Un país con una deuda pública del 100% del PIB no puede jugársela a los dados del destino.
Vox todavía no ha desvelado todos los detalles de su programa económico, pero sí ha filtrado algunas de sus principales propuestas: acabar con el impuesto de Patrimonio, eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, rebajar el impuesto sobre sociedades del 25% al 22%, implantar un IRPF únicamente con tres tramos (exento hasta 12.000 euros; del 22% entre 22.000 y 60.000 euros; del 30% a partir de 60.000 euros) y transitar en 40 años hacia un sistema de pensiones basado en la capitalización del ahorro (los menores de 25 años dejarían ya de cotizar a la Seguridad Social; las personas entre 25 y 45 años decidirían voluntariamente si cotizar; los mayores de 45 años seguirían cotizando obligatoriamente).
Todo liberal estará evidentemente encantado con tales propuestas, en tanto en cuanto suponen una mayor libertad fiscal para disponer de nuestros ingresos y de nuestro patrimonio. Sin embargo, para que estas propuestas sean realmente viables —y no una mera Carta a los Reyes Magos— han de ser financiables y, para serlo, la menor recaudación que de ellas se derive ha de ser compensada con un recorte de gastos (especialmente, en un contexto financiero de alto endeudamiento como el español). En este sentido, Vox ya ha cuantificado la magnitud de la liposucción que quiere aplicar a las administraciones públicas: 24.000 millones de euros.
A fecha de hoy, todavía no conocemos en qué partidas específicas pretende meter la tijera (cerrar las televisiones públicas, eliminar las subvenciones a partidos políticos y sindicatos o congelar la tasa de reposición del empleo público no nos acerca ni lejanamente a esas cifras), de modo que es complicado evaluar si el ahorro de 24.000 millones de euros anuales es realista o no lo es. En todo caso, no voy a centrar mi reflexión en este guarismo: aceptemos que Vox es capaz de minorar los desembolsos del Estado en 24.000 millones de euros. ¿Bastaría esta cifra para compensar la pérdida de recaudación de su ambiciosa reforma fiscal? Voy a comenzar estimando la pérdida de recaudación de manera estática (sin considerar los efectos estimulantes de la misma), para luego analizar cuánto debería expandirse la economía para compensar la merma recaudatoria.
Primero, eliminar el impuesto de patrimonio supondría dejar de recaudar 1.250 millones de euros. Segundo, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones tendría un coste de 2.700 millones de euros. Tercero, rebajar el tipo nominal del impuesto sobre sociedades del 25% al 22% implicaría una pérdida de 2.750 millones de euros (la recaudación actual es de 23.000 millones).
Cuarto, la reforma del IRPF de Vox reduciría los ingresos públicos en 22.000 millones de euros. ¿Cómo llegamos a esa cifra? La recaudación de los contribuyentes que ingresan menos de 12.000 euros anuales sería cero; la recaudación de los contribuyentes que ingresan más de 12.000 euros y menos de 60.000 euros anuales sería de 32.000 millones de euros (145.000 millones en bases imponibles gravadas al 22%) y la recaudación de los contribuyentes que ingresan más de 60.000 euros sería de 16.000 millones (28.000 millones de euros en bases imponibles gravadas al 22% y 33.000 millones de euros en bases imponibles gravadas al 30%). En total, la parte general del IRPF pasaría a recaudar 48.000 millones de euros, frente a los 70.000 millones actuales (pérdida de 22.000 millones).
Y quinto, los ingresos por cotizaciones sociales se reducirían en al menos 31.000 millones de euros. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Actualmente, las cotizaciones sociales ascienden a 115.000 millones de euros. Esas cotizaciones sociales se extraen del total de ingresos laborales del conjunto de los trabajadores españoles: los menores de 25 años representan el 2,75% de todos esos ingresos laborales; los españoles entre 25 y 44 años representan el 48%, y los españoles mayores de 45 años representan el 49,25%. Para implantar su sistema de capitalización, Vox propone que los menores de 25 años dejen de cotizar (de modo que se perderían casi 3.200 millones de euros anuales de cotizaciones) y que las personas entre 25 y 44 años tengan la potestad de decidir que dejan de cotizar: si la mitad de ellas (probablemente serían más) dejara de cotizar, se perderían 27.700 millones de euros en ingresos. En total, pues, unos 31.000 millones de euros. Este agujero, por cierto, sería creciente con el paso del tiempo, dado que, dentro de dos décadas, habría que seguir pagando las pensiones de quienes hoy tienen 47 años (pues accederían en ese momento a la jubilación) así como de todos los restantes pensionistas supervivientes y, sin embargo, prácticamente ya no habría cotizantes (pues quienes tienen hoy menos de 45 años ya habrían dejado de cotizar). Pero voy a obviar este muy importante problema financiero para el medio-largo plazo y me voy a centrar en el desequilibrio de la presente legislatura.
