Desde que lo planteara Adam Smith en el mismo título de su obra más influyente, la riqueza de las naciones ha sido constante preocupación de economistas y reformistas de toda laya. Ese interés se reavivó con el final de la II Guerra Mundial, quizá por el surgimiento de una verdadera conciencia social. Quizá porque, pásmense, al capitalismo se le acusaba de crear miseria en los países en los que no se había implantado. Este interés por el desarrollo y por la pobreza solo se ha incrementado con los años, como legítimo interés por la suerte de millones de personas, o como una excusa más para acusar al capitalismo de todos los males del mundo, aunque fuera en las áreas donde éste no estaba presente. En casos como el de Etiopía se llegaba a acusar al capitalismo de las hambrunas causadas por el socialismo. Esa búsqueda de las claves del desarrollo, hecha desde las más prestigiosas universidades de Occidente, llegó a invertir los términos del programa de investigación de Adam Smith y en lugar de la riqueza se buscaba las causas de la pobreza. El planteamiento no podía ser más erróneo, porque la pobreza es la misma condición del hombre. Venimos al mundo absolutamente desamparados y sobrevivimos con la riqueza que puedan generar nuestros antecedentes, o la que hayan acumulado.
Se ha probado de todo para aliviar la pobreza de las sociedades más desposeídas; desde el proteccionismo a la planificación central o a la esterilización masiva y forzosa. Un nuevo ejemplo este último de cómo la izquierda puede llegar a ser de lo más reaccionario y racista cuando se pone. Muy alejada de estas propuestas socialistas, en la segunda mitad de los ‘70 comenzó a hablarse de otra, el microcrédito, que podría resultar por fin en un buen instrumento para el desarrollo económico y social. La idea es muy sencilla. Concedamos créditos a los más desposeídos, pero que tengan el interés por salir adelante creando una pequeña empresa, para la mejora de la casa, o para otros fines, como la educación. Parece de lo más razonable pues, en principio fomenta el esfuerzo, la responsabilidad individual, el progreso personal y de la sociedad. Uno no puede evitar acordarse del proverbio sobre dar pescado o enseñar a pescar.
Pero por muy valioso que sea este avance en el sistema financiero, el microcrédito puede quedarse en la pretensión de construir una casa sin cimientos. Lo esencial no consiste en hacer llegar una pequeña cantidad de dinero a una familia de Calcuta, sino en convertir ese dinero en capital. Y para ello es necesaria la definición y protección del derecho de propiedad. Como ha explicado brillantemente José Ignacio del Castillo “sin propiedad privada, sin mercados y precios, sin división del trabajo y sin empresas, sencillamente no hay capital. Quizás habrá otras cosas: máquinas, edificios, tecnología, obreros. Pero no el alma que hace que todo eso funcione”. De nada valen 300 euros para una miroempresa si su creación cuesta cinco veces esa cantidad; si las regulaciones e intervenciones no le permiten funcionar adecuadamente. Un reciente estudio realizado en Filipinas muestra precisamente que, en palabras de su autor, si bien el microcrédito ha servido adecuadamente como ayuda para las necesidades básicas, no ha resultado en un instrumento útil para el desarrollo en ese país, ya que “la microfinanciación (…) no atiende las verdaderas causas de la pobreza”, que están en el mantenimiento de una economía regulada, asfixiada por las intervenciones, y que no reconoce adecuadamente, ni protege, los derechos de propiedad. Esto es, los derechos del individuo.
El propio Banco Mundial, que tan dado ha sido a fomentar ayudas públicas y aventuras estatales de toda condición, reconocía recientemente en un importante estudio que las regulaciones son un auténtico impedimento para la creación de riqueza de los que menos tienen. En la explicación por The Economist del informe, “en Haití, por ejemplo, registrar una compañía lleva 203 días, que son 201 más que en Australia. En Sierra Leona cuesta un 1.268% del ingreso medio per cápita, comparado con nada, en Dinamarca” y “en conjunto, las empresas en los países pobres cargan tres veces los costes administrativos y tienen que luchar en el doble de procedimientos administrativos”.
No quiere decir ello que los microcréditos no sean una institución válida, pero sólo lo será cuando se concedan sobre la seguridad de poder emplearlos con libertad.
