La Comisión Nacional de la Energía así como el Tribunal de Defensa de la Competencia no son más que órganos burocráticos que harán lo que sus jefes y amigos políticos les digan. Este “capitalismo de amigotes” es demasiado parecido al “estado corporativista” que concebía la economía del fascismo donde órganos relativos al estado lo dirigían todo: precios, producción, relaciones…
La economía del fascismo actuaba contra las posibles decisiones opuestas a la “unidad e interés nacional”, que evidentemente, eran las que el estado designaba. Como la expresión suena muy fuerte hoy día, y parece políticamente correcto estar a favor de la “libre competencia”, los mismos órganos han cambiado el nombre pero han manteniendo iguales fines: el poder hegemónico del Estado sobre el mercado y la gente, porque gente y mercado son lo mismo. Es francamente absurdo que unas organizaciones nacidas para el beneficio político sepan qué es mejor para nosotros cuando, en realidad, la sociedad civil siempre tiene intereses totalmente opuestos al de los políticos. Si algo no necesita la competencia es un “tribunal” inquisidor ni ninguna “comisión nacional”. Y si algo no necesita la gente es a políticos ansiosos de poder que nos digan qué es bueno para nosotros cuando las consecuencias de sus errores las pagamos nosotros, no ellos.
Recordemos que los precios de la electricidad están dirigidos por el gobierno. En todo caso, la tarea de los órganos que velan por la competencia tendría que ser la desregulación inmediata de los precios, la eliminación de cualquier estorbo burocrático, impedir la intervención del gobierno (y eso significa también eliminar todos los impuestos al sector y al consumidor de energía) y después disolverse inmediatamente. Es el intervencionismo el que reprime las opciones del cliente y que los precios no se adecuen a la disponibilidad real de la demanda. Al tener una economía intervenida sólo hay escasez permanente y pérdidas totales netas para toda la comunidad; los apagones de luz y restricciones de agua son un buen ejemplo, los dos se deben a la regulación del estado. El otro día un pequeño empresario de electricidad catalán se quejaba que el creciente intervencionismo sólo estaba dejando lugar para los monopolios de las grandes empresas, y que de seguir así, su cierre sería inmediato. ¿Usted cree que eso va a pesar en la conciencia de algún político? ¿Cómo va a innovar el mercado con monopolios de ley y un mercado organizado por burócratas? ¿Por qué un político ha de imponernos subidas de precios? Que dejen existir a cientos, miles de empresas de energía ya sean extranjeras, nacionales, provinciales, locales… y éstas ya se adaptarán a su cliente con diferentes precios, paquetes, servicios y gustos. Ninguna ley les dirá cuánto producir, cómo, ni a qué precio; lo elegirá el cliente con la opción de cambiarse de compañía siempre que quiera.
¿Y de la OPA de Gas Natural sobre Endesa? qué decir. Que la realice. Ese no es el gran problema de fondo, sino el intervencionismo que asfixia al mercado y necesidades de la gente donde, como no, el peor mal siempre será el estado que es capaz de usar cualquier consigna, ¡el “bien común”!, para sacar el máximo provecho y llenar incesantemente su bolsillo a costa de favores, libertad de las empresas y del dinero y opciones del consumidor y pagador de impuestos.
