecho menos seguros, porque desviará recursos que podrían dedicarse a luchar contra los terroristas y los despilfarrará en perjuicio de americanos inocentes".
Eliminar la libertad de armas entre los individuos no afianza la paz, sino que desprotege a la ciudadanía frente a los delincuentes, que siempre podrán adquirir armas de contrabando. Del mismo modo, implantar un DNI no va a conseguir que los terroristas y los inmigrantes ilegales registren puntualmente sus datos, sólo va a servir para que el ciudadano respetuoso con las leyes sufra el peso de las sanciones ante cualquier olvido.
Repitámoslo una vez más: los terroristas no se someten al ordenamiento jurídico, ni cuando se les prohíbe matar ni cuando se les ordena un registro de sus datos. Si pretenden delinquir, es obvio que pondrán todos los medios a su alcance para que no sea posible identificarlos.
No deja de ser paradójico que el Gobierno inglés defienda el DNI como instrumento antiterrorista, cuando nuestro país ha tenido la desgracia de padecer el mayor atentado de la historia de Europa. ¿De qué sirvió entonces el DNI en España? ¿Acaso ha permitido combatir el terrorismo de algún modo? ¿En qué sentido le resultaba más fácil al IRA atentar sin DNI que a ETA con DNI?
Lo cierto es que el sadismo y el ingenio maligno de los terroristas no se verán refrenados por el lento papeleo de la burocracia pública; no es infrecuente encontrar, por ejemplo, a delincuentes con media docena de DNI falsificados, a los que, en cambio, nunca accederá una persona honrada. La mentira y el camuflaje son tácticas que los criminales necesariamente deberán poner en práctica, haya o no DNI. ¿Alguien confía en que podrán ocultar las bombas y las pistolas pero no sus rostros o su documentación?
Los problemas del DNI, con todo, no consisten solamente en su ineficacia antiterrorista manifiesta; la acumulación de datos personales en manos del poder político sienta las bases para dislates de mayor envergadura. No deberíamos limitarnos a valorar las reformas políticas únicamente por sus efectos esperados a corto plazo, también por las cajas de Pandora que podría llegar a abrir.
El problema de prohibir la tenencia de armas, por ejemplo, no es sólo la pequeña criminalidad que estimula, sino que permite degeneraciones estatales abocadas a grandes genocidios. La Segunda Enmienda de la Constitución americana, de hecho, tiene como principal objetivo permitir que la ciudadanía se defienda de gobiernos tiránicos.
Del mismo modo, la implantación del DNI proporciona a los Estados información personal que, de otro modo, sólo podrían haber conseguido a través del espionaje. Los gobiernos pasan a disponer de una base de datos centralizada que pueden emplear para cualquier propósito.
Conocido es el caso del judío Meyer Rubinstein, a quien en 1950 lo detuvo la policía por no haberse registrado nunca para obtener su DNI. No es de extrañar que Rubinstein recelara de los usos que el Estado inglés pudiera darle a tal información; la Shoá había ocurrido apenas diez años antes.
¿Qué frena a cualquier Estado para que, una vez recolectados los primeros datos, reclame más información? Es más, ¿qué impedirá que los gobiernos, dentro de poco tiempo, pasen a exigirnos también muestras de nuestro ADN? No sería la primera vez que se oyen propuestas de bases de datos policiales con la información genética de toda la población. ¿Alguien sigue pensando, después de la utilización espuria de los historiales clínicos, que los políticos son respetuosos con la información que coactivamente les proporcionamos?
Pero, por si fuera poco, las aplicaciones totalitarias del DNI van mucho más allá. Actualmente ya se emplea para restringir la venta de tabaco o de alcohol, y no es improbable que sus usos discriminadores vayan en aumento. Cuando no existe obligación de acreditar nuestra edad, nuestra residencia o nuestra ascendencia, difícilmente puede regularse el comercio y la producción en función de cualquiera de estos parámetros.
Sin embargo, una vez el individuo tiene que plasmar semejante información privada en un documento público, éste puede convertirse en requisito de cualquier acción jurídica. ¿Se imaginan una restricción de la circulación de automóviles en función de la fecha de nacimiento? (Una medida muy parecida se ha instaurado en diversos países europeos a partir del número de la matrícula) ¿O una prohibición de adquirir ciertas mercancías o de acceder a determinados lugares en función de la procedencia "no nacionalista" de los apellidos?
El DNI obliga a que cada persona renuncie a su privacidad a cambio de una dudosa seguridad. Los individuos deben ser libres para ocultar todos aquellos datos sobre su pasado o su presente que consideren peligrosos o desagradables. Nadie debe quedar marcado como si de una res de ganado se tratara; la violencia no puede iniciarse contra aquél que no quiera revelar cierta información.
Si la lucha contra la delincuencia y el terrorismo justifican la conculcación de nuestra libertad, entonces la presunción de inocencia queda enterrada, y con ella el Estado de Derecho. En España, en Canadá y en el Reino Unido.
