La falta de un ahorro a lo largo de la vida del usuario o de la creación de sistemas de cobertura provoca una carencia de recursos cuando el desembolso es necesario.
El globo sonda de la Ministra de Sanidad acerca del copago de los medicamentos para los pensionistas y que se ha afanado en retirar, ha creado una polémica que, como siempre, se ha nutrido más de eslóganes políticos que de enfrentarse a la realidad de un sistema sanitario público que necesita de continuos repagos, es decir, de más impuestos, para tratar de ser mínimamente viable.
Un sistema abocado a reprimir la demanda
Por mucho que la Ministra haya tratado de retirar la propuesta a las pocas horas, lo cierto es que ésta evidencia varios problemas del sistema. En primer lugar, tanto el sistema sanitario como el de pensiones presentan la característica común: ser un sistema de reparto. La mayoría del gasto sanitario y, por su naturaleza, de pensiones, va materializándose conforme los usuarios envejecen, y son los jóvenes (trabajadores, sanos) los que cubren el gasto de los mayores (pensionistas, enfermos) -a excepción de las enfermedades crónicas-.
Por tanto, no es raro que ambas áreas fundamentales adolezcan de problemas similares: una crónica precarización de los servicios. En el caso de las pensiones, su rebaja sustancial cada ciertos años, y en el caso que nos ocupa, el racionamiento de los servicios sanitarios, entre ellos, los medicamentos.
Cuando se hace creer a la población, y se desarrolla un sistema que así lo promueve, que los servicios sanitarios son gratuitos por unas ideas bienintencionadas (sanidad gratuita y universal por la gracia del Estado que todos nos hemos dado democráticamente), la consecuencia es que su demanda se incrementa hasta el infinito. Se produce un desacople entre la oferta de servicios sanitarios y la demanda, disparándose sin sentido el gasto público sanitario.
Los parches que deben introducirse son el racionamiento forzoso para limitar la demanda: o bien dejan de cubrirse servicios, se crean o alargan listas de espera para poder satisfacer la demanda (con la, en ocasiones, mortalidad asociada), se prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a receta médica (para que los ciudadanos no conozcan las alternativas de medicamentos a su disposición), y, también, el copago.
Al final, sin embargo, cuando se crea un sistema ineficiente, todos los problemas se reducen únicamente a la falta de dinero, cuando en realidad, más que falta de dinero lo que existe es escasez, y por ello el mejor sistema es el que introduce incentivos para lidiar con esta y crear una buena organización. Lo mismo ocurre con la educación, donde su calidad no depende del gasto, sino del modelo. Buena prueba de ello, por cierto, es el último y atroz ejemplo de la gloriosa socialdemocracia nórdica europea, a la que todos nuestros partidos quieren emular, como es el ofrecido en Dinamarca, donde se ha prohibido el poder cursar una segunda carrera universitaria (en definitiva, por la propia incapacidad del sistema público).
El repago, las tasas y el verdadero problema
Por tanto, la propuesta de la Ministra, más que una ocurrencia debida a su afiliación política, es una medida impuesta por el propio sistema de la Seguridad Social. Y no es más que tratar de introducir otro método de financiación (es decir, subir los impuestos: no es un copago sino un repago) un poco más racional, que salve el sistema actual ineficiente.
El copago, como cualquier tasa, es preferible a un impuesto generalista por cuanto vincula el pago efectuado al servicio recibido, la cantidad de dinero abonada al coste del producto. Esa vinculación ofrece muchísima más información para que tanto oferta como demanda se acoplen de mejor modo y no se produzcan tantas ineficiencias y cuellos de botella que requieras esas agresivas medidas de racionamiento mencionadas, que en el caso de la sanidad tan fatales consecuencias producen. En realidad, el verdadero copago no es lo que más se asemeja a un precio, sino los impuestos que paralelamente no se proponen bajar.
Se aduce en contra de las tasas, que su aplicación gravaría a las personas enfermas, especialmente a los pensionistas que no tienen una buena pensión, crearía desigualdad, perjudicando a los más pobres, sería insolidario y no redistributivas. Es decir, lo mismo que cabría atribuírsele a un sistema sanitario privado en donde, en lugar de tasas, hablaríamos de precios. No en vano, las tasas son un tipo de tributo que suele equipararse con un precio por la vinculación entre oferta y demanda, mayor capacidad de decisión en cuanto a pagar ese tributo (pues depende del consumo del servicio público), etc. Sin embargo, más que argumentos contra las tasas o un sistema privado, son, paradójicamente, críticas a la totalidad del sistema público.
En cuanto a la redistribución, las tasas pueden ser igual de redistributivas que cualquier impuesto (de hecho, así lo planteaba la Ministra), y además, es un error creer que los únicos esquemas de precios redistributivos son los establecidos por el Sector Público. En el propio sector privado, especialmente en los sistemas sanitarios más innovadores (véase el indio), también se ofrecen precios redistributivos. La redistribución, ya sea por cualquiera de los dos lados, cobrar más a quienes tienen más renta y/o cobrar menos a los de menor renta, puede hacerse contractualmente (sistema de becas, asistencia social privada, donaciones, política de diferenciación de la empresa y creación de marca, discriminación de precios en función del modo de producción, etc.).
Respecto al resto de argumentos, un sistema que raciona agresivamente los servicios a los enfermos, como la falta de cobertura, listas de espera y repagos, es decir, el estatal, es quien más grava a los enfermos. Tan es así que el incremento del gasto privado sanitario experimentado en la mayoría de países, un auténtico copago, muestra la insatisfacción de la población por una sanidad pública que no atiende sus necesidades específicas.
Por otra parte, el pago por un servicio sanitario no tiene por qué hacerse cuando el usuario está enfermo sino a través de, por ejemplo, dos sistemas: el ahorro y la cobertura del riesgo de enfermar por parte de una asociación de usuarios (seguros). Al igual que el sistema de reparto de pensiones públicas, la falta de un ahorro a lo largo de la vida del usuario o de la creación de sistemas de cobertura provoca una carencia de recursos cuando el desembolso es necesario, es decir, una mala planificación sistémica.
Conclusión
Decidir democráticamente que todo el mundo ha de tener acceso a la sanidad no significa que el sistema que diseñemos políticamente lo consiga o sea el único que lo logre, y que otros sistemas descentralizados y de provisión privada y libre no lo logren. Que el destino de un sistema estatal de asistencia sanitaria sea el de reprimir mediante repago el servicio que se vanagloria en prestar, es una paradoja que, desgraciadamente, no nos cansaremos de ver.
