Esta semana ha saltado a la palestra algunos casos que hierven la sangre, salvo para los que viven de ellos. En primer lugar, nos hemos enterado de que el exministro José Luis Ábalos, número 2 del PSOE en su momento y sujeto elegido por Pedro Sánchez para defender la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, eligió la amistad de Jésica a través de un catálogo para meretrices. Posteriormente, el ministro colocó a la señorita en dos empresas públicas dependientes de la Administración en la que gobernaba, en una nueva defensa a ultranza de lo público. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta joven llegó a percibir entre 6.000€ y 12.000€ mensuales, amén del pago de un alquiler en Plaza de España por la nada desdeñable cifra de 2.700€ mensuales. Luego dicen que hay crisis de vivienda o que los salarios no suben para los jóvenes. No cabe mayor delicia que recordar que, en esos momentos, 2021 y 2022, José Luis Ábalos e Irene Montero se sentaban juntos en el Consejo de Ministros.
Pero los pontificadores de los derechos feministas no se quedan aquí. Esto viene de lejos. El caso de Ramiro Santalices, asesor de Yolanda Díaz en el Parlamento gallego por la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Ya saben: uno de los rasgos distintivos de los comunistas desde la caída del Muro de Berlín es que tienen que esconder en sus siglas que son comunistas, aparte de cambiarse de formación cada dos por tres. La situación es que los propios militantes de Izquierda Hundida habían denunciado de forma interna las “actividades” (ya me entienden) de este asesor. La situación se resolvió con la suspensión de militancia de los denunciantes. Sí, sí, de los denunciantes. El debate saltó a la opinión pública, salvo para los que vean el programa de Silvia Intxaurrondo o similares, cuando este señor (por llamarlo de alguna forma) fue detenido, condenado a año y medio de prisión y a la prohibición de trabajar con menores por un periodo de cuatro años. Santalices accedió a estos indeseables contenidos desde los ordenadores del parlamento gallego.
Vamos: que Yolanda Díaz sabe muy bien, como poco, vigilar a los suyos. Viendo el percal, el caso Errejón se antoja poco menos que una anécdota. Lo mejor fue cuando le dijo al juez que tuvo que dejar sus cargos, tanto en el partido como en el Congreso, porque en su formación se presume que las mujeres dicen siempre la verdad, por lo que, en caso de querer defenderse de las acusaciones vertidas contra él, tendría que hacerlo desde fuera. ¡Eso es voto de obediencia y no lo del clero! Errejón tuvo la desgracia de militar en Más País, porque de haber estado en Alternativa Galega de Esquerda, la situación podría haber sido diferente.
Pero la traca final ha llegado esta semana: a Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores de Podemos, le ha salido un procedimiento interno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por, supuestamente y siempre respetando la presunción de inocencia que tanto odian, acosar a alumnas. Billetero ya tuvo sus líos con Hacienda allá por 2015, una situación que le valió que su nombre sonara como candidato al Premio Juan de Mariana del año correspondiente. Billetero había facturado lo que cobró del gobierno asesino de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia (vaya clientes) a través de una sociedad (Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, S.L.). El combo completo: cobrar en el extranjero, intentar declararlo a través de una sociedad instrumental, no dar parte a la UCM (que tenía derecho a cobrar la mitad) y no incluirlo en su IRPF. El día después, pero el día después literalmente, de gritar en Sol “Montoro, no te tengo miedo”, Billetero pagó 200.000€ (regularizó en términos orwellianos) a Hacienda para evitarse un posible pleito.
La cosa no acaba aquí: el remate es que, al procedimiento de la UCM, le ha salido otro por la misma conducta, supuestamente, en el partido. En septiembre de 2023 (¡septiembre de 2023!) el partido lo ha apartado. Ione Belarra, la que se ha quedado gobernando la ruina, ha dicho que no hicieron públicas estas supuestas conductas para, cito textualmente, “proteger a las víctimas”. Vamos: que ha que montar un ministerio, con sus funcionarios, secretarios de Estado y todo lo que nos cuesta, pero cuando tenemos un supuesto caso de esos malísimos en las narices, entonces hay que lavar los trapos sucios en casa. Lo que se aprende del feminismo.