Si sumamos toda la pérdida estática de recaudación por la reforma tributaria que plantea Vox, llegamos a que la merma de recaudación ascendería a unos 60.000 millones de euros por año. Súmenle a esta cifra el déficit público previsto para 2019, de alrededor de 25.000 millones de euros, y tenemos que el agujero presupuestario que necesita financiar Vox es de 85.000 millones. ¿Basta un recorte de 24.000 millones de euros para cubrirlo? Evidentemente no: el recorte de 24.000 millones de euros apenas bastaría para acabar con nuestro déficit público, de modo que toda la subsiguiente reforma tributaria estaría todavía pendiente de financiar.
Como hemos dicho al principio, nuestra estimación de caída de los ingresos fiscales es estática, es decir, no toma en consideración que la economía se dinamizaría, aumentarían las bases imponibles y, en suma, también se incrementaría la recaudación. Ahora bien, ¿cuánto tendrían que aumentar las bases imponibles para que esta reforma fiscal se autofinanciara?
Si en 2019 nuestra economía recaudara 60.000 millones de euros menos que ahora, los ingresos del Estado representarían el 35% del PIB. Justo esa es la cifra a la que Vox ha dicho que quiere reducir el peso del sector público. ¿Y cuál debería ser nuestro PIB para recaudar lo mismo que ahora pero con una presión fiscal del 35%? Debería ser un 13,2% superior al actual. Es decir, para que nuestras cuentas públicas estuvieran cuadradas al final de la legislatura, sería necesario que España creciera durante cuatro años al 3,15% y que el gasto público se quedara totalmente congelado en términos reales (más bien, congelado en términos reales menos los 24.000 millones de euros que propone recortar Vox).
¿Podría la economía española llegar a crecer un 3,15% anual (en lugar de alrededor del 2% que se prevé para los próximos cuatro años) merced al impulso derivado de la reforma fiscal de Vox? No me parece un escenario especialmente inverosímil. ¿Podrá Vox congelar en términos reales el gasto público en España? No: el gasto real en pensiones crecerá en torno a un 3% anual (incluso congelándolas en términos nominales), de modo que dentro de cuatro años será 20.000 millones de euros superior al actual. O dicho de otro modo, la única forma en la que Vox podría cuadrar las cuentas es congelando las pensiones públicas en términos nominales para así recortarlas en términos reales.
En resumen, para que el programa económico de Vox fuera sostenible durante los próximos cuatro años, tienen que darse varias felices coincidencias a la vez: primero, que realmente el partido haya detectado 24.000 millones de euros en gastos recortables; segundo, que solo el 50% de los trabajadores entre 25 y 45 años se acojan al sistema de capitalización; tercero, que nuestra economía crezca por encima del 3% durante toda la legislatura; cuarto, que recorten las pensiones públicas en términos reales. No es un programa de imposible cumplimiento, pero sí de muy arriesgado incumplimiento: si, por ejemplo, Vox solo hubiese detectado 15.000 millones de euros en gastos a recortar; si nuestra economía solo creciera un 2,5%; si el 75% de los trabajadores entre 25 y 45 años se acogiera al sistema de capitalización, y si los de Abascal no se atrevieran a recortar las pensiones en términos reales, el agujero a final de legislatura superaría los 55.000 millones de euros. Y ello, repito, sin considerar el agujero que se instituiría a medio plazo en la Seguridad Social merced a una transición coja hacia un sistema de capitalización.
En suma, seguimos necesitando de una memoria económica con estimaciones muy detalladas sobre la evolución de ingresos y gastos, así como con intervalos de confianza en esas estimaciones: un país con una deuda pública del 100% del PIB no puede jugársela a los dados del destino. Por muy atractiva que nos resulte la rebaja fiscal planteada.
